Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), señaló  que la resolución de la Corte de Justicia de EE.UU. no afecta “en nada” a los demandantes ecuatorianos ni las acciones que siguen en otros países.     

Esa corte no dio paso a la apelación interpuesta por Chevron en contra de Steven Donzinger, quien fue abogado de los demandantes ecuatorianos hasta 2003.  

Este proceso se enmarca dentro de la Acción RICO, en la que el juez Lewis Kaplan había concluido (en marzo de 2014) que la decisión emitida por la Presidencia de la Corte de Sucumbíos en el caso Lago Agrio fue obtenida de forma fraudulenta y, adicionalmente, había objetado la integridad del sistema judicial ecuatoriano.

Donzinger denunció la forma “racista” como sentenció el juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Lewis Kaplan, en el juicio interpuesto por los indígenas y colonos de la Amazonía, así como la actitud “favoritista” hacia la transnacional. El juez Kaplan, en 2014, emitió una sentencia que prohibía que los afectados pudieran ejecutar la resolución del pago de $ 9.500 millones por el daño ambiental y humano en EE.UU.

Los afectados apelaron al Segundo Circuito de Nueva York, que en junio del año anterior emitió una resolución que ratificó lo que dijo Kaplan en ese momento; es decir “que no se podía cumplir la sentencia por supuestos actos indebidos del abogado Donzinger”. “Eso no es así, sabemos que los actos fraudulentos vienen de Chevron con el soborno hecho al exjuez Alberto Guerra Bastidas, por ejemplo, quien reconoció que Chevron le pagó para que mintiera”, dijo Fajardo, quien se refiere a la declaración juramentada de Guerra, en donde señaló que a cambio de dinero y de vivir en EE.UU. decidió testificar a favor de Chevron, ya que los abogados de los afectados le ofrecieron $ 500 mil a cambio de emitir un fallo favorable y asegurar que la sentencia contra la petrolera fue redactada fuera de la Corte de Sucumbíos, por los abogados de los amazónicos denunciantes y no por el juez  Nicolás Zambrano.

El fallo de la Corte de EE.UU. se refiere a un proceso  que interpuso Chevron en 2011 en contra de Donziger, quien en ese momento fue abogado de los perjudicados por la transnacional. Donzinger estuvo al frente de los demandantes ecuatorianos hasta 2003. Cuando Fajardo asumió la defensa de los afectados pensaron “bien el caso” y decidieron no apelar en ese proceso ante la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. “Sabemos que el sistema norteamericano no hace más que proteger a las corporaciones, sin importar el crimen que cometen”, dijo Fajardo.

Reiteró que la defensa ecuatoriana “nunca apeló”. Por ello cree que esa decisión es “una victoria falsa de Chevron” y que “no afecta en nada a los demandantes ecuatorianos, no tiene nada que ver con nosotros”, así como con los procesos que se realizan en Canadá, Brasil y Argentina. Explicó que esos procesos siguen y que esperan la fecha para la audiencia de apelación de una decisión que emitió un juez el 20 de enero pasado en Toronto (Canadá) y que en Brasil y Argentina continúan litigando. “Pese a las adversidades políticas de nuestros países, no hay una decisión”.

Decisión no invalida proceso

La Procuraduría General del Estado también se refirió al caso. Mediante un comunicado de prensa argumenta que la decisión de esa corte no surte efectos fuera de EE.UU. ni invalida la sentencia de una corte ecuatoriana que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada.

Señalan que la negativa de la Corte Suprema “no significa por sí misma una confirmación de las decisiones de las cortes inferiores, si no que la Corte ha concluido que el caso no amerita el uso de los limitados recursos de la Corte Suprema de los EE.UU.”. Explican que esa corte solamente concede este tipo de solicitudes en el 2% de los casos que se presentan al año, “por lo que no es raro que este sea uno de los casos rechazados”. (I)    

DATOS

Según afectados como José Medardo Shingre, la empresa Chevron a su paso por la Amazonía dejó más de 1.200 personas muertas.

Durante 26 años (1964-1990), la compañía explotó antitécnicamente petróleo, afectando la flora, fauna, aire, agua y la salud de los miembros de 5 nacionalidades indígenas de Sucumbíos y Orellana.

Las nacionalidades cofán, siona, secoya, waorani y kichwa se  vieron afectadas por la compañía petrolera. Se contaminaron los ríos y las fuentes de agua. Muchas personas tomaron ese líquido contaminado.

Los perjudicados esperan que los recursos del fallo lleguen. Ese dinero sería administrado por un fideicomiso y se lo invertirá en 7 áreas de recuperación y remediación ambiental y humana.