El presidente nacional de SUMA, Guillermo Celi, anunció que el movimiento político prevé iniciar los procedimientos que lleven al enjuciamiento político de los integrantes del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la Asamblea Nacional.

Celi se pronunció así sobre la decisión que tomó el organismo de entregar los formularios para la recolección de firmas solicitadas por integrantes del colectivo Diabluma, como parte del proceso revocatorio del mandato del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.

El CNE acogió este martes 22 de mayo la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismo que se ratificó en la sentencia emitida el 23 de abril y en la cual fijó plazo para la entrega de los documentos que permitirán la recolección de firmas de respaldo para la convocatoria a una consulta popular en la que los quiteños definirán la permanencia de Rodas en el cargo.

Celi apuntó que la decisión del organismo electoral (en referencia al CNE) atenta a la institucionalidad y al Estado de derecho y, a la vez, establece un peligroso precedente.

SUMA argumenta que las autoridades debieron hacer valer el artículo 105 de la Carta Política, que establece: "La solicitud de revocatoria del mandato podrá presentarse una vez cumplido el primero y antes del último año del período para el que fue electa la autoridad cuestionada". Rodas y las demás autoridades seccionales elegidas en 2014 terminarán su período el 14 de mayo de 2019.

Los integrantes del movimiento señalan que este artículo debe interpretarse como que la presentación de la solicitud incluye la presentación de las firmas de respaldo. Sin embargo, quienes buscan la salida del Alcalde apuntan que la petición fue hecha con anterioridad y que demoras en el trámite del pedido son los que han retrasado la implementación del proceso.

Tras recibir los formularios, los proponentes de la revocatoria tendrán 120 días para recolectar las adhesiones que les autoricen a pedir la consulta popular.

Luego, el CNE deberá revisar las firmas y aprobarlas. Si este procedimiento es efectivo, deberá convocar al proceso electoral que podría concluir en la remoción del burgomaestre capitalino. (I)