Las observaciones sobre los vacíos legales del Código de la Democracia no son recientes; desde el año 2009 existen cuestionamientos que, al cabo de 11 procesos electorales, se han multiplicado.

Las objeciones a la normativa se intensificaron aún más durante las últimas elecciones en las que se presentaron 81.278 candidatos, lo que significó un incremento del 176% con respecto a las seccionales de 2014, cuando se postularon 28.180.

Esto prendió las alertas, ya que además el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó a 278 organizaciones  políticas a nivel nacional en base a la ley electoral.

Al margen de esto, más distorsiones se identificaron, como la utilización del método D’hondt para calcular la asignación de escaños para asambleístas.

Dirigentes políticos consideran que esta fórmula matemática se estructuró para beneficiar al movimiento del expresidente Rafael Correa, que captó también el poder electoral. Por ejemplo, en las elecciones de asambleístas de 2017, Alianza PAIS, que fue auspiciado por Correa, obtuvo 74 curules en base al método D’Hondt.

En las de 2013, en cambio, obtuvo 100 escaños gracias a esta fórmula que fue propuesta por el exasambleísta de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández.

“El método D’hondt debe cambiarse, porque además de ser inconstitucional favoreció solo al movimiento correísta”, manifestó el director de Democracia Sí, Gustavo Larrea.

El dirigente opinó que el método de Webster o el de Hare son más equitativos para “asignar los espacios de acuerdo a los votos. Si se obtiene un 30% de sufragios, ese tendría que ser el porcentaje de escaños para el partido político y no que un solo movimiento tenga el 100% de las curules, como sucedió en el correísmo”.    

 Todos estos cuestionamientos motivaron al consejero Luis Verdesoto y al vicepresidente del CNE, Enrique Pita, a diseñar un paquete de reformas integrales que buscan eliminar los defectos de la normativa.

A la discusión también se sumaron los partidos políticos que coinciden en que la ley debe ser mejorada.

El integrante del partido Unidad Popular Giovany Atarihuana considera que se necesitan más controles al gasto electoral. “En los comicios pasados vimos campañas de concejales millonarias, que no se pudieron denunciar, pues la ley no contempla ninguna sanción”, manifestó.

Estas preocupaciones las recoge el proyecto, cuyo objetivo “es eliminar todas las distorsiones”, dijo Verdesoto.

Para el gasto electoral de las elecciones pasadas, el CNE previó un gasto de $ 35 millones que salen de las  arcas del Estado.

Por eso, entre las propuestas de reformas constan la reposición de los gastos de campaña si el candidato no supera un porcentaje mínimo de votos. También la obligación de que las organizaciones políticas publiquen la lista de donantes y que haya un fedatario electoral que emita reportes diarios de los gastos.       

Así mismo, el fondo partidario permanente se entregaría previo a la presentación de proyectos como la capacitación y promoción de democracia interna.  

El mal manejo de estos fondos también debe ser considerado “una vía para iniciar un proceso de cancelación del registro del movimiento en el CNE”, opinó el catedrático de la Universidad Internacional (UIDE), Esteban Ron.

Considera, además, que se necesita aclarar y delimitar las atribuciones del pleno del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “Existen facultades dispersas de estas instituciones”, afirmó.

El vicepresidente del CNE aclaró que también hay aportes de partidos políticos y que con ese material armarán un proyecto global para enviarlo a la Asamblea lo mas pronto posible.

Pita recordó que los legisladores tendrían hasta marzo del 2020 para aprobar estas reformas, que son necesarias para tener un sistema electoral mejor diseñado y confiable para las elecciones de 2021. (I)