Tribunal de EE.UU. suspende audiencia del caso Chevron III
El Tribunal que lleva el arbitraje internacional conocido como Chevron III dictó ayer una orden, mediante la cual suspende el calendario procesal y la audiencia de fondo que estaba programada para desarrollarse entre el 20 de enero y el 7 de febrero próximo, en Washington DC.
Así lo dio a conocer la Procuraduría General del Estado, mediante un comunicado, en el cual establecen que el Tribunal en su orden procesal concluyó que mantener la audiencia para este mes de enero conllevaría un significativo riesgo de “inequidad procesal”, por lo que resolvió suspenderla, al igual que el resto del calendario, y convocó a las partes a una reunión que iniciaría el 20 de enero de 2014, en Washington D.C., tendiente a la fijación de un nuevo calendario procesal.
La Procuraduría manifiesta que esta acción responde a los constantes pedidos de la defensa del Estado ecuatoriano de suspender la audiencia convocada para este mes a través de varios escritos presentados en noviembre y diciembre de 2013
El procurador Diego García Carrión calificó la decisión como necesaria, “pues es claro que el procedimiento arbitral no podía continuar en base al calendario previsto antes de dictarse la sentencia de casación en el juicio de Lago Agrio por parte de la Corte Nacional de Justicia”. A criterio del Procurador, es “evidente que esta controversia no responde al ámbito de un arbitraje de inversión y que el Tribunal ha rebasado los límites del derecho internacional al asumir una competencia que no tiene, lo que afecta la validez de cualquier decisión que adopte en el futuro, generando la posibilidad de que el Estado ecuatoriano demande su nulidad”.
García ratificó que la defensa del Estado seguirá sosteniendo que la demanda de Chevron fue planteada de forma prematura al no haberse agotado todos los recursos y acciones de la ley otorga a la compañía para oponerse a una sentencia judicial.
En el 2006, Chevron-Texaco inició un procedimiento arbitral internacional en contra del Estado ecuatoriano ante la Corte de la Haya, basándose en el TBI, suscrito entre Ecuador y EE.UU, en 1993, pero que entró en vigencia en 1997. El Tribunal se declaró competente y condenó al pago del Estado ecuatoriano de 96 millones de dólares . A esta caso se conoce como Chevron II.
No obstante, en el 2009, la transnacional demandó de nuevo al Estado para que se declare que el Ecuador incumplió con el TBI.
Sin embargo, el canciller Ricardo Patiño comentó que el TBI no contempla ninguna claúsula retroactiva. Y que si hasta el 2006, las demandas de Texaco se mantuvieron ante los tribunales sin decisión fue porque Texaco no tomó las medidas necesarias para impulsarlos y que resolvieran, "no mandaban los documentos que los tribunales pedían", dijo Patiño.
