República Dominicana se solidariza con Ecuador por contaminación de Chevron
El canciller de República Dominicana, Juan Manuel Trullols, reiteró la solidaridad de ese país con el Ecuador por la contaminación que causó la multinacional Chevron, en la Amazonía ecuatoriana.
Trullols se reunió hoy con el canciller Ricardo Patiño, con quien conversó sobre la puesta en marcha del Observatorio de Empresas Transnacionales, según un comunicado de la Cancillería.
En el encuentro, además, dialogaron sobre las reformas para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la agenda para la próxima Cumbre de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), que se llevará a cabo en la Habana, Cuba, del 26 al 28 de enero, en donde, los países participantes propondrán la creación de una Red de Medios Públicos, los Centros de Mediación y Arbitraje, una red de Fibra Óptica, entre otros.
Patiño recordó que Chevron derramó en territorios y fuentes de agua de la selva amazónica ecuatoriana 80.000 toneladas de residuos tóxicos, lo que supone “el vertido más grande en la historia de la humanidad, 80 veces mayor a lo que derramó la British Petroleum en el Golfo de México.
El canciller ecuatoriano agradeció a República Dominicana por la solidaridad con Ecuador y mencionó que el próximo febrero se llevará a cabo en Venezuela la II Conferecia Ministerial de Estados Afectados por Intereses de Empresas Transnacionales.
Destacó el respaldo en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, a la propuesta del Ecuador de contar con un instrumento internacional de carácter vinculante para garantizar estos derechos en la relación entre Estado y corporaciones transnacionales.
Ecuador enfrenta una demanda interpuesta por la compañía Chevron-Texaco ante el Tribunal Arbitral de la Corte Internacional de la Haya, que se basa en un supuesto incumplimiento de las disposiciones del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado con Estados Unidos, el que entró en vigor en 1997, cinco años después de que Texaco abandonara el país.
