El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer con 98 votos a favor, 3 negativos y 23 abstenciones, la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Esta es la primera normativa que aprueba el Legislativo con el proceso de consulta prelegislativa en este 2016. Estuvieron 124 legisladores presentes en el debate, que se inició en diciembre pasado.

La normativa está compuesta por 132 artículos, además de 12 disposiciones generales, 5 reformatorias, 24 transitorias y 5 derogatorias.

Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, dijo que la normativa se socializó con 100 organizaciones en todas las provincias del país.

En el informe de aprobación hubo cambios, entre ellos, según Carvajal, la función ambiental y protección o cobertura forestal, en donde no se estableció un porcentaje, sino que se exigirá una cobertura vegetal y el Estado generará políticas a favor del mismo.

También se aclaró  que no hay restricción  para la inversión pública extranjera. El legislador dijo que no se permitirá la compra de tierras, pero sí la inversión para el desarrollo agrario. “La propiedad de la tierra debe seguir en manos ecuatorianas”, aclaró.

Hubo, asimismo, ajustes sobre las áreas de seguridad, la institucionalidad agraria y se facilitará el acceso al crédito de vivienda y producción de los agricultores como estaba establecido.     
Carvajal destacó que la norma se realizó con un “amplio sentido de participación y de escucha a los asambleístas y a la sociedad”.     

A su criterio, la norma mejora y garantiza la producción. “Prepara al agro para una época pospetrolera”, dijo el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quien señaló que, con la normativa, la tierra será redistribuida a campesinos que no tienen tierra o la tienen de mala calidad. “Mejora las condiciones de gobernabilidad del sector tierra con base a medidas técnicas”, destacó.

Justicia social y ambiental

De su lado, Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, recordó que la norma determina que 25 hectáreas para la Sierra; 75 en la Costa, y 100 en la Amazonía no están sujetas a expropiación, “las demás tienen que cumplir la labor social y ambiental que manda la Constitución”, dijo.

Agregó que si las tierras están abandonadas por más de 2 años o no hay producción serán afectadas por el Fondo de Tierras y se entregarán al agricultor.

El legislador explicó que si una propiedad tiene algo de producción, pero no cumple la función social y ambiental tiene un plazo de 1 año para mejorar las condiciones, y si en ese lapso no mejora tendrá un plazo de 6 meses con una multa del 10% del valor del catastro municipal para cumplir la norma. Pero que si en 1 año y 6 meses no cumple con la normativa se le expropia y se le compra la tierra. “No hay confiscación de tierra porque la Constitución no permite aquello, pero esa tierra se entrega a las organizaciones”, aseveró.

Indicó que la entrega se realiza con base a la unidad productiva familiar, que es una unidad de medida, que de acuerdo a las condiciones agroecológicas (altitud, presencia de carreteras, de mercado) calcula las hectáreas para las familias.  

Proaño explicó que no solo se entregará tierra sino un crédito productivo. Indicó que el monto del crédito dependerá del avalúo que se realice. La entrega de las tierras no podrá ser gratuita y allí es cuando funcionará el crédito, con intereses preferenciales, 3 años de gracia y 15 años para que se pague la propiedad, facilitando la producción.

Cayambe argumentó que ahora los comuneros serán sujetos de crédito. Sin embargo, estos créditos dependerán de la política financiera de las entidades y de lo que se quiera hacer en el ámbito comunitario. “Por fin ponemos candado para que nunca más se quite la zona rural y con ello garantizar alimentación y conservación del ambiente”.

José Agualsaca, presidente de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI), dijo que la ley crea un modelo justo de soberanía alimentaria.     

Santos Villamar,  de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), afirmó que “ahora la tierra está en manos de quienes la producen”, lo que soluciona problemas en el campo, entre ellos la tenencia y redistribución de la tierra. (I)

DATOS

La asambleísta Rosa Elvira Muñoz cree que el fondo aporta a la redistribución de la tierra y garantiza una nueva redistribución de las tierras, beneficiando al agro.

El legislador Mauricio Proaño dijo que el Fondo Nacional de Tierras está contemplado en la Constitución para la redistribución de tierras. Este fondo trabajará junto con la autoridad agraria nacional y la banca.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, dijo que en América Latina y en el Ecuador, la pobreza en la ruralidad está anclada a la falta de acceso a la tierra y la producción.

Para Rivadeneira, la Ley de Tierras fomenta la redistribución de la tierra, sobretodo con el fomento al crédito y la asistencia técnica para su mejor producción. “Garantiza un sistema integral de producción”, dijo.