Ayer en Quito, aún no amanecía y los miembros de la Delegación Electoral de Pichincha ponían a punto los paquetes con el material electoral para, con el voto de las personas privadas de la libertad (ppl) sin sentencia condenatoria, dar formalmente inicio a la segunda vuelta para elegir Presidente y Vicepresidente de la República.

Eso se evidenció en los sectores de El Inca, en el norte de la capital, y en Chillogallo, sur, en donde se ubican los dos Centros de Rehabilitación Social (CRS), tanto de hombres como de mujeres.

Así se aplicó el artículo 62 de la Constitución, el cual estipula que “las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones: [...] Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada”.

Exactamente a las 08:30, camionetas del CNE llegaron al CRS ‘Casa de Confianza’ en Chillogallo, con los directivos de la Delegación Provincial de Pichincha y el material electoral para el sufragio de alrededor de 300 ppl de la provincia.

En el patio, tres carpas azules cubrían a las reclusas, el recinto electoral y a los miembros del CNE del sol que de repente apareció para acompañar esta fiesta democrática.

A los lados, observadores y veedores se pararon en silencio a la espera del inicio de las elecciones, algunos de ellos ni siquiera hablaban español pero pedían explicaciones del proceso al traductor.

Pequeñas prendas de bebés adornaban los espacios verdes en los cordeles de ropa que las madres detenidas en la ‘Casa de Confianza’ tienden después de lavarlas.

Allí hay mujeres de todas las edades que no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada y son madres de niños de 0 a 3 años. Aquí estaban empadronadas 44 personas.

Ellas esperaron que se nombre cada uno de sus apellidos para acercarse, abrir un sobre negro que contenía la papeleta y plasmar, con una línea, su voluntad sobre quién quieren que sea su próximo Presidente.

Con la raya vertical en un recuadro junto a los vicepresidenciables, cada una colocó su papeleta en el sobre negro y lo entregó a la Directora del CRS, quien cerró cada sobre para que la reclusa lo deposite en la urna y, así, concluir con este derecho que permitía “ir de la exclusión a la diversidad”, según lo dijo Patricio Domínguez, director de la delegación provincial de Pichincha.

Mientras los llantos de un niño se escuchaban salir desde la guardería del lugar, en tan solo dos horas, las madres de la ‘Casa de Confianza’ terminaron de sufragar.

El paquete electoral se selló casi al mediodía y con la custodia de la Policía Nacional lo llevaron hacia la Delegación Provincial del CNE,  donde esperaban militares quienes lo custodiarán hasta el domingo.

Sobre este proceso, Hugo Picado, miembro del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, recalcó que se trata de un avance en derechos humanos en términos de organización electoral en América Latina. “Fue sumamente ordenado, muy organizado, característico de este proceso electoral. Sobresale desde el punto de vista de la observación internacional el orden y la previsión con que se organizó el proceso”, resaltó. (I)

---------------------

Las autoridades se concentraron en Guayas

La votación para la segunda vuelta inició ayer con el sufragio de las personas privadas de la libertad (ppl) que no tienen sentencia condenatoria ejecutoriada. En el país existen 10.230 empadronados, de los cuales, 9.514 son hombres y 716 mujeres.

El escrutinio de esos votos será el domingo a partir de las 17:00.

La inauguración oficial que marcó ayer el inicio del sufragio de las ppl fue en el Centro Regional Guayas, con la presencia de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís. Junto a ellos la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, y los representantes del organismo electoral en Guayas. Esta provincia es la que tiene mayor cantidad de ppl: 5.766.

Con miras a las elecciones del domingo, Pozo dijo que obstaculizar el escrutinio, sustraer documentos electorales y los desmanes son un delito electoral, ya no es defensa a la democracia.

Aclaró que los ciudadanos pueden hacer vigilia pacíficamente. Además recalcó que las organizaciones políticas pueden poner a sus delegados para garantizar la transparencia. “Esperemos que estén 82.000 delegados, tanto de PAIS como de SUMA-CREO, desde la instalación de la junta hasta el escrutinio, para asegurar la transparencia”.

La expectativa -según Pozo- es tener resultados del 90% de actas hasta las 20:30. Para esta segunda vuelta se espera disminuir el ausentismo. “El 82% de participación en las urnas es histórico”.

Villacís enfatizó que la jornada que se realizó ayer con las ppl es una muestra de democracia. (I)