l terremoto de 7,8 grados de magnitud del 16 de abril de 2016 fue calificado por el presidente de la República saliente, Rafael Correa Delgado, como la mayor catástrofe natural de los últimos 67 años. Dejó 671 víctimas. El que se produjo en Ambato, el 5 de agosto de 1949 causó 5.050 fallecidos.

“Ha sido una prueba extremadamente dura, pero Ecuador demostró que ya cambió”, indicó Correa en el informe a la Nación del 24 de mayo de 2016. Fue una desgracia que si hubiera ocurrido hace 10 años  hubiera sido mucho más grave, acotó.

“En 72 horas lo urgente ya estaba controlado. En algunos lugares, en 24 horas ya habíamos logrado restablecer la energía”.

El Estado tuvo los recursos materiales y logísticos necesarios para hacer frente a la emergencia: aeronaves, camiones, ambulancias, carreteras, puentes, comunicaciones, hospitales y el ECU-911. Respondió también el sector privado. “Todo el país se unió en torno al desastre. Unidos, Ecuador es invencible”, aseveró.

Pablo Córdova fue uno de los beneficiados de que las comunicaciones se hayan restablecido en pocos días. Él fue rescatado luego de 36 horas de estar bajo los escombros del hotel El Gato, en Portoviejo. Tras restablecerse la señal, usó su celular para alertar que estaba vivo. Cada persona que salía de entre las ruinas era un motivo para celebrar, dentro de un ambiente de dolor por la catástrofe.

Hubo 671 personas fallecidas, más de 6.000 heridas y cerca de 30.000 damnificados, así como edificaciones destruidas en Manabí y Esmeraldas, las provincias mayormente afectadas por el sismo. Fueron 113 personas rescatadas con vida de entre los escombros.

“Siempre estarán en nuestro corazón las centenas de fallecidos y discapacitados por la tragedia, pero tengan la seguridad de que lo material lo vamos a recuperar y que de esta dura prueba saldremos fortalecidos como sociedad, como nación, como país”, manifestó el Presidente.

La solidaridad demostrada al Ecuador por los distintos gobiernos también fue destacada.

Hubo la heroica labor de los rescatistas, de médicos y personal de salud, trabajadores eléctricos, de comunicaciones, de agua potable y del transporte. Además estuvo el  aporte de soldados, policías, bomberos y agentes de tránsito. “Gracias a nuestros maestros y a todos los funcionarios públicos. Gracias a los voluntarios que ayudaron a evacuar víctimas, a movilizar víveres, a llevar algún alivio ante el desastre. Debemos sentirnos orgullosos como país”.

El impacto del terremoto sobre la economía fue la pérdida de más de $ 3.300 millones. Tras ello, el Gobierno envió a la Asamblea Nacional el proyecto económico urgente de Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las afectaciones del Terremoto, con la finalidad de obtener recursos que permitan reactivar la economía de las zonas destruidas.

Para este fin se han presupuestado $ 2.410 millones, de los cuales ya se han ejecutado $ 1.430 millones. Ecuador se volcó a ayudar desde el primer día de la tragedia.

Para ello se formó el Comité de Reconstrucción, liderado por el vicepresidente de la República, Jorge Glas, y cuyo secretario es Carlos Bernal. El desglose informativo de las diversas áreas del proceso se puede seguir a través de la página www.reconstruyoecuador.gob.ec.

La reconstrucción se proyecta para 4 años. Entre los principales rubros está la vialidad, con una inversión de $ 728 millones. Para el sector de vivienda se han asignado $ 564 millones, principalmente financiados con los fondos de la Ley de Solidaridad, pero también con recursos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y una donación china.

En educación, lo invertido es de $ 428 millones, gracias a la Ley de Solidaridad, al crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la contingencia, al Banco Mundial (BM), al Banco de Desarrollo de China y al Banco de Exportaciones e Importaciones del mismo país.

Para el sector de salud se han dispuesto $ 295 millones. Los hospitales de Bahía de Caráquez y de Chone serán financiados con una donación de China, que alcanza los $ 150 millones. También los Gobiernos locales han recibido una asignación importante para su cartera de proyectos. Eso ayudó  también para compensarlos por la disminución en los ingresos tras la caída del precio del petróleo. Además la devolución del IVA ha sido enfocada en las zonas afectadas por el terremoto.

La banca pública (Corporación Financiera Nacional, Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, BanEcuador y Banco del Estado) ha recibido $ 148 millones provenientes de la Ley de Solidaridad, para conceder créditos en las zonas afectadas.

En apoyo productivo para construir y reconstruir nuevos mercados, puertos pesqueros artesanales y otras obras que ayuden a la reactivación productiva se han distribuido $ 143 millones.

Para infraestructura pública, Manabí y Esmeraldas han recibido una $ 136,7 millones, provenientes de la Ley de Solidaridad, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También están en estudio futuros proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones.

Parala  electrificación se dieron $ 135 millones, mientras que para el equipamiento urbano fueron $ 134,6 millones, financiados por el Banco Europeo de Inversiones y el ExiBank de China.

Para agua potable y saneamiento ambiental la inversión será de $ 101 millones. En este punto, Bernal destaca que gracias a la Ley de Solidaridad y a los fondos de contingencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “hoy se puede gozar de salud, ya que no existieron epidemias ni pandemias luego del terremoto por contaminación del agua en las zonas afectadas”. Este tipo de eventos es común luego de un sismo de alta intensidad, como ocurrió en Haití.

En educación superior, para reponer toda la infraestructura que fue afectada por el terremoto e incluso mejorarla, se asignaron $ 18,4 millones. También hay otros rubros como gestión de proyectos, las auditorías, el monitoreo, la reforestación, el incentivo o grandes estudios para despertar y provocar éxito en el sector de turismo, con un millón de dólares; además hay una partida para Patrimonio de Cultura, de $ 230.000.

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), en colaboración con organismos internacionales como Naciones Unidas, determina los costos de aquellas infraestructuras afectadas por el sismo, sin embargo, para resistir nuevos eventos y mejorar las capacidades se requiere de mayor infraestructura, por ejemplo el sistema de alerta temprano para tsunami y rotura de presas, obra que ya se ejecutó en varios puntos de Esmeraldas y Manabí. (I)