Los dirigentes de 90 cámaras de Comercio del país, reunidos en la Federación Nacional de  Cámaras de Comercio de Ecuador, rechazaron los proyectos de ley que reforman los impuestos a la plusvalía y a la herencia.

Los empresarios representados por Pablo Arosemena, quien es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dijo que no solo representa a los grandes conglomerados sino sobre todo a las pequeñas y medianas iniciativas. Según datos de la entidad, sus socios son alrededor de 9.000 y el dirigente enfatizó que 8 de cada 10 socios son pequeños y medianos.

De hecho son los empresarios que lideran la protesta contra los proyectos de la ley en la Asamblea. El propio Arosemena en cada entrevista promocionó la etiqueta ‘#MiTrabajoEsParaMisHijos’, pero ¿cuál es la verdadera representación que ostenta?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró en Guayas 67.565 comercios al por mayor y menor, que incluye a los relacionados con reparación de automotores y motocicletas. No hay un dato específico de Guayaquil, pero al ser la capital provincial es en esta ciudad donde se agrupa la mayoría de negocios.

Así las cosas en la Cámara de Comercio de Guayaquil está únicamente agremiado el 13% de los negocios de la provincia. Sus líderes siempre han sido los dueños de las grandes compañías (en su mayoría familiares), que a su vez también son sus principales aportantes.

De hecho, hace 2 años, cuando el edificio Las Cámaras de Guayaquil se incendió y luego de su reconstrucción se colocó un enorme letrero con el agradecimiento a las principales empresas de la ciudad. Un panorama similar ocurre en el resto de urbes.

En Cuenca, el INEC registró en el censo económico 17.312 negocios, de estos apenas 1.700 están representados por la Cámara de Comercio de la capital azuaya, detalló el presidente del gremio, Jaime Moreno Martínez. Él aseguró que la afectación del impuesto es importante porque el 80% de sus socios es de empresas familiares, entre pequeñas y grandes.

A esta realidad se suma que la Economía Popular y Solidaria ha sido una de las prioridades de este Gobierno. Entre 2007 y 2012 la Corporación de Finanzas Populares y el Instituto de Economía Popular y Solidaria cofinanciaron 754 emprendimientos económicos por $ 33’000.000, que beneficiaron a 69.000 familias.

Para ellos el  Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) entregó 1’025.249 en créditos de desarrollo humano. Y este grupo de pequeños empresarios tampoco está representado por las cámaras.

Ellos forman parte de las personas que salieron de la pobreza y que ahora generan sus propios recursos y hasta pueden brindar empleo.

Ecuador reconoce constitucionalmente tres niveles de economía: pública, privada y popular y solidaria. Ese fue un hito de la Constitución de Montecristi. Y en este Gobierno se aprobó también la Ley de Economía Popular y Solidaria.

En el país funcionan 73.876 compañías activas registradas en la Superintendencia de Compañías. Mientras que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene un registro de que 7.249 cooperativas y asociaciones integran este sector. Entre ellos están 2.382 cooperativas no financieras, 3.959 asociaciones y 12.000 cajas y bancos comunales.

Pedido de los empresarios

La Federación de las Cámaras pidió ayer a la Asamblea que archive los proyectos enviados el 5 de junio al Legislativo. Tampoco asistirán a la socialización de las reformas que se hará durante 30 días en la Asamblea porque consideran que no hay nada de qué hablar.

El principal argumento es que “trabajamos para dejarle algo a nuestros hijos”, detalló Arosemena. Mientras que, Moreno calificó de un atentado en contra de la familia porque en el país la mayoría de empresas se origina en el núcleo familiar.

Es el mismo discurso que enarbola Guillermo Lasso, exbanquero y dirigente del movimiento Creando Oportunidades (CREO) que hoy ha convocado a una marcha en el puerto principal. Los empresarios no llamaron a sus socios a las calles, pero los dejaron en libertad de que se expresen en la forma que crean más conveniente. (I)

DATOS

En 1920 se creó la Ley sobre el Impuesto a las herencias. En 1928 se expidió la Ley del Impuesto a las Sucesiones.

El 17 de mayo de 2009 se aplicaron reformas a los ingresos provenientes de herencias, de todos los bienes en el país. La base imponible se fijó en $ 55 mil. La declaración se debe efectuar con el carácter de obligatorio por medio del SRI. En 2008, la base era $ 50 mil.

El 1 de enero de 2011 entró en vigencia el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno en donde consta que las herencias, legados y donaciones que tributarán partirán de $ 58.680.

El 5 de junio de 2015 el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Redistribución de la Riqueza. Hay un plazo de 30 días para aprobarlo. (I)