Un fuerte golpe, por la espalda, en la zona posterior occipital izquierda de la cabeza, me nubló la vista, anuló mis músculos y caí al piso. Ocurrió a la vuelta de la embajada de Francia en Quito, a pocas cuadras de a Casa de la Cultura, tomada como sede de la protesta indígena de octubre de 2019.

Estaba en el piso, la sangre caía de mi cabeza, tenía los ojos cerrados porque no soportaba la luz. La gente gritaba frases que no lograba entender,  mientras libraba una batalla entre la conciencia y la inconciencia.

Transcurrieron largos minutos hasta cuando sentí la presencia de paramédicos; me tomaron la cabeza y derramaron una botella de agua para a retirar la sangre que seguía cayendo; afirmaron mi cuello y empezaron a reanimarme, mientras recorría una película en cámara rápida en mi me mente, de atrás para adelante, hasta establecer que me pasó.

¡Viví para recordarlo! Un manifestante blanco-mestizo, confundido entre miles de indígenas, que había intentado golpearme en una emboscada unas cuadras atrás, terminó agrediéndome por la espalda, de forma cobarde, con una pedrada en la cabeza,  hasta dejarme inconsciente y tumbado en el piso. Estaba en la cobertura de la protesta indígena.

Había transcurrido ya una semana de manifestaciones, marchas y concentraciones, contra el decreto 883 que eliminaba el subsidio a las gasolinas; los indígenas eran los grandes protagonistas de la “protesta social” que desde su inicio en los primeros de días de octubre, se presentaron agresivos contra los periodistas.

Era la mañana del 10 de octubre, tenía la cobertura de la noticia del secuestro de un grupo de policías en el Ágora de la Casa de la Cultura y debía confirmarla. Antes de llegar al recinto, el jefe de información del canal, mediante llamada telefónica, me informó que la dirigencia indígena había convocado a una rueda de prensa en ese lugar para hablar sobre el presunto secuestro de los policías.

La beligerancia de las protestas contra los periodistas y los medios de comunicación tradicionales, me hizo reparar por varios minutos si debía o no acudir a esa cobertura, finalmente lo hice. Ingresé, fui obligado a transmitir en vivo, so pena de agresiones físicas, y en medio de gritos y acusaciones de cientos de indígenas.

Los dirigentes indígenas, Leonardo Iza y Jaime Vargas, acudieron al escarnio público, sometieron psicológicamente a los ocho uniformados y les obligaron a decir que estaban en ese lugar por su propia voluntad, que no estaban retenidos y peor secuestrados. A juzgar por los resultados, los indígenas hicieron lo mismo con los periodistas que estábamos en esa cobertura; pero yo decidí evidenciar que estaba retenido en contra de mi voluntad, que estaba secuestrado, algo que no fue del agrado de ellos.

Al mediodía pedí al dirigente de la Conaie, Jaime Vargas, que me dejará salir, porque debía procesar la información y accedió a regañadientes, pero no por la parte de atrás del Ágora, como pedí, sino por el frente. Salí junto a mis compañeros camarógrafos, escoltados por un hombre de seguridad de la Conaie y un representante de la Defensoría del Pueblo, que se ofreció acompañarnos.

En el trayecto, sufrimos todo tipo de agresiones verbales y psicológicas, además amenazas de agresión física. Sin embargo, cuando dejamos atrás la Casa de la Cultura y parecía que pasó el peligro mayor fui interceptado por unos cinco manifestantes. Ellos quisieron golpearme en el rostro, caí al piso, me di un rol, pero bloqueé esos intentos. Pero, varios pasos adelante, me sorprendió un fuerte golpe con una piedra en la espalda que pudo matarme. Ese fue un día de cobertura que pudo ser último.

En el hospital me cogieron 10 puntos en la cabeza y mi clavícula estaba dislocada. Tuve que someterme a una cirugía para corregir ese problema y  me dieron más de 30 días de descanso médico.

El agresor fue retenido en ese instante por los propios manifestantes. También  obligado a decir sus nombres y a presentar una identificación en un video que se extendió, como pólvora, en las redes sociales, al igual que la agresión de la que fui objeto. José Manuel Guacho Anilema aceptó que me había atacado y dijo se trató de “un momento de coraje” y nunca más se lo vio.

La Fiscalía inició una investigación que nunca avanzó. Pero, de casualidad en febrero de 2020, durante un operativo policial cuando Guacho conducía un taxi, le pidieron el número de su cédula y se percataron que tenía una orden de detención con fines de investigación.

La Fiscalía se enteró de esta noticia y reactivó la investigación, le formularon cargos por lesiones con incapacidad superior a 30 días y se ordenó su prisión preventiva.

El 24 de julio de este año fue la audiencia de juzgamiento y Guacho admitió que cometió el delito, la jueza le sentenció a cuatro meses y 18 días de prisión, que para la fecha ya los cumplió y salió libre.

Pero el pago de 1 900 dólares como reparación económica, que era parte de la sentencia, nunca lo cumplió. Tampoco sé hasta ahora ¿por qué me golpeó?, ¿por qué me atacó con otras personas? O ¿por qué me lanzó una pedrada por la espalda que finalmente de tumbó al piso?

Quería saber si yo le había hecho algo a ese ciudadano, o si cumplía una misión encargada por alguien. Pero no, la justicia nunca llegó a establecer ninguna motivación de Guacho para provocarme semejante agresión que pudo haberme causado la muerte.