En su primera sesión del pleno de la Asamblea Nacional que se posesionó el 14 de mayo pasado, abordó dos temas: la objeción parcial al proyecto de Ley de Semillas e inició el primer debate de la reforma a la Ley de Empresas Públicas.

El veto parcial del Ejecutivo que reforma el artículo 56  de la Ley Orgánica de Agro diversidad Semillas y Fomentos de la Agricultura, el cual permite el ingreso de semillas transgénicas únicamente para efectos de investigación científica, fue aprobado con 73 votos a favor, 55 en contra y 2 abstenciones.

El asambleísta Ricardo Zambrano, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, que elaboró el informe favorable al allanamiento al veto puesto por el expresidente Rafael Correa, explicó su decisión. Expresó que “está justificada la importancia en cuanto a la utilidad del ingreso al país de semillas y cultivos transgénicos exclusivamente con fines de investigación científica”.

Recalcó que la reforma mantiene el espíritu de la norma constitucional determinada en el artículo 401, que prohíbe el ingreso de ese tipo de producto para cultivos en el país. Dijo que la investigación científica en transgénicos permite desarrollar organismos y tecnologías aplicables a la reparación ambiental en sectores como el pecuario, petrolero y  salud. Añadió que estos productos resultan vitales en la protección de enfermedades, así como para la generación de tecnologías que permiten producir vacunas o fármacos.

Sostuvo que a veces se cae en contradicciones cuando se manifiesta que en Ecuador no se debe realizar investigaciones con transgénicos. Sin embargo, la insulina, penicilina, los tejidos que se utilizan en la piel de las personas quemadas, entre muchos  otros productos, contienen transgénicos que provienen de animales, bacterias y células cultivadas en laboratorio.

La legisladora Doris Soliz recordó que ya existe una brecha enorme con los países del primer mundo en cuanto a conocer e investigar todo aquello que se refiere a la biotecnología. “Todos los días consumimos transgénicos que están en los cereales y alimentos, pero gracias a las políticas de este Gobierno hoy, a través del etiquetado, podemos conocer por lo menos de qué tipo son”.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, manifestó que es fundamental señalar que la aprobación de esta Ley le permitirá al Estado generar un control más riguroso y extensivo de otras instancias gubernamentales, para evitar que semillas transgénicas ingresen al país para su venta.

Serrano explicó que la Ley permitirá a  instancias como la Asamblea convocar a autoridades para que rindan cuentas de cómo se está realizando el control de los diferentes productos que tienen relación con cultivos que pueden ser transgénicos e ingresaron al país de manera ilegal.

La discrecionalidad que actualmente se maneja tiene que ver con Aduanas o Policía: “Ahora podremos realizar  otro tipo de control en áreas como salud o agricultura”, señaló Serrano.

Reformas a la Ley de Empresas Públicas superó el primer debate

Durante el primer debate al proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, los legisladores plantearon  que para contratar a empresas auditoras externas especializadas e independientes para agilitar los procesos, la Contraloría debe elaborar los términos de referencia. Indicaron que dichos controles deben ser pertinentes y oportunos.

El proyecto de reformas a esta norma superó el primer debate. Durante su intervención y al referirse a la celeridad que se requiere para llevar a cabo las auditorías, el asambleísta Pabel Muñoz (AP), argumentó: “El año fiscal 2013 no puede ser auditado en 2016, eso es lo que pasaba en la gestión específica cuando determinadas empresas esperaban la autorización para poder auditar. Había un tiempo muerto que hacía perder oportunidad”.

El criterio de Muñoz coincidió con el de René Yandún (ID), quien planteó que sea la Contraloría la que elabore y apruebe los términos de referencia para contratar a una empresa privada. Así se asegura que sean respetados y que sean la línea de base a través de la cual la empresa privada ausculte e informe la realidad de estas empresas.

Y resaltó que el objetivo es contratar diligentemente a empresas auditoras, aunque aclaró que el espíritu de reformas a la Ley de Empresas Públicas no es que desaparezcan los controles.

Incluso, planteó otros cambios que tienen que ver con el segundo artículo del proyecto de reformas, referente al manejo y administración de las empresas públicas. Dijo que debe quedar claro quién va a presidir el directorio de la empresa coordinadora y propuso que sea el ministro del ramo, ya que esa persona debe tener conocimiento del giro del negocio, como de petróleo, minas o electricidad.

Finalmente, el asambleísta Luis Fernando Torres comentó que su movimiento Tiempo de Cambio trabaja en una reforma constitucional al artículo 315 para que las empresas públicas no sean las que se apoderen de toda la gestión pública nacional. Resaltó que ha llegado la hora de desarrollar un camino para que el Ecuador no dependa de su gestión.

El Legislativo condecoró al embajador chileno

El titular de la Asamblea, José Serrano, impuso la ‘Condecoración Vicente Rocafuerte’, al mérito social, a Gabriel Ascencio Mansilla, embajador de Chile en Ecuador.

Se reconoció así el aporte del diplomático chileno al promover una agenda recíproca dirigida a fortalecer los lazos de amistad, solidaridad y cooperación entre las dos naciones.

Gabriel Ascencio Mansilla afirmó que “es un honor inmerecido, pero que me llena de alegría, orgullo”. Dijo que considera a Ecuador como su otra patria y que es lo mejor que le ha pasado en su vida. (I)

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Comisión analizó veto al Código de Seguridad

Después de que el pasado 12 de mayo la Asamblea aprobara el Proyecto de Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público y que el Ejecutivo enviara el veto parcial, el miércoles la Comisión de Relaciones Internacionales aprobó las observaciones.

La Comisión, presidida por Doris Soliz, recibió al viceministro del Interior, Diego Fuentes, quien afirmó estar de acuerdo con las observaciones, donde constaba la  creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales, la cual el Ejecutivo dijo no ser oportuno porque resultaría complejo, costoso y difícil. Por ello dispuso se determine 180 días para que el Consejo de Educación Superior realice estudios para que universidades públicas incluyan carreras relacionadas.

Incluso, Soliz propuso que en el informe no vinculante que presenten a la Comisión se sugiera el fortalecimiento del Instituto Tecnológico Superior de la Policía.

A la reunión asistió Martín Saquicela, de la Comisión de Tránsito. Pidió se ratifique lo aprobado por la Asamblea con respecto a la liquidación de Cesantía de miembros del Cuerpo de Vigilancia que acrediten 15 o más años de servicio. Soliz replicó que la observación del Ejecutivo no afecta a los trabajadores y se allanó a que se entregue la prestación complementaria de cesantía a quienes acrediten 20 años. (I)

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Bonilla se reunió con líderes de 12 mesas legislativas

El pasado miércoles, los presidentes y vicepresidentes de las 12 comisiones de la Asamblea Nacional se reunieron con la primera vicepresidenta, Viviana Bonilla (PAIS), para manifestar las prioridades que tiene cada una de las mesas para los primeros 100 días y elaborar la agenda legislativa.

Bonilla aclaró que esta hoja de ruta responderá a las demandas ciudadanas y que el presidente del Legislativo, José Serrano, trabajará en los temas que abordaron los titulares de las comisiones. Por eso afirmó que en los próximos días dará a conocer a la ciudadanía en qué consiste el plan legislativo.

Dentro de la reunión también se plantearon mecanismos de participación de todos los asambleístas en el trabajo legislativo. En este tema la vicepresidenta insistió en que la agenda de trabajo deberá sintonizar con los requerimientos de la ciudadanía.

“Lo importante es que los 137 asambleístas conozcamos cuál será la agenda de trabajo de todas las comisiones, porque eso nos permite enriquecer el debate”, puntualizó. Dijo que ese tipo de acercamientos y reuniones podrían desarrollarse cada 15 o 30 días.

Aunque fue una “reunión exploratoria”, Bonilla exhortó a los presidentes de las distintas mesas legislativas a fijar y compartir la agenda de trabajo. Al mismo tiempo invitó a los demás legisladores para que también propongan temas en los proyectos que se tratan.

La reunión de este miércoles se dio luego de que, en días pasados, Bonilla ya adelantó que los legisladores sesionarán tres semanas al mes, mientras que la cuarta trabajarán en territorio. “Tenemos que construir una relación con la ciudadanía”, indicó. (I)