Las irregularidades en documentos de viaje que han propiciado, en ciertos casos, la trata de personas y el tráfico de migrantes motivaron a Ecuador a imponer el requisito de pasaportes a los ciudadanos venezolanos que ingresan al país.

La medida, que rige desde este sábado 18 de agosto, se resolvió tras un informe técnico del Ministerio del Interior, y de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

El informe indica que se identificaron casos de trata de personas y tráfico de migrantes que ingresaron con documentos de identidad con inconsistencias. Agrega que aquello representa dificultades para el control migratorio sobre la nacionalidad e identidad de las personas, así como para la integridad de las mismas.

Y concluye que estos documentos no ofrecen las garantías de validación necesarias para la debida acreditación de la nacionalidad e identidad de su titular.

El artículo 123.1 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece la presentación como requisito de un “documento de viaje o de identificación válido y vigente”.

En la Unidad de Migración de Rumichaca (Carchi) se habilitaron 15 ventanillas para receptar pasaportes cuando esté vigente la medida.

El ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, indicó que pedir pasaportes no viola la ley de movilidad, pero sí blinda al país de un eventual problema. “Queremos regularizar y ordenar para ayudar y atender a estos grupos”.

Recordó que no se trata de impedir el ingreso de personas sino de regularizarlas.

Richard Olivo, coordinador zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores, anunció que muchos venezolanos buscan quedarse en el país pero tienen que cumplir requisitos legales.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a Ecuador han ingresado en lo que va de este año cerca de 547.000 refugiados. Solo la primera semana de este mes llegaron 30.000.

La Ley Orgánica de Movilidad Humana, en su artículo 84 establece que “los ciudadanos suramericanos pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su documento de identificación nacional, por puntos de control migratorios oficiales...”.

Venezuela no forma parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde 2006, cuando el entonces presidente Hugo Chávez retiró a su país del bloque.

Preocupación

María Fernanda Higuera, vocera del grupo de venezolanos que se reunió con el presidente Lenín Moreno, manifestó que este requisito complicará la salida de venezolanos de su país.

Dijo que adquirir este documento “cuesta entre $ 60 y $ 120”, cuando el sueldo básico en su país es insuficiente.

El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana se sumó a la preocupación por la medida.

Considera que la disposición limitará la libre movilidad de los extranjeros, aunque reconoce las políticas aplicadas por Ecuador para garantizar la paz, la seguridad y el orden en el territorio.

Pide a los parlamentos y gobiernos de la región definir acciones conjuntas para afrontar esta situación con enfoque de derechos.

La Defensoría del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Misión Scalabriniana Ecuador y la Defensoría Pública del Ecuador presentaron medidas cautelares en Quito contra la decisión.