Luego de presentar su informe de gestión por el periodo 2015-2017, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, anunció ayer que deja las funciones constitucionales en la entidad. Esa decisión coincide con la fecha en que termina su periplo por el organismo electoral.

Aunque la continuidad de sus funciones estaba contemplada en el Decreto Ejecutivo 190, que reforma el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público, así como en el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General, él decidió alejarse de la institución.

Pozo comenzó sus funciones como consejero el 29 de noviembre de 2011 por cinco años. Sin embargo, el 16 de enero de 2015 fue designado  como Presidente del CNE.

Al cierre de su periodo, Pozo agradeció el apoyo recibido por parte de la ciudadanía y los trabajadores del poder electoral. Asimismo manifestó que se pone a disposición de la Contraloría para que le realicen un examen especial.

Cabe recalcar que durante sus funciones fue señalado por algunos actores de la oposición como cercano al régimen de Rafael Correa.

Su salida se da el mismo día en que el presidente de la República, Lenín Moreno, entregó dos decretos para que el CNE llame a consulta popular y referendo.

Asimismo, su decisión también se concreta en medio de la pugna interna que vive Alianza PAIS, sobre la cual el CNE no ha dicho nada. Pero no solo él terminaba ayer sus funciones.

La vicepresidenta Nubia Villacís, el consejero Paúl Salazar y las alternas Ana Marcela Paredes y Luz Haro también se encuentran en la misma situación.

Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se pronunciaban, aunque ellos pueden quedarse, ya que están facultados por el Decreto 190 y por el pronunciamiento que hiciera la Procuraduría General del Estado.

La prorrogación de funciones se da debido a que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no realizó a tiempo el concurso para la renovación parcial del CNE. (I)