Tratado constitutivo de centro de arbitraje de Unasur está prácticamente listo

Fue en octubre de 2012 cuando el presidente de la República, Rafael Correa, instó a la región a unirse para crear un centro regional para resolver controversias de inversiones. Habían pasado pocos días de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones (Ciadi) emitiera un fallo a favor de la compañía Occidental Petroleum Corporation Oxy. El Estado ecuatoriano debía pagar $ 2.300 millones.

“Si peleamos individualmente los países sudamericanos contra el gran capital será éste el que nos ponga las condiciones”, dijo en esa ocasión el Mandatario. “Pero si se pelea en conjunto —agregó— la región pondrá sus condiciones”.

La iniciativa lanzada por Ecuador comenzó a tomar fuerza en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Reuniones entre cancilleres y grupos de trabajo comenzaron a diseñar la arquitectura de la iniciativa, que tuvo un mayor impulso en la cita ordinaria de Mandatarios que se realizó en Surinam en 2013.

El viernes pasado terminó en Quito la IX reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel de Solución de Controversias en Materia de Inversiones de la Unasur. Durante una semana de trabajo se avanzó en el acuerdo constitutivo del Centro de Solución de Controversias, cuyo objetivo es convertirse en la alternativa al Ciadi.

América Latina es la región que acumula el mayor número de litigios en tribunales de arbitraje extranjeros. La cifra se ha disparado en las últimas 2 décadas. De 6 demandas que había entre 1987 y 1995, el número aumentó a 314 en el período 1996-2008. El objetivo es que la nueva instancia mantenga el equilibrio entre los intereses de los Estados y de los inversionistas. 

Según Marco Albuja, quien ha laborado en la iniciativa desde que era vicecanciller, la finalidad es que los 12 países de la Unasur usen el centro. Para ello se requieren estándares internacionales que compitan con el Ciadi.

El actual vicecanciller, Leonardo Arízaga, señaló que Ecuador tiene un mandato claro sobre el tema. Por eso se dio un plazo hasta la inauguración de la sede de Unasur en Quito para que termine el trabajo del grupo. Para julio se ha previsto una nueva cita. “Vamos a tener las reuniones que sean necesarias para cumplir el trabajo que es muy complejo porque en los 12 países hay normas jurídicas diferentes”, aclaró Arízaga.

A más del fallo a favor de Oxy y las acciones judiciales que han favorecido a otras transnacionales (Chevron, por ejemplo), la iniciativa ecuatoriana también se debe a la Constitución de Montecristi. El artículo 422 de la Carta Magna establece que “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

En el mismo artículo se exceptúan los tratados o instrumentos internacionales que creen instancias arbitrales regionales. Por eso la nueva entidad de la Unasur no solo es un ejercicio de soberanía, sino que Ecuador cumple con la norma constitucional.

Actualmente Ecuador enfrenta 15 litigios internacionales, de los cuales 12 son arbitrajes de empresas petroleras y mineras. Por decreto ejecutivo, el 6 de mayo de 2013 se creó la Comisión Integral Ciudadana para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones (TBI). El fin de esa entidad es estudiar esos tratados por los que Ecuador acepta la jurisdicción de los tribunales arbitrales para establecer su legitimidad.

Paralelamente, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional lleva adelante un proceso de denuncia de estos acuerdos. Sin embargo, el presidente Rafael Correa lamentó que muchos de ellos tienen cláusulas de que si son revocadas, su vigencia durará aún 20 años más.

En el Ciadi, 15 jueces definen los juicios

Durante la década de los noventa y principios del nuevo milenio, Ecuador firmó una serie de tratados bilaterales de inversión, en los que el Estado cedió su jurisdicción ante instancias internacionales; en esos espacios el país debía resolver sus litigios, especialmente con compañías privadas internacionales.

Sobre la base de estos antecedentes, la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, María Augusta Calle, afirma que no es posible que el Estado ecuatoriano continúe cediendo jurisdicción ante organismos de mediación internacional fuera de Latinoamérica, porque contraviene la misma norma constitucional.

Además, asegura que en el caso de la petrolera Oxy, al menos uno de los miembros (no lo nombró) del tribunal que juzgaba el litigio entre el gobierno y la petrolera era uno de los mayores accionistas de Encana, empresa que se benefició cuando Oxy entregó la concesión, “era juez y parte”, asegura la legisladora. También afirma que hay investigaciones que establecen que en el Ciadi hay 15 jueces que definen los juicios más importantes entre los Estados y las compañías internacionales, “por eso hemos denunciado 15 tratados bilaterales de inversiones y se necesita una instancia de mediación internacional en Latinoamérica, qué mejor que sea dentro del ámbito de la Unasur como es la propuesta ecuatoriana” menciona Calle.