El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST) resolvió este lunes 4 de junio cesar de sus funciones de manera unánime a cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

El pleno anunció además que otorgará tres días a los vocales sancionados para que tengan posibilidad, si lo deciden, de presentar impugnaciones a la decisión.

El organismo escogió el teatro de la Universidad Central para difundir la resolución, el mismo que se llenó de abogados, sindicalistas, activistas políticos y asambleístas que asistieron a la lectura del informe que empezó alrededor de las 10:30 y se extendió por casi cinco horas.

El documento preparado por la Comisión Técnica Evaluadora (CTE), que inició su labor el 4 de abril, concluyó que los vocales examinados no cumplieron con los cinco parámetros analizados.

Estos son: legitimidad del cargo, cumplimiento de funciones, gestión de recursos públicos, transparencia, y evaluación ciudadana; estos a su vez se dividieron en 21 indicadores. Entre las observaciones del examen recogido en 164 páginas se detalló que los cargos de Gustavo Jalkh, Ana Peralta, Rosa Jiménez, Néstor Arbito y Alejandro Subía carecen de legitimidad.

La conclusión se basó en que desde su nombramiento los vocales fueron escogidos y posesionados por un Consejo de Participación que no era independiente porque sus miembros tenían vínculos con el Ejecutivo.

“Los miembros del CPCCS cesado no cumplieron con la garantía de independencia que debían acreditar al momento de su selección, por lo que los vocales del Consejo de la Judicatura tampoco gozaban de la independencia requerida para el ejercicio de sus funciones”, reza el informe presentado.

Explicaron que los vocales no cumplieron con los reglamentos para su elección.

En el caso del vocal Alejandro Subía su profesión de ingeniero contraviene la norma que indica que las autoridades deben acreditar la profesión de acuerdo al cargo que van a desempeñar.

El pleno determinó que el órgano que tenía que velar por la justicia está conformado por exfuncionarios de Estado, especialmente de la función Ejecutiva y crearon una red de vinculación de las funciones que se dirigía desde la Presidencia de la República.

El examen también determinó que los integrantes del CJ desarrollaron concursos para ingresar a la función Judicial llenos de irregularidades. Cita como ejemplo la designación de la fiscal subrogante Thania Moreno. Explicaron que no siguieron el reglamento, pues por puntaje debió nombrarse desde el principio a Paúl Pérez.

Otra irregularidad hubo en el nombramiento de notarios, donde según el CPCCST, existió tráfico de influencias, por ejemplo en Guayaquil, donde fue nombrado como notario el padre del director del CJ, Tomas Alvear y una prima del expresidente Rafael Correa, sin que tuvieran los puntajes requeridos de acuerdo a la ley.

“El Consejo de la Judicatura no consideró la prelación de calificaciones designando autoridades de forma arbitraria”, indica el informe.

El examen señaló que la entidad de justicia incumplió con el parámetro de evaluación ciudadana debido al número de denuncias en contra (882), tanto a nivel local como internacional.

A ello se suma que el Consejo de la Judicatura permitió el hackeo de la plataforma informática, en donde se registran las sentencias, lo cual posibilitó, según el texto, que en casos determinados donde estaba implicado el Estado se cambiaran las resoluciones judiciales. (I)