Habían transcurrido cerca de 4 años desde que Rafael Correa asumió el poder y 2 años desde que fue aprobada la nueva Constitución de la República, cuando el Jefe de Estado planteó la posibilidad de una reestructuración del sistema judicial a través de una consulta popular.

La decisión fue tomada debido a que el sector estaba en crisis: los usuarios se quejaban del trato, los juicios duraban años, las audiencias eran fallidas, las causas estaban represadas, la corrupción polulaba, los despachos eran obsoletos, los jueces no eran controlados, había injerencia política, la infraestructura estaba deteriorada y el personal no había sido evaluado. Además el sistema judicial había enfrentado en una década al menos 4 cambios al más alto nivel, por su politización.

Por iniciativa del presidente Rafael Correa y luego de cumplir con los trámites de ley, el 8 de marzo de 2011 el Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza la convocatoria a consulta popular. El 7 de mayo de 2011 se llevó a cabo el referéndum-consulta popular para que el pueblo se pronunciara sobre 10 preguntas. Las 5 primeras proponían enmiendas a la Constitución, por esta razón se trataba de un referéndum. Las 5 restantes decidían asuntos de interés público y se enmarcaban en lo que es una consulta popular.

Dos meses después, el presidente del CNE, Omar Simon, proclama los resultados y gana el ‘Sí’ en todas las preguntas: la número 1, sobre los plazos para la caducidad de la prisión preventiva, obtuvo el 56,48%; la 2, relacionada con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, el 54,17%; la 3, sobre la banca y los medios de comunicación, el 52,97%; la 4, respecto a la sustitución del pleno del Consejo de la Judicatura, el 52%; y la 5, relacionada con la modificación del Consejo de la Judicatura, el 52,65%.

La 6, sobre el enriquecimiento privado no justificado, alcanzó el 53,42%; la 7, referente a la prohibición de los juegos de azar, el 52,33%. En la 8, sobre la prohibición de los espectáculos donde se mate animales, los resultados fueron por cantón; la 9, sobre la creación de un Consejo de Regulación para los medios, consiguió el 51,67%; y la 10, respecto al delito de no afiliar a un trabajador al IESS, el 55,02%. Al ganar el ‘Sí’ en todas las preguntas, se allanó el camino para transformar la justicia, afirma Ernesto Pazmiño, defensor Público Penal, quien destaca los avances.

El reto se inició el 27 de julio de 2011, cuando el Consejo de la Judicatura de Transición fue posesionado por la Asamblea, recuerda el entonces integrante de la Judicatura, Fernando Yávar, quien dice que quedó para la historia la vieja justicia ecuatoriana. Roberto Caldas, presidente de la Corte Interamericana de DD.HH., destacó a Ecuador como un Estado ejemplo a nivel regional. (I)