La comisión especializada ocasional de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para primer debate de las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Con esta resolución, la mesa determinó la norma para la elección de los siete miembros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), conforme al mandato popular en la pregunta 3 del referendo del pasado 4 de febrero.

La iniciativa planteada por el Ejecutivo propuso que la elección de los integrantes del organismo sea mediante voto popular. En este contexto se proponía en principio que puedan ser candidatos a esta dignidad los ciudadanos seleccionados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante concurso de méritos y oposición.

Pero la Comisión eliminó ese proceso y más bien decidió que pueden ser aspirantes quienes superen una fase de verificación de requisitos por parte del organismo electoral.

“Eso nos permite responder a la soberanía que reclamaba transparencia, a través de un mecanismo más directo”, explicó Daniel Mendoza, presidente de la mesa.

Los asambleístas de la comisión también coincidieron en que la verificación de los requisitos se realice entre postulantes que propongan no solo las organizaciones sociales, sino también la ciudadanía en general para garantizar la representación paritaria de hombres y mujeres de manera secuencial y alternada, así como la inclusión de candidatos provenientes de pueblos y nacionalidades.

En este artículo se incrementó otra propuesta para que el proceso de selección esté acompañado de una veeduría internacional y una académica.

Para el segundo debate, según Mendoza, se realizará una simulación para poder anticipar qué cantidad de ecuatorianos podrían cumplir con el perfil.

“Estamos hablando de temas estrictos relacionados con las prohibiciones”, argumentó.

Los comisionados decidieron que solo podrán postularse los ciudadanos que hayan dejado sus cargos, con al menos 30 meses, previamente a la convocatoria.

Tampoco podrán ser candidatos quienes sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los miembros del CNE, asambleístas y otras autoridades que trabajen en el sector público.

“Eso permitirá no solo eliminar el compadrazgo, sino que estén las mejores personas que demuestren probidad”, agregó el presidente de la Comisión. 

Quedó pendiente para debate del pleno si es necesario que los aspirantes tengan título de tercer nivel o no, la acreditación de trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en la lucha contra la corrupción, entre otras obligaciones.

Además, la recolección de una cantidad de firmas para aspirar a ser candidatos y la posibilidad de que se puedan presentar por zonas electorales. (I)