En el Pleno de la Asamblea Nacional se realizó ayer el segundo debate del proyecto de Salud Integral Prepagada.

Uno de los principales puntos que se abordaron fue el monto mínimo de capital social, para la constitución de las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada y a las de seguros con cobertura de seguros de asistencia médica. Se propone que sea de $ 800.000.

El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, William Garzón, resaltó que este valor contemplado en el proyecto asegura a los usuarios, una empresa solvente que cubra los costos económicos y financieros.

El legislador enfatizó que se busca garantizar el derecho de las personas para disponer de servicios de calidad y a elegirlos con libertad, así como el acceso a estos servicios de atención integral de salud sin exclusión por edad, enfermedades preexistentes u otras condiciones de salud. Sin embargo, para el asambleísta Luis Tapia estas consideraciones que se regulan a través del artículo 15 de la Ley,  pondrán a las empresas en un déficit insostenible, por lo que pidió que se lo elimine, así como el monto fijado para el capital.  

Los legisladores que se oponen a esta propuesta han asegurado que la entrada en vigencia de estas obligaciones provocará la liquidación de entre 8 y 10 empresas de medicina prepagada, de un total de 18 que brindan estos servicios, por no poder cumplir la exigencia de ese patrimonio.

Ante estas declaraciones la asambleísta María Alejandra Vicuña, integrante de la Comisión de Salud, sostuvo que las compañías no quebrarán y que los montos son responsables, a fin de que cumplan sus responsabilidades y los clientes puedan estar tranquilos.

Lo más importante es que se establecen mecanismos para que el usuario pueda reclamar ante la autoridad competente. “Tiene una hoja de ruta a seguir, con tiempos concretos, que den tranquilidad a los usuarios”, subrayó Vicuña. (I)