Una conferencia académica organizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sirvió de ‘pretexto’ para que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, visitara Ecuador.

Allí aprovechó para referirse a la Ley de Comunicación ecuatoriana, que sin dejar de reconocer los avances que propone y la legitimidad que tienen los Estados para regular,  ratificó las observaciones emitidas en el pasado por el organismo al que representa desde el 6 de octubre.

Durante su corta estadía, el periodista uruguayo se reunió con sectores de la sociedad civil, particularmente interesados en impulsar radios comunitarias, que sentían vulnerado su derecho a acceder al espectro radioeléctrico, garantizado en la Ley de Comunicación.  

También aprovechó para reunirse con los vocales del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación (Cordicom) -sin que sea un encuentro oficial- y abrir nuevas fuentes de información útiles para la Relatoría.

A diferencia de su antecesora, la colombiana Catalina Botero, esta vez no hubo encuentro con Fundamedios, la organización que más procesos ha llevado a la Comisión por presuntas violaciones a la libertad de expresión.

Al actual relator, quien colaboró en la construcción de la Ley de Comunicación que está próxima a ser aprobada por el Parlamento de Uruguay, le interesa diversificar sus fuentes de información, así como las de financiamiento.

Por ello  4 horas antes de partir a Washington (EE.UU.), donde se encuentra la sede de la CIDH, el uruguayo dedicó 30 minutos para dialogar con EL TELÉGRAFO sobre algunos de los temas ‘prioritarios’ en la agenda mediática nacional.  Y sin dejar de reconocer los problemas que afectan a varias naciones de América Latina, destacó el trabajo desarrollado por la dependencia que dirigirá por los próximos 3 años.  

Quizá el tema que más le convoca es investigar acerca de la concentración de los medios de comunicación en poderes económicos, ya que ha sido -dijo- un aspecto recurrente en esta gira internacional.

En ese y otros ámbitos convocó a  investigadores y universidades a profundizar su análisis para alimentar las fuentes de información de la Relatoría.

¿Por qué la Relatoría se denomina para la Libertad de Expresión, ya que debido a su magnitud quizá ello la ‘reduce’  a ese ámbito y debería llamarse Relatoría para  los derechos a la comunicación?

En realidad, esa es su denominación, pero a lo largo de la historia ha abordado principios que están conectados con la libertad de expresión. Quizá desde una perspectiva más tangencial, la Relatoría ha tratado la concentración de medios y estamos trabajando en otros derechos, por ejemplo –heredé de la Relatora anterior- la libertad de expresión para los grupos LGBTI; con la relatora actual para la niñez  abordaremos el tema ‘Libertad de expresión, medios de comunicación y los derechos de los niños y adolescentes’; además trabajamos acerca de la libertad de expresión en la era digital, el derecho a la protesta social y acceso a la información pública.

Entonces quizá es solo un tema de nomenclatura, pero creo que la libertad de expresión resume todo lo que hoy se denomina como derechos a la comunicación y que la Relatoría ha abordado con los mecanismos que tiene al ser parte de un organismo de promoción y protección, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo internacional que debe ser muy respetuoso de los protocolos, de la sociedad civil y de los distintos actores.

También es cierto que la Relatoría surgió en el momento en que la región reclamaba la protección de su derecho a la libertad de expresión, más vinculado al trabajo de los periodistas que a los derechos civiles y políticos.

¿Hasta dónde las legislaciones que se  gestan en América Latina (Argentina, Ecuador, pronto Uruguay) contribuyen a ese propósito?

En medio del debate público, poco nos detenemos a mirar en retrospectiva.  Les decía en una conferencia en Flacso (la noche del jueves anterior) que cuando la Relatoría habla de estándares es a partir de las conquistas. Por ejemplo, si hablamos de que el desacato a la autoridad es incompatible a la libertad de expresión es porque un señor llamado Horacio Verbitsky fue condenado en la década de los 90  por denunciar la corrupción de su Gobierno (Argentina) y acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en donde se le reconoció que hubo una vulneración de sus derechos. Y si hablamos de pluralismo y comunidad tenemos que  referirnos al sistema de radios comunitarias para que se incorporen al sistema público. Si hablamos de acceso a la información nos referimos a los movimientos ambientalistas que han reclamado en nuestros países. Entonces hay Estados que avanzan con leyes integrales (sea una ley de telecomunicaciones, de radios comunitarios o la despenalización  de los delitos de comunicación), pero a veces nos cuesta ver esos avances.

Informes de ONG internacionales como  Human Rights Watch  hablan de innumerables violaciones a la libertad de expresión en países que coincidentemente son reconocidos  por sus gobiernos progresistas como Venezuela, Argentina o Ecuador. ¿Es tan grave la situación en América Latina?

Si uno ve con amplitud los informes anuales de la Relatoría, que muchas veces causan debate o polémica, notará que hay varios países con problemas en el ámbito de la libertad de expresión y son de distinto tipo. Por ejemplo, la violencia contra periodistas es algo que la Relatoría jamás ha ocultado y cuestionado, por eso emite informes anuales con recomendaciones para que no se vuelvan a cometer. También hacemos un seguimiento permanente a los temas de inclusión y del sector comunitario, a los problemas vinculados con la protesta social, sea porque han sido reprimidos de manera violenta o porque se han tomado acciones para impedirla; y lo hemos señalado en muchos países, no solo en Venezuela, hemos considerado a Brasil, a México, pero claro, notoriamente cada sociedad civil disputa aquello que más lo involucra.

En el caso de Ecuador ha habido una serie de episodios, en los últimos 2 años, sobre los que se ha pronunciado la Relatoría, pero cómo los amplifican o no algunos sectores es una cuestión que no le corresponde a la Relatoría.

Desde la sociedad civil se discute mucho sobre la participación del sector financiero (banca y corporaciones) en los medios de comunicación, hay quienes consideran que existe una vulneración de derechos porque están dominando los espacios desde donde se genera opinión…

Creo que hay un déficit para hablar sobre la concentración de los medios de comunicación o de la cooptación de la comunicación por actores ajenos. Quizá incluso desde el propio SIDH para implementar estándares que permitan atender esos temas, pero también hay un déficit desde la academia y posiblemente desde la sociedad civil. Es decir, hablamos de estas cosas en las reuniones pero a la hora de tener evidencias, datos duros o informes, hay poca información o nada.

Antes de venir a Ecuador estuve en El Salvador, Honduras y Perú, y en todos esos países hablan de empresarios que acumulan medios a través de testaferros y que conviven con el poder de turno, pero a la hora de documentarlo hay poco o nada.

Sin duda esto no es una excusa para que la Relatoría no lo aborde y eso está en mi plan de trabajo, pero también he dicho a las universidades que es hora de que los investigadores se involucren a profundidad para tener más elementos que nos permitan abordar el problema y saber cómo eso afecta la libertad de expresión.

¿Cómo precautelar la libertad de expresión en la era digital, cuando la información que se difunde atenta contra la integridad de las personas? En algunos casos -como noticias falsas sobre la supuesta muerte de personajes públicos- se originan desdeempresas transnacionales que no tienen sede oficial.

Hay un documento sobre estándares para Libertad de Expresión en Internet -lo recomiendo-  que aborda todos los temas vinculados a libertad de expresión como el bloqueo y filtrado de contenidos, la vigilancia y la garantía que tienen los ciudadanos para expresarse en internet sin ser vigilados por los Estados o actores privados, y cuál es la responsabilidad ulterior en internet.

¿Debe regularse la difusión de información en internet?

Hay que reconocer que Internet no es igual al resto de medios de comunicación, tiene una estructura descentralizada y ha crecido sin que un medio produzca esa información, ha posibilitado –como nunca antes en la historia de la humanidad- que los ciudadanos expresen públicamente su opinión, por lo tanto hay que ser cuidadosos.

¿Hay excesos? Sí, pero yo sería muy cuidadoso en legislar ese ámbito porque por limitar una patología no podemos anular un derecho que hoy utiliza la gente para asociarse o manifestarse. Pero también hay temas aún por resolver, como la propiedad intelectual, y sé, por ejemplo, que en Ecuador, apelando a la propiedad intelectual y a los derechos de imagen de un funcionario público, se han bajado contenidos de la web y eso es complicado para la libertad de expresión.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el último periodo, recibió por primera vez una audiencia sobre derechos humanos e internet promovida por organizaciones sociales de la región para hablar de esto. Hablamos de medios creados hace 300 años como la prensa escrita, o hace más de 80 años, como la radiodifusión, y aún estamos discutiendo cuál es la legislación adecuada, entonces, con internet, que apenas tiene unos 15 años, seguramente tendremos que esperar mucho. Creo que Brasil ha hecho un aporte importante en ese sentido, ya que cuando se discuten leyes en el marco civil hay que consultar a todas las partes involucradas.

Hay un tema polémico en Ecuador: catalogar a la comunicación como un servicio público. Hay posturas sobre que la comunicación adquiere un peso trascendental en el ámbito social y político, mientras que otros consideran que eso implicaría que el Estado se convierta en el tutelar de los derechos de comunicación.

Creo que el Estado tiene un papel en la comunicación, pero el asunto es determinar cuál es ese rol y cómo ser preciso con las definiciones en cada ámbito porque poner a la comunicación como un servicio público en la Constitución genera la preocupación de que el Estado tendrá que garantizar su calidad y prestación.

Pero si desglosamos la comunicación, veremos que hay aspectos que sí son de servicio público, otros son de interés general y otros de ejercicio individual. Por ejemplo el acceso igualitario de la población a la fibra óptica, la televisión, la radio, etc, es un ámbito que el Estado debe  garantizar; mientras que la prestación de la radiodifusión está sometida a una regulación y diría que desde el Estado debe existir la visión de que ese es un tema de interés general porque hay unas obligaciones que los medios de comunicación deben cumplir. Después hay un campo amplio a la expresión del pensamiento, por ejemplo, internet, las manifestaciones culturales de todo tipo, incluso la prensa escrita ha sido un espacio donde históricamente los sindicatos y movimientos sociales o el periodismo comercial han tenido la posibilidad de fundar medios sin la intervención del Estado, simplemente cumpliendo las normas, por lo tanto creo que ahí la intervención del Estado debería ser mínima.

¿Definir la comunicación como un servicio público sería una posibilidad para aquellas sociedades afectadas por la falta de equidad, la presión empresarial, etc., pero no una norma para todos los Estados?

En su momento la Relatoría se expresó sobre ese tema y si la discusión en la Asamblea sigue, seguramente, en algún momento, como lo hacemos con todos los temas importantes de la región no solamente porque sea Ecuador, pedimos información y enviamos recomendaciones, también nos expresaremos cuando sea el momento. Lo que sí creo es que los estándares que ha construido el sistema universal y de derechos humanos pasan porque la libertad de expresión es un derecho fundamental y preexistente a las regulaciones estatales. Por lo tanto, una normativa demasiado amplia que aborde la comunicación en cualquier condición puede ser complicada.

El presidente Rafael Correa ha cuestionado mucho el financiamiento que recibe la Relatoría y fue un tema polémico con la relatora anterior, Catalina Botero. ¿Cómo asimila esa crítica? ¿Es posible reformular el sistema de financiamiento?

Hay que aclarar que la Relatoría es un órgano que integra el organigrama de la CIDH, no es un órgano autárquico, pero tiene autonomía técnica y en su funcionamiento.

De hecho se acaba de crear -a pedido de países como Argentina, Uruguay, Brasil, y supongo que Ecuador acompañó la propuesta- una nueva Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que es positivo porque cuando hay un experto dedicado a trabajar un derecho, también tiene tiempo para generar los estándares, visitar los países, acompañar los procesos, generar conocimiento especializado en cada materia.

Y en cuanto al financiamiento, la CIDH, con los aportes que recibe de los Estados, no siempre puede costear las actividades que se planifican y lo mismo ocurre con casi todas las relatorías, por ello se acude a la cooperación internacional. La Relatoría, desde su creación, tiene que financiar su pequeño staff (colaboradores) con aportes internacionales.

Ahí radica la crítica, de que esa cooperación internacional pueda incidir o condicionar la agenda

No, para nada. No digo que haya mala fe en asegurar eso, pero sí hay un desconocimiento.

En la última  sesión de la CIDH, en octubre pasado, yo mostré mi plan de trabajo, con independencia absoluta, el mismo que presenté para el proceso de selección del relator, que fue público y al que se inscribieron cerca de 60 candidatos.

Pero claro, para la Relatoría es una preocupación diversificar esas fuentes de financiamiento y es posible que lleguen aportes de Finlandia, Costa Rica y Uruguay, ya que hasta ahora la mayoría de recursos proviene de Estados Unidos.

¿La Relatoría necesita un presupuesto que no es suficiente con lo que le otorga la OEA y requiere los aportes internacionales o es que la OEAno tiene los recursos para sostener un trabajo así?

La Comisión no tiene los fondos suficientes para financiar la actividad de muchas de las Relatorías, puede financiar su actividad ordinaria (sesiones, el trabajo de los abogados que reciben peticiones, etc.) pero a la hora de proyectar el trabajo y atender toda la cartera no es suficiente. Por ejemplo, tenemos en este momento 180 casos para procesar porque son personas que sienten vulnerados sus derechos y merecen que se les atiendaa satisfacción.

Atender un pedido significa pedir información a los Estados, trabajar de abogados, el trabajo del relator, eventualmente ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), litigar, etc. Entonces no es cierto que el dinero se utilice únicamente para hacer cartas de incidencia, es más, agradezco a las universidades, a la sociedad civil, a  los Estados, que muchas veces nos invitan para ofrecer charlas sobre estos temas, caso contrario tampoco habría presupuesto para eso. 

Datos

Edison Lanza es uruguayo y egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1997. Cursó estudios de posgrado sobre libertad de expresión y ley penal en la misma universidad.  

Actualmente realiza un doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, vinculado a los procesos de regulación de medios audiovisuales en la región. Ha ejercido el periodismo en distintos ámbitos.

Fue abogado de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el sindicato de los periodistas de ese país y periodista en diversos medios de comunicación en Uruguay.

Ha sido consultor de organismos internacionales en temas de libertad de expresión y derecho a la información, abogado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y docente en universidades de Uruguay.

Ha sido integrante de diversas instancias nacionales de supervisión del cumplimiento de normas relacionadas con la libertad de expresión y el acceso a la información pública, redactor de diversas iniciativas legales a nivel nacional y regional y en la defensa de los derechos humanos  fue representante de varias víctimas ante la Comisión Interamericana.

Fue designado miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay, luego de un proceso de selección basado en la producción académica en el área de las Ciencias Sociales vinculadas a las libertades informativas.

Entre 2010 y 2013 fue designado por el Gobierno de Uruguay para integrar el Comité Técnico Consultivo que elaboró las bases del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, recientemente aprobado por la Cámara de Representantes.  

La Asamblea Legislativa de El Salvador lo contrató para desarrollar un proyecto de ley que garantice el ejercicio del Derecho de Rectificación y Respuesta en febrero de 2013.