Violó todas las normas del derecho internacional. Su último disparo fue al propio presidente de la República, Lenín Moreno.  

Eso señalaron dos expertos en política internacional entrevistados por Pública FM: María  Paz Jervis, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEK, y Carlos Estarellas, doctor en Jurisprudencia, catedrático y analista de Política Internacional.

La semana pasada, Julian Assange divulgó las fotografías del presidente Moreno y de su familia, a través de su portal WikiLeaks y con ello se unió a la campaña para desestabilizar y caotizar al país, campaña emprendida por el expresidente Rafael Correa.

El hacker australiano está asilado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 gracias al gobierno del expresidente Rafael Correa. Assange tiene pasaporte ecuatoriano porque se lo concedió María Fernanda Espinosa, excanciller y actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas.​​

 Para la doctora Jervis fue malicioso tratar de entrar a lo más íntimo del ser humano, que en este caso fue la vida privada del Primer Mandatario y de su familia. “Eso es  una mala intención política, con un  discurso pobre y populista. Se violentaron las normas mínimas del asilo político”, recalcó.

Para el jurisconsulto Estarellas, en este momento Assange no le deja al Estado ecuatoriano ninguna otra oportunidad de acción.  Atacó al presidente del Estado que le da el asilo político.

“Es una falta de respeto porque es asilado.  Eso es una violación a las normas de esa protección. Assange hizo un ataque directo en contra del Gobierno ecuatoriano”.

El analista subrayó que el hacker australiano ya violó todas la normas. Lo ha hecho durante todo el tiempo que ha estado en la Embajada, dijo.

¿Pero cuáles son los caminos para terminar el asilo de Assange? Ambos académicos  explicaron que el Estado puede revocar el asilo de Assange, siempre y cuando se inscriba en estas circunstancias: demostrar y analizar que se ha puesto fin a una situación de riesgo para él, así como el incumplimiento de los acuerdos firmados con la Cancillería ecuatoriana.

Según Estarellas, distintas convenciones sobre el asilo como la de Caracas o de Montevideo señalan que el asilado, en este caso el fundador de WikiLeaks, no puede hacer declaraciones públicas y peor aún contra el Estado que le brinda protección o contra su Presidente. 

“Nunca debieron dar asilo a Assange porque no es un perseguido político, tuvo juicios comunes y violó información secreta”, recordó.

Los dos expertos coinciden en que la solución debería ser rápida porque ya no hay justificación para su asilo político. Sin embargo, la Cancillería tendrá que definir los caminos más adecuados para poner fin a esa situación que ha sido “una nube negra de la diplomacia y política exterior ecuatoriana”, recalcó Jervis.

Para ellos, Assange se sumó a una confabulación de un grupo para desestabilizar al gobierno de Moreno.

“Eso es violación de todas las normas del asilo. El Gobierno debe actuar con firmeza, aunque es una decisión difícil”, subrayó Estarellas. Además, ambos expertos destacaron el cambio de timón en la política exterior durante el actual Gobierno, con un Canciller de experiencia y de carrera como José Valencia.

Según Jervis, este tema sufrió el mayor daño durante los 10 años de gobierno de Rafael Correa. “Había una falta de institucionalidad y hubo un retroceso de 25 años en esa materia”, dijo.

Citó un ejemplo: la prestigiosa Academia Diplomática, que formaba a los embajadores y al personal de las embajadas, fue cerrada por el exrégimen.

“Los representantes de Ecuador en el exterior ya no tuvieron conocimiento de política exterior ni méritos, sino solamente un discurso ideológico”, aseguró Jervis.

En ese contexto, se dio el asilo del fundador de WikiLeaks, que fue un acto sui generis. Nadie entendió el compromiso del Estado, que respondía a intereses personales de un personaje cuestionado por su ética y ejercicio, señaló la académica. 

También recalcaron que los estados pueden revocar el asilo. “Assange ya no enfrenta  riesgos,  quizá se pueda trabajar en un salvoconducto, esa podría ser una salida”.  

En último caso, el canciller Valencia tendrá que actuar de acuerdo al legítimo ejercicio de soberanía de este país. (I)