El hacker australiano pasó seis años y 10 meses en la Embajada de Ecuador en Londres. Pero, el jueves 11 de abril, su asilo diplomático terminó por decisión del Gobierno ecuatoriano que encontró violaciones a la normativa de esta protección legal.    

Apenas se conoció ese anuncio, miembros de Scotland Yard (policía británica) ingresaron en la embajada con la orden de detención para el ciberactivista.    

El presidente Lenín Moreno defendió la acción de su Gobierno y explicó los motivos de la decisión ecuatoriana. “La conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra de Ecuador”, dijo.

Pero, sobre todo, agregó, la transgresión a los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable.

Recordó que por 82 meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto todas sus necesidades cotidianas en las instalaciones de la sede diplomática.

Recordó que cuando asumió la Presidencia heredó esa situación y fue necesario establecer un Protocolo de Convivencia. “Ecuador cumplió con sus obligaciones, según el Derecho Internacional. Pero el señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y Caracas”, explicó.

Incluso, el Jefe de Estado fue más enfático durante un acto que presidió en Latacunga horas después. “Le quitamos el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato”, dijo.

Moreno recalcó que para Assange este país era insignificante.

Para el Mandatario, “de ahora en adelante tendremos mucho cuidado en dar asilo y si lo hacemos debe ser a gente que realmente valga la pena y no a hackers miserables, cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, sostuvo.

Reacciones

En el Legislativo, asambleístas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la decisión del Gobierno. La oposición, la bancada del Bloque de Integración Nacional y los independientes expresaron sus muestras de respaldo.

Solo los parlamentarios de la Revolución Ciudadana se opusieron al retiro del asilo diplomático al pirata informático. Guillermo Celi, de SUMA, por ejemplo, indicó que fue acertada la decisión del Presidente de la República, puesto que el Estado ha malgastado $ 7 millones.

“Lo primero que debe realizar la Asamblea es iniciar un juicio político contra la excanciller María Fernanda Espinosa. Ella fue parte del entramado para entregar la nacionalidad ecuatoriana a Assange. Nosotros fiscalizaremos”, anunció.

Con él coincide el parlamentario Fabricio Villamar, de CREO, quien sostuvo que el informe del Gobierno sobre el caso Assange abre las puertas para un juicio político inmediato en contra de la excanciller María Fernanda Espinosa.

Para Ximena Peña, de Alianza PAIS, se requiere cautela y no politizar el tema para no generar una idea de persecución política contra los funcionarios que estuvieron al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se concedió  la ciudadanía a Assange.

En cambio, su colega Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, enfatizó que el Gobierno debe determinar responsabilidades de exfuncionarios. Entre ellos los excancilleres Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa.

Los legisladores, además, alertaron sobre la denuncia de la ministra del Interior, María Paula Romo. Ella reveló que desde hace varios años vive en Ecuador uno de los miembros clave de WikiLeaks y cercano a Julian Assange.

“Trabaja de manera cercana y ha viajado a otros países junto con Ricardo Patiño, quien era el canciller de la República cuando se le otorgó el asilo al ciberactivista”.

Pero él fue detenido para investigaciones cuando estaba a punto de viajar a Japón, informó. Además, la Ministra señaló que hay dos hackers rusos que residen en este país.

Según la secretaria de Estado, hay evidencias de que han colaborado con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno. “Estos datos, la identidad y la ubicación de dos hackers rusos, que también se encuentran viviendo en Ecuador, serán entregados en las próximas horas a la Fiscalía”, indicó Romo.

Para Villamar, “si existe un ilícito se requiere un acto urgente para detener a los mencionados hackers porque caso contrario se emitirán las órdenes de detención cuando ya residan en otro país”, dijo.

Mientras tanto, el abogado de Assange en Ecuador, Carlos Poveda, dijo temer por la vida del activista si es extraditado a Estados Unidos.  

En declaraciones en la Asamblea expresó su preocupación. “Ya lo habíamos advertido con anterioridad, por eso presentamos el sábado la acción de protección de Assange”, señaló.

El analista internacional, Iván Gómez, explicó a EL TELÉGRAFO que la decisión de Ecuador de retirar el asilo a Assange forma parte del ejercicio soberano de la política internacional.

Destacó que los Estados, según las normas, tienen la prerrogativa de otorgarlo o suspenderlo. “El Gobierno de Ecuador, el presidente Moreno, ha actuado en el ejercicio de su soberanía”, confirmó.

Sin embargo, el analista se pregunta por qué ¿si Assange era ecuatoriano continuó con el asilo político? “Un ecuatoriano no puede ser asilado en la embajada ecuatoriana en otro país”, sostuvo. (I)

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Contraloría trabaja en dos exámenes especiales

Sobre el caso Julian Assange, la Contraloría General trabaja en dos exámenes especiales. El primero está relacionado a la gestión administrativa referente a los costos incurridos por el Estado ecuatoriano para la manutención y la permanencia del hacker australiano en la Embajada de Ecuador en la capital de Reino Unido.

En ese informe, se analiza el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2018. El objetivo de ese examen es determinar la legalidad, veracidad de las operaciones administrativas y financieras sobre esos gastos.

El segundo examen especial es a la concesión de asilo político y naturalización del pirata informático, realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el período comprendido entre 1 de enero de 2012 al 30 de septiembre de 2018.

Esa investigación de la Contraloría determinará si los procesos de asilo y de ciudadanía ecuatoriana al ciberactivista y fundador de WikiLeaks se efectuaron de conformidad a la normativa jurídica y a los procedimientos previstos en la ley para esos casos. La Contraloría prevé concluir en 40 días esas acciones de control. (I)

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Expertos no descartan ataques informáticos

La posibilidad de un eventual ataque a los sistemas informáticos del país es una de las alertas que han generado expertos, como una represalia contra el Ecuador por la decisión del gobierno de retirarle el asilo a Julian Assange.

Uno de ellos es el exdirector de Inteligencia Militar, Mario Pazmiño, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Instituciones gubernamentales, el retiro del asilo de Assange va a generar la represalia de WikiLeaks sobre el sistema informático nacional. Es necesario activar los protocolos de ciberseguridad y ciberdefensa nacional”.

Sobre el particular, Carlos Jumbo, gerente de una empresa de seguridad informática, sostuvo que no hay que descartar esa posibilidad, pero que en lugar de encender las alarmas se debe más bien conocer qué tan preparadas están las instituciones públicas o privadas para prevenir esos ataques.

En 2010 hubo un ataque a las instituciones públicas por parte de Anonymous, de allí que todos deben mantener en forma constante sus niveles de control y protección. “Lo recomendable es que todas las instituciones tengan un sistema de detección para que no se vea afectada la información institucional”. Lo que sí lamentó es que en el país no exista una cultura de prevención, sino de reacción. (I)