Las empresas encuestadoras trabajarán con una reglamentación para los próximos comicios. El Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza los mecanismos para que doten de mejor información al ciudadano, al presentar sus pronósticos o resultados de sus sondeos.

Algunos elementos son: que se publique el nombre del solicitante de la encuesta, la fecha o periodo del trabajo, el tipo y tamaño de la muestra, el ámbito geográfico, el universo de la población y el margen de error, entre otros aspectos.

Hace 2 semanas el director del Instituto de Pensamiento Político de Alianza PAIS, Pabel Muñoz, dijo que la población suele guiarse por quienes aparecen como ganadores en las mediciones, pero los resultados difieren entre las empresas que realizan los sondeos de opinión.

De allí que sugirió al CNE una reglamentación para “orientar de manera adecuada el debate ciudadano”. Y agregó que el Código de la Democracia hace “una referencia vaguísima” sobre el particular.

La consejera Ana Marcela Paredes anticipó que el organismo trabaja en un reglamento, porque “estas informaciones (la publicación de encuestas) caen en la distorsión sobre la ciudadanía”.

Aclaró que el Código de la Democracia, en su artículo 206, obliga a las empresas inscribirse previo a un proceso electoral, sino se les impide participar. Si pese a ello realizan el trabajo, “serán sancionadas con una multa mínima de $ 5.000 y máxima de $ 20.000; si reinciden se les cancelará su personería jurídica”.

Indicó que la reglamentación busca que la ciudadanía tenga una información cabal sobre una muestra para evitar tergiversaciones; “Ahora seremos más rigurosos en el contenido de la publicación de los resultados, lo que prevalece es el bienestar ciudadano, que no sea un ente fácilmente manipulable”.

La propuesta es aceptada, al menos, por 2 encuestadoras. Santiago Coronel, director de proyectos del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), consideró necesaria una reglamentación. “Las empresas tenemos un capital importante que es la confianza ciudadana y no podemos jugar con ese patrimonio”, indicó.

Polibio Córdova, director de Cedatos, pidió hace 10 o 12 años una regulación, para que se conozca la infraestructura de las empresas y cómo hacen las muestras. “Es obligación presentar un informe al CNE de lo que hacemos en los procesos electorales”.

Coronel cree importante informar no solo el margen de error y el número de casos encuestados, sino también la fecha de una muestra, pues la respuesta de ahora no siempre es la misma que la de hace un mes, cambian según la información que se recibe de la prensa o hasta de una conversación entre vecinos. “Son factores que influyen”.

Existen diferentes tipos de encuestas. Coronel apela por la escala de calificación de un personaje, en cambio Córdova sostiene que se basan en el grado de aprobación. En el primer caso, las calificaciones varían de muy buena, buena, mala o muy mala, lo que según el director de proyectos del Ciees le da al consultado un mayor criterio de evaluación.

Córdova defendió el otro método: “hacemos una sola pregunta: ¿aprueba o desaprueba la gestión de una autoridad?; es un método que da 2 posibles respuestas y eso es lo que medimos”.

Byron Villacís, exdirector del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) opina que las encuestadoras en Ecuador no tienen una política de transparencia homogénea. “Algunas presentan su metodología completa, otras parcial, otras no presentan nada”.

Agrega que cuando se publican encuestas políticas en los medios uno no sabe si comparan la misma metodología, usaron distintos tamaños de muestra, “o lo más delicado ¿quién financió esa encuesta? ¿qué grupo de poder o partido político pagó a la encuestadora para que haga esa encuesta?, pues eso se realiza en otros países”. (I)

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Las redes sociales no se controlan

Los tiempos electorales no dan para consulta

Los plazos para realizar una consulta popular que permita la inscripción de Rafael Correa como candidato presidencial para las elecciones de 2017 no cuadran. La vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Nubia Villacís, explicó que una vez que la  Corte Constitucional se pronuncie deben transcurrir 15 días para convocar al proceso y la entidad tiene apenas 2 meses para la organización.

Las inscripciones de los candidatos para el proceso de 2017 inician el 19 de octubre hasta noviembre, es decir que el tiempo no alcanzará.

El tema de la consulta por el pacto ético, que propuso el Ejecutivo, también está en marcha. De aprobarse, el CNE espera que la Corte se pronuncie hasta fines de noviembre o inicios de diciembre. La Consejera recordó que la Constitución es la que marca los tiempos y que si se quiere hacer junto con los comicios de febrero debe contemplarse esto.

En cuanto al desarrollo electoral Villacís advirtió que los candidatos que se presenten para las elecciones de 2017 deben ser elegidos a través de procesos de democracia  interna, pero es un requisito que el CNE tenga por lo menos a una persona constatando que se realice bajo los parámetros previstos en la ley.

Sobre la propaganda anticipada el CNE no ha autorizado actividad ni difusión de candidatos. La segunda autoridad electoral dijo que si bien es cierto no hay control en las redes sociales de propaganda electoral, ese gasto sí se atribuye a la cuota de desembolso con la que cuenta cada organización.

Finalmente detalló que una de las particularidades del actual proceso es el incremento significativo de organizaciones políticas reconocidas, que son 70. (I)