Una vez que la Asamblea Nacional aprobó la salida de Ecuador de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) está pendiente la devolución de los predios y del edificio que ocupa el organismo regional.  

El proceso de reversión no es sencillo puesto que la sede del organismo, ubicado en la parroquia de San Antonio de Pichincha, al noroccidente de Quito, está sujeta a dos cláusulas de donación. La primera fue firmada por el exprefecto Gustavo Baroja y el excanciller Ricardo Patiño, en 2010.

La escritura dice que “en caso de que el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) no destine el inmueble que recibe en donación en la construcción y puesta en funcionamiento de la sede administrativa y del centro cultural de la Secretaría de la Unasur, se revertirá su dominio al Consejo Provincial de Pichincha”.   

Mientras que la segunda escritura firmada por el exministro de Relaciones Exteriores Guillaume Long y el exsecretario de Unasur Ernesto Samper, en 2016, dice que si los países miembros deciden cambiar la sede a otro país o terminar el tratado constitutivo se revertirá el inmueble al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El área del edificio tiene 20.317 metros cuadrados y la construcción le costó a Ecuador $ 44 millones. Al respecto Paola Pabón, prefecta de Pichincha, señaló que solicitaron a Cancillería una reunión para iniciar el proceso de devolución de los terrenos.

Según la funcionaria, se prevé construir en el lugar un museo o centro cultural de la memoria que incluirá a todas las naciones de la región. “Conversaremos con el Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer las condiciones jurídicas sobre la devolución”, dijo Pabón.

La Prefecta no descartó la compra del edificio de Unasur o de realizar un convenio de administración del mismo. Hasta el cierre de esta edición la Cancillería no se pronunció sobre el pedido de reversión, realizado por la Prefectura de Pichincha, de los nueve predios donde se asienta Unasur.

Doce países eran parte del organismo regional que se creó en 2008, en Brasil, el 23 de mayo. Cada miembro entregaba una partida para el fondo de la entidad, según su tamaño.

El presupuesto de Unasur bordea los $ 10 millones anuales. Sin embargo, para 2019 fue de $ 9 millones porque varias naciones dejaron de aportar, especialmente aquellas que están en proceso de separación; entre estas Colombia, Paraguay, Argentina, Brasil, Perú y Ecuador.

Ecuador dejó de aportar en 2018 y 2019, y tiene una deuda de $ 711.026. Por ello el organismo dejó de recibir alrededor de $ 20 millones, desde 2017, pero Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam tienen sus donaciones al día.

Fernando Flores, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea, mencionó que cualquier polémica por la devolución del predio o el edificio de la Unasur tendrá que resolverla el Ejecutivo declarando los predios de utilidad pública. “Si esto no funciona se podría vender el edificio con un precio base de $ 40 millones”.

Para el diplomático y docente Carlos Estarellas el pedido realizado por la Prefectura responde a una confrontación política, la cual califica como negativa.

El experto menciona que al final quien tome la decisión sobre el uso del edificio de la Unasur será el presidente Lenín Moreno. Alegría Donoso considera que el pedido de la Prefectura responde a un acto demagógico. Aclaró, además, que la sede de la

Unasur fue construida con el dinero de todos los ecuatorianos y que se debe a la ciudadanía. “La Prefectura debería pensar primero en sus prioridades y no en los clientelismos políticos”, subrayó. (I)