Bajo el argumento de recuperar la institucionalidad, el candidato de la alianza CREO - Suma, Guillermo Lasso, anuncia una reforma a la estructura del Estado.

Su objetivo es fortalecer la función Judicial, cesar en funciones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como al Fiscal, al Contralor, al Procurador y a los superintendentes de Telecomunicaciones, Bancos, Compañías, Comunicación, Economía Popular y Solidaria, y Control del Poder del Mercado.

Según su plan de Gobierno, página 16, el mecanismo que utilizará “es el llamado a la consulta popular que permita a los ecuatorianos pronunciarse sobre las recientes reformas a la Constitución que introdujeron la reelección indefinida de las autoridades de elección popular y el debilitamiento de la labor de la Contraloría”.  

Añade que “también esta será la ocasión propicia para consultar a los ecuatorianos sobre la despolitización inmediata de nuestros organismos de control, que a través del Quinto Poder han logrado captar instituciones tan importantes como la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, las superintendencias, entre otras”.

Sin embargo, en el documento no precisa mayores detalles de cómo cumpliría su oferta política y, sobre todo, cómo evitar la acefalía institucional en caso de cesar en el cargo a las autoridades mencionadas. En varias ocasiones ha hablado de un régimen provisional o de transición.

Guillermo “Pichi” Castro, asume la presidencia de la Corte Nacional de Justicia luego de que el Congreso Nacional cesó a los magistrados en diciembre de 2004. Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO

El 23 de agosto de 1985, en el pleno del Congreso Nacional, el diputado liberal Carlos Luis Plaza, golpea al legislador Lenín Rosero, del MPD. Foto: Rodrigo Zapata / libro La Mirada y la Memoria

El 20 de abril de 2005, Cynthia Viteri, como titular del Congreso, posesionó a Alfredo Palacio como Presidente de la República en Ciespal. Foto: Archivo / EL TELÉGRAFO

Asamblea escogerá los reemplazos

“Necesitamos crear un régimen de transición para que sea la Asamblea Nacional quien decida y determine cuáles son las autoridades que reemplazarán estos cargos”, dijo Lasso a Ecuavisa a fines del año pasado, sin dar pormenores.

Pero el 3 de marzo pasado, en una radio capitalina, precisó que la vía está definida: una consulta popular que se convocará en los primeros 30 días de su administración presidencial. Si los ecuatorianos se pronuncian en favor de su planteamiento, la Asamblea sería la encargada de escoger a los reemplazos de esos funcionarios, de una terna enviada por el Ejecutivo.

Y revela que si la mayoría legislativa, que será de Alianza PAIS, bloquea esta opción, ahí se activaría el llamado a una Asamblea Constituyente para “desmontar” los órganos de control.

Volver al viejo sistema

Según el Diccionario de Derecho General, un gobierno provisional es el que se conforma o se tiene temporalmente, mientras que la Real Academia Española indica que es aquel que asume el poder tras la caída de un régimen político y lo ejerce hasta que se elabora y aprueba una Constitución o una Ley Fundamental que configura las instituciones del nuevo régimen que sustituye al antiguo.

En Ecuador sí ha habido este tipo de gobiernos, dice el catedrático de derecho Constitucional, Rafael Oyarte, y pone como ejemplo el instaurado tras la Revolución Juliana de 1925, cuando se establecieron las juntas de gobierno provisional.

Pero según lo anticipado por Lasso, él enviaría ternas a la Asamblea para que de ellas se escoja a las nuevas autoridades de los organismos de control, con lo que se retornaría al viejo sistema en que los legisladores tenían esa facultad.

En un artículo publicado el 29 de septiembre de 2015, el historiador Enrique Ayala Mora recuerda que por muchos años el mecanismo de elección de la Corte Suprema de Justicia fue objeto de graves reparos, puesto que se hacía por “cuotas políticas” de las fuerzas que lograban mayoría parlamentaria.

La designación de sus magistrados la hacía el Congreso a período fijo y estaba sujeta a negociación, en la cual no siempre pesaban los méritos de los candidatos sino la lealtad hacia quienes manejaban el poder político.

Hasta antes de la Constitución del 2008, el Tribunal Supremo Electoral era designado por el Congreso, mientras que ahora, al igual que las autoridades de los organismos de control, se lo hace a través de concursos de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

La asambleísta Gina Godoy recuerda que el Ejecutivo y el Congreso ponían autoridades. Lo que en más de una ocasión generó componendas, enfrentamientos y actos bochornosos que tenían como principal escenario el Congreso y de protagonistas a los legisladores. (I)