En una democracia con calidad, la justicia es oportuna, veraz, ecuánime y sin sesgos de ningún orden. La administración de la justicia no reconoce partidos, marcas, personas ni grupos de interés, dice  Pacto Social, una plataforma que está conformado por 80 organizaciones de la sociedad civil, la academia y sectores productivos de todo el país.

Ellos trabajan en una agenda ciudadana sobre ocho mesas temáticas: economía, agricultura familiar-campesina, educación, salud, desarrollo local y descentralización, ambiente, violencias y lucha contra la corrupción y la impunidad.

Para el coordinador de Pacto Social, César Ulloa, la relación entre democracia y justicia determinan la eficiencia en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero también la movilización y participación de la ciudadanía con su capacidad para investigar y denunciar entramados de corrupción como fueron los casos Odebrecht y Arroz Verde que marcan un hito en la historia.

Según Pacto Social, evidencian la importancia del escrutinio ciudadano en el financiamiento de la política, la manera cómo se produce la designación de los cargos de alta representación, las relaciones anómalas entre las funciones del Estado en un manto de porosidad y acuerdos por fuera de la ley.

“La corrupción en Ecuador ha sido histórica, sistemática y con una inmensa capacidad de renovarse. Por esa razón, hay que mirar sus raíces e impedir que tenga futuro. Una sociedad que combate la corrupción con una eficiente administración de justicia saca del juego la polarización entre los ciudadanos y las ciudadanas, la victimización y los falsos protagonismos”, dice Ulloa.

Por eso, la justicia debe actuar con la misma contundencia en todos los casos sin mirar encuestas, presiones o amenazas de ningún tipo. La transparencia incentivará una mejor y mayor participación política de las actuales y nuevas generaciones, porque volverán a creer en el sistema político, señala.

“Es indispensable prevenir la corrupción a todo nivel, desde lo cotidiano hasta las altas esferas del Estado mediante la ética individual y pública, y una verdadera educación en ese sentido”.

La organización subraya que ningún gobierno a escala nacional o local puede usar el dinero del pueblo para sus intereses ni para los de ningún grupo. Cada dólar que se va hacia la corrupción resta las posibilidades de acceso a la educación, salud y servicios públicos de todos los ciudadanos, dice.

Sin embargo, recalca, que las acciones y decisiones de las instituciones del sistema de justicia: la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia abren nuevas perspectivas de futuro para todas las generaciones, porque exigiremos que se siga actuando de manera implacable con las personas que quieran hacer del Estado un botín personal o grupal. Este hito permitirá restaurar la institucionalidad y mejorar la democracia tan venida a menos en los últimos años. (I)