Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobadas el 14 de febrero pasado por la Asamblea tras allanarse parcialmente al veto del Ejecutivo, establecieron cambios importantes.

Uno de los principales es la eliminación de la Superintendencia de Comunicaciones (Supercom).

Hay un plazo de 180 días para la desaparición de la entidad, considerada un órgano sancionador y controlador de los medios de comunicación y de los periodistas, del gobierno de Rafael Correa.

Al momento, el extitular de ese organismo, Carlos Ochoa, está prófugo en Bolivia, donde busca asilo.

Ochoa es acusado de supuesta falsificación y uso de documento falso. La Supercom imprimió 300.000 textos de bolsillo de la anterior Ley de Comunicación, que introducía sanciones que no estaban establecidas en el articulado aprobado por la Legislatura. Con ello se sancionó a 11 radioemisoras.

Además, las reformas suprimieron el linchamiento mediático, que no existe en las normativas de otros países. También se eliminaron los artículos sobre las sanciones administrativas para periodistas y medios de comunicación.

Desapareció, asimismo, la figura del Defensor de Audiencias. También hay cambios en la ley. Por ejemplo, la concesión de frecuencias durará 15 años y existe la posibilidad de que sean renovadas.

Las reformas a la LOC señalan la importancia de proteger a los comunicadores con cualquier recurso en caso de que estos reciban amenazas durante el ejercicio de su profesión.

Otra modificación es la repartición del espectro radioeléctrico nacional que quedó dividido en 56% para medios privados, 34% para medios comunitarios y 10% para medios públicos.  

Resta que la Asamblea trate el artículo 5 de la LOC sobre la comunicación como un “servicio público”. Eso está en el texto de la  ley original de Correa. Pero este Gobierno sostiene que la comunicación es un derecho humano.

Para ello, el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley de reforma a ese artículo, mientras que la Asamblea lo tratará después de la vacancia legislativa.

Sin embargo, esos cambios todavía generan debate. El lunes 18 de febrero, la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, dijo a los medios públicos que a su juicio debió eliminarse la normativa y crearse una nueva.

Fierro argumentó su posición en la idea de que la LOC, creada y puesta en vigencia durante el anterior gobierno, “fue hecha con interés político y no por el bien común”.

La dirigente gremial sostuvo como ejemplo de su aseveración que “en el tiempo del correísmo se repartieron alegremente las frecuencias (de radio y televisión)”.

Fierro añadió que el expresidente Rafael Correa, a través de su gobierno, y con el apoyo de sus asambleístas, no solo estableció la ley sino que incluso modificó la Constitución para lograr sus objetivos políticos.

Por eso, la derogatoria total de la norma habría requerido de una reforma de la Carta Política de 2008.

Esa visión fue rebatida por el consultor de la Secretaría de Comunicación durante el gobierno anterior, Rommel Jurado. El catedrático y jurista afirmó que “era una ley emancipadora” y se alegró de que algunos aspectos hayan permanecido. (I)

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El Gobierno firmará la Declaración de Chapultepec

El presidente Lenín Moreno firmará el miércoles 20 de febrero la Declaración de Chapultepec. Con esto ratifica el compromiso del Gobierno para profundizar la democracia y garantizar la libertad de expresión en el país, tal como lo anunció al inicio de su mandato.

Este acto protocolar se realizará en la Capilla del Hombre, a las 11:00, al que asistirán autoridades del Gobierno y una delegación internacional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presidida por la titular del organismo, María Elvira Domínguez, también directora del diario El País, de Colombia.

La semana pasada, el Gobierno expresó su beneplácito a la aprobación de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC),  que limitaba el ejercicio profesional periodístico, la libertad de prensa y el acceso a la información.

La propuesta del Ejecutivo sobre las reformas a la LOC fue acogida en un 90% por la Asamblea, que demostró consenso entre las funciones del Estado para devolver a los ciudadanos, a los periodistas y a los medios el derecho de pensar y expresarse con libertad.

La Declaración de Chapultepec fue adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión, celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994.

Tiene 10 principios, entre ellos está que no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. También toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos, dice. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información, señala.

Además, el asesinato, el terrorismo, el secuestro, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Ningún medio o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público. (I)