La defensora del Pueblo, Gina Benavides, expresó el pasado martes 5 de junio sus preocupaciones por las reformas a la Ley de Comunicación.

El jurista Enrique Herrería sostiene en cambio que la Defensoría del Pueblo siempre tuvo las competencias de promover, proteger y patrocinar derechos y no se le han otorgado capacidades sancionadoras.

¿Qué lectura efectúa a la  propuesta de reformas a la Ley de Comunicación?  
A mí juicio lo ideal sería que no existiera una Ley de Comunicación porque los medios tienen sus propios códigos deontológicos. Pero la Constitución obliga la existencia de una; me parece oportuno lo que ha hecho el Presidente de la República en expulsar las partes nocivas y antidemocráticas de la ley vigente.

La Defensora del Pueblo manifiesta su preocupación porque se le otorgaría a esta entidad atribuciones sancionadoras...
No se está insertando ninguna disposición nueva; se enfatiza que en el evento de que un ciudadano sea afectado por un medio pueda acudir a la Defensoría para que proteja sus derechos. ¿Cómo se protege su derecho? Convocando al medio de comunicación, al que se le puede trasladar el pedido de rectificación o réplica y en el evento de que el medio no lo acepte el Defensor del Pueblo puede concurrir ante un juez constitucional para demandar a través de una acción ordinaria de protección el reconocimiento del derecho lesionado.

¿Entonces la Defensoría no tendría una capacidad sancionatoria?    
De ninguna manera. Las críticas a la ley se dieron por las facultades sancionadoras a la Supercom y en este caso en ninguna parte del proyecto encontramos que esas atribuciones se trasladan a otra entidad.

Otra preocupación de la Defensora del Pueblo es que no cuenta con personal para cumplir las competencias asignadas...
Entiendo la preocupación, pero puede hacer una petición al Ministerio de Finanzas para que agregue partidas presupuestarias a  fin de atender las demandas, y al existir la posibilidad de que personal de la Supercom se integre a la Defensoría del Pueblo en ese momento tendría personal y recursos para asumir acciones que están en la Constitución. (I)