Doris Soliz, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, informó que la próxima semana convocará a los legisladores para analizar el tratamiento del veto parcial al proyecto de Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, informó la Asamblea Nacional, la tarde de este jueves.

Para esto, la mesa encargada deberá elaborar el informe y ponerlo en conocimiento del pleno.

El documento contiene 305 artículos, de los cuales el Ejecutivo cuestionó dos, uno de forma y otro de fondo. También observó dos disposiciones transitorias, dos reformatorias y una derogatoria. El traslado de policías; la formación y especialización en carreras de seguridad ciudadana; el Seguro de Cesantía del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador; y, la homologación en el cómputo de la pensiones entre Policía y Fuerzas Armadas (FF.AA) son los temas que busca corregir el régimen.

En el artículo 102, el proyecto señala que los traslados de los miembros de la Policía Nacional a otra zona geográfica durarán hasta dos años, pero que por necesidades de la institución o por pedido del servidor policial, debidamente justificadas, se podrá extender por el mismo período. Ante este punto, el Ejecutivo sugiere reducir ese tiempo, según la necesidad de la institución o en beneficio del propio servidor.

Además, discrepa con la Transitoria décimo cuarta que dispone la creación de una Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales para capacitar, formar y especializar al personal en las carreras inherentes a seguridad ciudadana.

El Ejecutivo advierte que esta formación no es un justificativo necesario para crear una entidad superior, más bien propone que el Consejo de Educación Superior, en el plazo de 180 días, elabore los estudios necesarios para que en las universidades públicas puedan establecerse carreras relacionadas con estas temáticas.

También observa que la fórmula de cálculo en el Seguro de Cesantía para los miembros del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador conllevaría a generar una grave distorsión y una eventual descapitalización. Considera que dada la forma en la cual se gestiona esta prestación, debió generarse un Fondo Complementario Previsional Cerrado, por lo que plantea un texto alternativo que incluye a este fondo.

En la disposición reformatoria décima, que modifica la Ley de Fortalecimiento de Regímenes Especiales de Seguridad Social de las FF.AA y Policía Nacional, para homologar el cálculo de las pensiones de la Policía con las de las FF.AA, el Régimen cree que ello requiere un necesario estudio actuarial y provisiones previsionales, por lo que resulta inadecuado igualarse en este momento y plantea que sea después de 10 años. (I)