Quito

Al frente de la Secretaría de Gestión Política, Viviana Bonilla maneja los contactos con todos los sectores. Primero con los gobiernos autónomos descentralizados, a los que explicó sobre la revisión de las subvenciones del Banco del Estado.

Pero también mantiene diálogos con sectores sociales para desmentir las tesis de los indígenas opositores a la Ley de Recursos Hídricos. Ella explica cómo ha desarrollado estas labores. Además anuncia los nombramientos de 7 nuevos gobernadores provinciales.

La semana pasada se aprobó la Ley de Aguas y al mismo tiempo se convocó a una marcha en rechazo. Por los resultados parecería que no tuvo impacto y la ley se aprobó con una amplia mayoría. ¿Qué lectura hace de este proceso?
La aprobación de la Ley de Recursos Hídricos constituye un hito en la historia de nuestro país. Ya era tiempo de que las demandas de nuestros campesinos sean escuchadas y logren integrarse en un marco legal transparente que busca el acceso equitativo a un recurso tan importante como es el agua. Considero que la ciudadanía ha reconocido el esfuerzo que hemos realizado y por ello ha rechazado los dizque levantamientos de los mismos actores políticos de siempre: de las dirigencias que intentan manipular a la gente y de todos aquellos que pretenden socavar nuestro proyecto político revolucionario. Detrás de esta marcha están los mismos de siempre, los que se opusieron a la consulta popular, los que se opusieron al bachillerato unificado, a la evaluación de profesores, a la educación de calidad, quienes se opusieron a la Ley de Educación, al Cootad. Detrás de esta marcha están quienes destruyeron la educación en este país; son actores políticos deslegitimados por nuestro pueblo que ya los conoce. La Ley de Recursos Hídricos crea, precisamente, un escenario de equilibrio, propicio para el desarrollo del campo y para la instauración de la soberanía alimentaria. Debo enfatizar que esta ley recogió las demandas de 1.609 organizaciones sociales e indígenas del país.

Desde varios sectores se induce a pensar que hay una intensa movilización social. ¿El Gobierno mide eso como un problema o como una expresión de inconformidad?
Lo mide como lo que es: una manifestación política de quienes pierden privilegios y pretenden utilizar a las comunidades desinformando o tergiversando el espíritu de la ley y sus contenidos. Debe reconocerse –igualmente– que los objetivos de la  movilización no están bien definidos y han intentado acaparar una serie de temáticas con el fin de atraer un mayor número de adherentes. Esto podría hacer creer a la opinión pública que la movilización social es intensa, cuando en realidad cuenta con pocos adeptos.

¿Se puede considerar entonces que funcionan los mecanismos de diálogo y de entendimiento con los actores sociales?
Los mecanismos de diálogo y concertación funcionan eficazmente siempre y cuando exista un reconocimiento del otro. Ahora bien, si un proceso de diálogo empieza con un deseo de imponerse sobre la voluntad del otro, minando sus argumentos sin la menor predisposición de escuchar, el diálogo tiende al fracaso. Con el Gobierno de la Revolución Ciudadana hemos instaurado la posibilidad de dialogar no únicamente con las organizaciones sociales, sino también con los organismos seccionales en todos los niveles de gobierno. No obstante, apuntamos a que aquel diálogo sea genuino y esté despojado de disfraces y de dobles intencionalidades. Nosotros siempre mantendremos una predisposición al diálogo, a buscar coincidencias en beneficio de nuestro pueblo.

¿Cree usted que la relación con los GAD se fortalece a partir del debate abierto sobre determinadas competencias o hay riesgo de roces y conflictos?
Hemos buscado siempre un debate abierto y transparente con los GAD. Es a partir de ese debate que construimos grandes acuerdos  locales y nacionales a fin de apoyarnos mutuamente. Lo importante es que cada uno de los GAD cumpla con las competencias legales previstas para ellos. Agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial son competencias de los municipios. Nosotros como Gobierno central los apoyamos a través de créditos o subsidios, pero es importante que todas las instituciones que forman parte del Estado cumplan sus roles. El desarrollo se construye desde lo local y para ello es necesario que la inversión que realizan los municipios se priorice en atender las necesidades de sus conciudadanos.

¿La elección de las nuevas autoridades de AME y Congope genera una mejor relación entre el Ejecutivo y los GAD?
Somos respetuosos de los resultados que se presenten dentro de cada uno de los espacios democráticos. Nuestra posición es de diálogo permanente con todos los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. La designación de sus representantes no está dentro de nuestro ámbito de competencia y siempre hemos demostrado predisposición para trabajar con todos.

Desde la Secretaría de la Política, ¿cómo evalúa el proceso de gestión con las gobernaciones? ¿Hay una buena articulación con los proyectos del Ejecutivo en los territorios?
Las y los gobernadores no solo deben articular un trabajo con los proyectos del Ejecutivo en el territorio, su labor es mucho más amplia. En ese sentido, necesitamos que su gestión se fortalezca y se amplifique. Desde la SNGP estamos trabajando intensamente para lograr tal efecto, y auguramos que su gestión tendrá mucha más incidencia en los  próximos años.

¿Si hay una evaluación están previstos cambios, reajustes y/o nombramientos nuevos?
Tenemos un trabajo importante desarrollado por los gobernadores, sin embargo, creemos que debemos robustecer su labor, más aún cuando la oposición se está uniendo para hacer que nuestro proyecto político no logre la consolidación que requiere para volver irreversibles los logros alcanzados. De ahí que, en algunos casos serán ratificados los representantes del Ejecutivo en las distintas provincias, y en otros casos buscaremos nuevos cuadros que fortalezcan nuestra posición en los territorios. Los nuevos gobernadores son Doris Merino Figueroa (Santo Domingo de los Tsáchilas); Diego Landázuri Camacho (Carchi); Diego Esparza Aguirre (Zamora Chinchipe); Juan Cárdenas Espinoza (Cañar); Yofre Poma Herrera (Sucumbíos); Diego García Pozo (Imbabura); Leonardo Berrezueta Carrión (Azuay).