Si se quiere aplicar las reformas al Código de la Democracia para las elecciones seccionales de febrero de 2019, estas deberán introducirse -en el pleno de la Asamblea Nacional- hasta febrero de 2018.

Así lo aclaró ayer el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, durante la entrega de credenciales a 16 asambleístas electos en Pichincha.

El organismo electoral trabajará junto a 169 organizaciones políticas, sociales y medios de comunicación, desde junio de este año, en formar un paquete de reformas al Código de la Democracia, que luego de tres meses sería presentado a la Función Legislativa.

La idea es tomar la base de la propuesta de reforma que ya fue presentada en octubre de 2015 en la Asamblea Nacional, pero por la proximidad de las elecciones de 2017 no tuvo tratamiento.

Con base a la experiencia en este proceso electoral, Pozo resaltó la necesidad de eliminar las ambigüedades, las contradicciones y los vacíos del código. “También hay temas (de discusión) como los principios de equidad, de publicidad en medios digitales, el tema del exit poll y los conteos rápidos y el fondo partidario para organizaciones nacionales o provinciales”, agregó.

Para evitar inconvenientes debido a la publicación de resultados, como sucedió en la segunda vuelta con la empresa Cedatos, el titular del CNE reconoce que dentro de la reforma se plantearía que en adelante el organismo electoral sea el primero en dar las cifras de resultados de los comicios.

Cree que esta falta de regulación generó especulación. “Los ciudadanos desconocen la diferencia entre  exit poll, conteo rápido y resultados oficiales del CNE. Por eso hay que generar la normativa que fortalezca la institucionalidad”.

También se previsto regular la publicidad contratada por las organizaciones políticas en medios digitales, ya que actualmente el CNE no controla.

“El campo no es regular redes sociales, pero estas se han convertido en espacio para denigrar a la gente. Hay que llamar al buen uso de estas. Más allá de eso, lo que vamos a poner en revisión es la publicidad contratada por las organizaciones políticas en los medios digitales, eso hay que regular. Eso ya se lo hace en México, Colombia y Perú”, añadió.

Para Pozo, la idea es que las reformas sean aprobadas hasta febrero de 2018, fecha en la que ya debería estar aprobada la parte operativa y el calendario electoral para las elecciones seccionales de 2019. “Cualquier tipo de reforma debe estar aprobada hasta esa fecha, si queremos que se aplique en el 2019”, aclaró.

El proyecto que trabajaría el organismo electoral se unirá a varias propuestas que yacen en la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea.
Organizaciones ya no pueden apelar resultados

Luego de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivara el recurso de nulidad de las elecciones interpuesto por Andrés Páez, de CREO-SUMA,  Pozo recordó que esta medida fue tomada porque no se presentó ni una sola prueba.

La organización política tenía hasta ayer como plazo para pedir un recurso de aclaración sobre la pasada providencia del contencioso. “Ya no existen recursos adicionales por atender”, dijo.

Para que los resultados estén en firme, el CNE solicitó ayer al TCE la certificación en donde se dé fe sobre la existencia de recursos pendientes por atender y con ello “se podría dar las credenciales al binomio presidencial de PAIS este 16 de mayo”.

Misiones darán informe

Como parte del proceso, las misiones de observación internacional como A-WEB, Uniore, Unasur y OEA deberán presentar hasta antes del 2 de mayo al CNE un informe sobre las pasadas elecciones.

Previamente, los representantes de dichos organismos ya habían pronunciado que los comicios pasados se desarrollaron con transparencia y con total normalidad.

En ese sentido, el presidente del CNE señaló que las elecciones del 19 de febrero, del 2 de abril y el recuento de 1,2 millones de votos el pasado 18 de abril fueron los más observados de la historia del país y eso “garantizó la transparencia”.

Agregó que el 31 de mayo se cerrará el presupuesto de $ 111 millones para la planificación de los comicios de 2017, que contempla, por ejemplo, el pago a los miembros de las juntas receptoras del voto. (I)