Reunión busca prevenir un posible pedido de medidas provisionales

¿Qué va a exponer Ecuador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), como lo anunció la ministra de Justicia luego de que indígenas de Sarayaku impidieran que Policía y Fiscalía verificaran si estaban escondidos allí los fugitivos de la justicia Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa?

La idea del Estado son dos: Por una parte exponer el cumplimiento de la sentencia emitida por ese organismo respecto al proceso Sarayaku (medidas cautelares), dictada en 2012, que está en proceso de cumplimiento, por lo cual a finales de abril el  Ministerio de Justicia coordinaba el avance de dicha sentencia.  Por otra parte, acudir de manera preventiva frente a la posibilidad de que hubiera un pedido de medidas provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o del pueblo Sarayaku en relación con los hechos de las últimas semanas.

Entonces queremos informarles lo que está sucediendo, lo que el Estado piensa respecto de las alegaciones de Sarayaku y prevenir que en un momento dado se pidan medidas provisionales o que intervenga la Corte-IDH bajo el supuesto de que se estaría atentando contra las decisiones adoptadas en la sentencia, lo que no está sucediendo actualmente.

Las medidas cautelares son para proteger al pueblo Sarayaku ante  al tema del retiro de pentolita y la consulta previa por actividades extractivas, ¿pero parece que se ha malinterpretado su alcance para albergar y proteger a tres fugitivos?

La sentencia del caso Sarayaku no tiene ninguna relación con la posibilidad de proteger a personas que tengan una sentencia ejecutoriada en la justicia ordinaria ecuatoriana. Los derechos que tiene cualquier comunidad o pueblo ancestral son la protección de su forma de vida, su cultura, cosmovisión, su relación con el territorio que tiene vinculación.

Esa protección está garantizada por el derecho internacional y el Estado, pero lo que sucede hoy no tiene nada que ver con la discusión, con la controversia que se llevó ante la Corte-IDH o su sentencia, ni con los tratados internacionales de protección de los derechos de las comunidades indígenas en el mundo.

¿Qué precedente deja la actitud en Sarayaku de acoger a 3 personas con problemas con la justicia?

Es grave. Implica la extralimitación de derechos de las nacionalidades indígenas y una violación del derecho interno ecuatoriano, no normada por el derecho ni los tratados internacionales.

¿Cómo hacer que el Estado haga sentir su presencia, autoridad, jurisdicción, antes de acudir primero a organismos como la Corte-IDH? ¿Por qué el Estado no juega su papel ahí, internamente?

La idea de acudir a la Corte-IDH no es para que nos permita ingresar a Sarayaku o ejercer jurisdicción o  actos de gobierno dentro del territorio ecuatoriano. No vamos a buscar una intervención ni una decisión de la Corte-IDH; es, más bien, un trabajo preventivo e informativo para ese organismo, ante eventuales acciones que pudieran haber en lo posterior.

Sin embargo, lo primero que hay que aspirar es a que la propia comunidad y sus dirigentes se den cuenta del riesgo en que están poniendo a su propio pueblo y al Estado, con la actitud que han tomado al tratar de proteger a personas que están siendo objeto de una sentencia.

¿Hicieron el pedido de audiencia con el presidente de la Corte-IDH?

Hemos pedido ya ser recibidos esta semana y estamos coordinando el momento para ser recibidos, lo cual posiblemente será a partir del martes (mañana).