Sector campesino insta a fortalecer juntas de agua

El fortalecimiento de las juntas de agua y la ejecución de obras para una mejor distribución del recurso fueron los pedidos frecuentes de las organizaciones campesinas que asistieron ayer a la consulta prelegislativa en Guayaquil.

La reunión estaba programada para las 10:00, pero comenzó con algo más de media hora de retraso. Duró cerca de 2 horas, en las que se acogieron los planteamientos.

En esta jornada de diálogos, que iniciaron la semana pasada en Cotopaxi y Carchi, asistieron el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño; los asambleístas, Ricardo Zambrano, Esthela Acero y Liuba Cuesta, quienes recogieron las inquietudes que servirán como insumo al proyecto de Ley de Recursos Hídricos, que irá a segundo debate.

Para Darwin Matute, secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (Fenacle), uno de los temas que preocupa es el manejo de juntas de agua, que actualmente está en manos de las comunidades rurales.

“Debe respetarse a las juntas, si decimos que se quiere dar a los municipios ese manejo, se está quitando esa prioridad a los campesinos, sobre todo porque algunos gobiernos locales se deben a ciertos grupos de poder, como los dueños de bananeras, mientras que el pequeño y mediano campesino no tendría suficiente acceso”, dijo.

Consideró que se debe capacitar a los miembros de las juntas para una mejor administración, aunque dejó abierta la opción de alianzas estratégicas con los municipios, pero el Estado, como dice la Constitución, debe ser el ente regulador.

Nelson Fuentes, dirigente de la Corporación Nacional de Agricultores y Usuarios del Agua (Conaua), abogó por una distribución equitativa, pues aseguró que los pequeños agricultores usan menos de medio litro de agua por segundo para sus fincas, mientras que dueños de haciendas utilizan más de 100 litros de agua por segundo. “Allí hay una inequidad en el manejo del recurso, que es un derecho y un bien público”, recalcó.

Coincidió con Matute en el fortalecimiento a las juntas. A su criterio, el Estado debe implementar políticas o crear un fondo para que se cumpla lo que estipula la Constitución, que la administración del recurso debe ser de carácter colectivo.

Bolívar Cedeño, presidente de la Unión de Montubios de Ecuador, que agrupa a sectores de Salitre principalmente, expuso un problema puntual: la construcción, desde 2007, del proyecto de riego Río Pula-Junquillal, pero que, según afirmó, por problemas de presupuesto no se ha culminado el trabajo.

Señaló que esta obra abarca 3.000 hectáreas de terreno fértil y se beneficiarían 4.000 familias. Con esta obra Cedeño consideró que se podría utilizar de mejor forma el agua, ya que cuando llega el invierno sufren por las inundaciones, mientras que en verano deben soportar la sequía en los campos.

Para el vicepresidente de la comisión, Mauricio Proaño, los aportes permiten socializar los resultados de los diálogos de las audiencias con las organizaciones de primer grado, efectuadas hace 2 años.

La Ley de Recursos Hídricos fue aprobada en primer debate, pero la Corte Constitucional instó a que se realicen estas consultas, antes de su segunda discusión. “Cuando una ley puede afectar derechos colectivos, la Corte tiene la atribución de fomentar una consulta prelegislativa”, expresó el asambleísta.

Proaño consideró que en la Sierra existen puntos críticos, como la autoridad única, pues sectores indígenas instan a que esa autoridad debe estar en un consejo plurinacional que tome las decisiones, pero la Constitución señala que por ser un recurso estratégico, es el Estado el que regula su administración.

“Se podría crear un espacio como un grupo consultivo, pero el Estado es el ente rector, luego viene una agencia de regulación y de allí estaría el consejo plurinacional que apoye la elaboración de políticas”, dijo.

Datos

El acto legislativo en Guayas es el séptimo de las 22 consultas prelegislativas que realizará la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, para discutir sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

Desde la semana pasada se han efectuado consultas en las provincias de Cotopaxi, Carchi, Tungurahua, Imbabura, Chimborazo, Pichincha y ayer también se realizó otra en Azuay.

Estos procesos continuarán hoy en Cañar y Santa Elena, mañana en Loja y Los Ríos y el viernes en Zamora Chinchipe y Bolívar.

Hasta el 12 de abril habrá diálogos con organizaciones de segundo grado de Manabí, Pastaza, Morona Santiago, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y El Oro.

El asambleísta Mauricio Proaño recordó que para la consulta en Guayas se inscribieron cerca de 9 organizaciones de segundo grado.

A estos grupos también se unieron sectores de campesinos que sumaron sus aportes al tema.