Pedro Solines, secretario de la Administración Pública, sostiene que, de común acuerdo, en conversaciones entre el Issfa y la exministra del Ambiente, Lorena Tapia, se decidió consultar al procurador del Estado sobre el proceso de compra de los 66 lotes en Los Samanes, en Guayaquil.

El funcionario de Estado señaló  que el problema se originó cuando se detectó que para la venta de los terrenos en el 2010 se usó  el avalúo de la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros (Dinac), mientras que para la adquisición de nuevos terrenos se utilizó el avalúo del Municipio. “Allí se cae en cuenta que en los anteriores terrenos se había pagado en exceso, porque se había tomado un avalúo de una institución que no era la competente, según la ley de contratación pública”, argumentó Solines.

El funcionario de Estado explicó que el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera,  en octubre de 2013 y en febrero de 2014, insistió sobre el pago en exceso. Mediante un comunicado, Mera solicitó que las instituciones involucradas  se pongan de acuerdo para la devolución de lo pagado en exceso.

Detalló que el trámite de devolución no solamente implicaba la entrega de recursos económicos; es decir, dinero en efectivo, sino que el proceso se podría realizar mediante algún mecanismo de negociación o compensación de terrenos a futuro. Entre los mecanismos, detalló, estaba decir: “señores, aquí están los $ 41 millones, la otra es, señores, si ustedes quieren comprar nuevos terrenos descontemos de eso o compensemos por deudas cruzadas”, explicó.

Solines destacó que hay una deuda de $260 millones del Estado con el Issfa y que esa transferencia debe realizarse en los próximos meses. “Si nosotros les debemos más, lo que debemos hacer es descontar. Esa sería la solución”, dijo.

El secretario de la administración Pública enfatiza que la “orden del señor Presidente es que se descuente esos valores cobrados en exceso de las transferencias que tiene que hacerse al Issfa (...) De lo que tengo entendido la disposición del Presidente de la República es firme de hacer ese débito de las futuras transferencias”, recalcó.

Según Solines, el problema actual con el Issfa es “político” y responde al “año electoral”, por ello señaló que hay ciertos sectores que buscan desinformar a la población, más aún “cuando el Estado le da entre $300 y $500 millones anuales al Issfa”. Enfatizó que actualmente se consulta cuál es el patrimonio, activos,  rentabilidad en los últimos años, así como el crecimiento del Issfa del 2007 al 2015, tanto en valores como afiliados. “Es una ridiculez decir que el gobierno quiere cogerse esos $ 41 millones por la situación del país, cuando hablamos de un presupuesto de miles de millones que se les entrega”, enfatizó.  

El secretario de la Administración Pública cuestionó la responsabilidad del Issfa en el caso. A su criterio “hay un falso espíritu de cuerpo entre ellos. ¿Por qué ellos no explican por qué firman una escritura pública para comprar los terrenos en 58 millones de sucres el 29 de junio de 1998, mientras en un convenio de pago, firmado entre el Ministro de Defensa y el director del Issfa, luego ponen $ 16 millones en el mismo año que firmaron los terrenos en 1998”. Recalcó:  “¿Qué hay detrás de eso?, ¿Qué explicación dan las FF.AA. de esto?”, cuestionó.

Solines se refirió a la propuesta de límite de las pensiones jubilares de los oficiales mayores. Detalló que estos cambios deberían plantearse como “una reforma legal” para  generales y coroneles que ganan más de $ 2 mil o $ 3 mil.

Sobre las declaraciones de la excúpula militar, Solines aclara que “si tenían un reclamo, por legítimo que sea, tenían que canalizarlo a través de los canales correspondientes”, pero que realizaron las declaraciones “no como afiliados al Issfa, no como partícipes del Issfa, sino como comando conjunto de las FF.AA y para eso no les paga el Estado”.

Señaló que el alto mando militar debió salir de civil “y, si se sintieron afectados,  señalar que interpondrán las acciones correspondientes en los canales administrativos del área pertinente”.

Según Solines, los uniformados no podían  hacer esas declaraciones, “no solo porque no tenían autorización del Ministro de Defensa, sino porque no podían usar el uniforme de las FF.AA., así como los cargos, para inmiscuirse en los asuntos de orden administrativo”, dijo.

Reiteró que las FF.AA. son una “institución importante, pero que están subordinadas al poder civil y no el poder civil subordinado al poder militar”.

Cree que los ataques responden a intentos desestabilizadores, con el objetivo de “molestar y aturdir al gobierno del presidente Correa (...) al ser un año electoral,  saben que aún sin la presencia del presidente Correa se les va a ganar en las próximas elecciones, tienen que apuntar todos sus dardos y baterías a lo que hace el gobierno”, agregó Solines. (I)