El canciller ecuatoriano, José Valencia, destacó este viernes 29 de noviembre del 2019 el llamamiento al diálogo para prevenir conflictos y crear una sociedad más inclusiva realizado por la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.

El titular de la diplomacia ecuatoriana recalcó que el comunicado es fruto de la visita de una comisión de la ONU, en octubre, organismo que llegó al país por invitación del Gobierno. "La principal conclusión del comunicado es sobre la necesidad que el diálogo en nuestro país se desarrolle, que incluya a todos los sectores sociales de tal manera que se resuelva cualquier tipo de divergencia a través de métodos pacíficos y democráticos". 

Sobre el uso progresivo de la fuerza, el Canciller dejó claro que se investigarán las acciones por parte del Estado, como también la violación de derechos por parte de los manifestantes. "El comunicado del Alto Comisionado de la ONU mira en su integralidad lo que ocurrió en nuestro país a inicios de octubre, esa es la voluntad del Estado, cualquier exceso que hubiera habido por la fuerza pública va ser y está siendo investigada”.

El Canciller también mencionó que la acción de la Fiscalía y los tribunales están buscando a los responsables de los destrozos de la propiedad privada, agresiones y secuestros de la Policía Nacional y los culpables deberán comparecer ante la justicia.

Quien también se pronunció sobre el tema fue el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, quien aclaró que el uso progresivo de la fuerza puede ser investigado, pero que las Fuerzas Armadas no tiene nada que ver en el tema. "Basta considerar que no se utilizó, jamás, ni un solo tiro, no hubo ni una sola arma de fuego que fue disparada, las regulaciones fueron específicas".

Jarrín insistió que el manejo de conflictos se realiza con armas no letales y llamó a que se investiguen los hechos. "Que nos digan qué otro método se utiliza para controlar un disturbio un motín y acciones de desestabilización", apuntó. 

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió a Ecuador un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, recibió denuncias sobre al menos 9 muertos, 1.507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1.382 detenidos, según un comunicado del organismo publicado en Ginebra.

La misión de expertos en derechos humanos viajó a Ecuador por invitación del Gobierno del presidente Lenín Moreno.

El comunicado también admite que algunos manifestantes presuntamente recurrieron a la violencia causando bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionados y otras destrucciones de propiedades públicas y privadas.

Las manifestaciones en Ecuador tuvieron lugar entre el 3 y el 13 de octubre, después de que Moreno anunciara unos ajustes económicos en los cuales se incluía el retiro del subsidio a la gasolina, medida que detonó las protestas sociales. (I)