La exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, quien renunció al cargo tras denuncias de que cobró diezmos a sus asesores cuando fue asambleísta, llegó el lunes pasado a la Fiscalía en Quito para rendir su versión custodiada por personal y vehículos de seguridad del Estado.

La asignación de protección pagada por el Gobierno a una exfuncionaria llamó la atención y generó cuestionamientos.

Vicuña señaló que no pidió seguridad y que esto es una obligación legal, emanada del decreto 1369 que firmó Rafael Correa, 21 días antes de que termine su periodo presidencial.

El documento tiene un artículo único, que reforma el apartado I) del Art. 3 del Decreto 418 del 8 de julio de 2010.  

Dicho cambio señala que se proporcionará, de ser necesario, protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos, por periodos de un año y seis meses, respectivamente, plazos que podrán acortarse o extenderse sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto.

Al respecto, el legislador Héctor Yépez, del movimiento CREO, dijo que en el pleno de la Asamblea se planteará un exhorto para que el presidente Moreno cambie o reforme este decreto.

“Creo que no hay ninguna justificación para que alguien que asumió una vicepresidencia por cerca de un año tenga todo un séquito de seguridad que le cuesta plata al país”, indicó Yépez.

Aclaró que el Legislativo no es el encargado de reformar algún decreto, sino el propio presidente Moreno. Mientras que la asambleísta Wilma Andrade, de Izquierda Democrática, manifestó que el Ejecutivo puede reglamentar la norma, con claras condiciones, para así “restringir el uso de seguridad estatal y de vehículo oficial en estos casos”.

La exvicepresidenta Vicuña indicó que acorde al Decreto 1369, el comandante Hugo Álvarez Romero, jefe del Servicio de Protección Presidencial, le comunicó su deber de cumplir con dicha norma jurídica y mantener la seguridad durante los seis meses posteriores a su renuncia.

Aseguró que solicitó al Mandatario que dispusiera a las instancias respectivas que determinen, en base a estudios de riesgo, la reducción del tiempo de la seguridad, ya que “eso no lo puedo decidir yo”, recalcó Vicuña. (I)