Es decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de Participación Ciudadana. Ruth Hidalgo habló con este Diario sobre la corrupción y su impacto social y político en una democracia.

¿Cómo detener la corrupción?

A Ecuador posiblemente le tome más de una década recomponer todo lo que está destruido por la corrupción: la institucionalidad, el sector público y la política. Se ha normalizado esta conducta. No obstante, es posible tomar acciones e ir construyendo el camino hacia ese fin: partir por entender como sociedad que la responsabilidad de corregir malas prácticas es de todos. Los ciudadanos cumpliendo la ley desde lo más mínimo; los políticos asumiendo su responsabilidad de escoger entre sus filas a quienes más preparados están para enfrentar la gestión pública, y en esa línea hacer un esfuerzo, por ejemplo, por tener un refrescamiento permanente de cuadros y sistemas internos de tamizaje y veto que les permita escoger a sus candidatos por sus méritos y preparación y no únicamente por su popularidad.

¿Qué debe hacer la función pública para luchar contra este fenómeno?

Del lado de quienes ejercen la gestión pública, la decisión política de una gestión transparente es básica. En esa línea es preciso mostrar cero tolerancia a la corrupción y depurar las instituciones de funcionarios con casos comprobados de corrupción. Reciclar funcionarios cuestionados en otros cargos públicos contribuye a la opacidad de la gestión y no responde a un compromiso por la transparencia. Es importante que los cuadros que ocupan carteras de Estado no hayan tenido ninguna relación con administraciones cuya gestión ha sido cuestionada.

¿Qué papel juegan los órganos de control en la cruzada para limpiar el país de corruptos?

Para que la lucha contra la corrupción sea efectiva es preciso que haya órganos de control independientes. Para eso es clave continuar con la revisión que se hacía a la designación de jueces, y lo mismo se requiere con los fiscales porque recordemos que tanto en la Función Judicial como en la Fiscalía aún están elementos que eran funcionales al gobierno de Correa, por eso es tan difícil y lenta la judicialización de los casos de corrupción. Ya la misma Fiscal ha tenido que exhortar por varias ocasiones a los órganos judiciales para que actúen con independencia y celeridad, lo cual resulta inaudito porque habla de una fiscal sola en su lucha contra la corrupción.

Plantean un pacto ético, ¿en qué consiste?

La situación se ha tornado muy grave en términos de corrupción y está causando un profundo desencanto que lesiona la esperanza de los ciudadanos en que un cambio sea posible. Este sentimiento se agrava si pensamos que estamos en un momento preelectoral, a las puertas de que la contienda electoral arranque y según datos como los del Barómetro de las Américas, los partidos políticos están atravesando una gran crisis de credibilidad. En ese contexto se abre una ventana de oportunidad para que la sociedad civil ponga de manifiesto su sentir y sus demandas. Su sentir respecto al rechazo generalizado que produce la corrupción que vivimos, y sus demandas en relación a que necesitamos un cambio radical tanto en la forma de hacer política como en la forma de administrar el Estado.

¿Ese sentir ciudadano será una reforma al Estado?

La manifestación es dual: rechazo firme a las prácticas corruptas y demanda ciudadana de cambio. Tenemos una propuesta formal que plantee una reforma del Estado que garantice formas más transparentes de gestión a todo nivel. Y la base de ese esfuerzo tiene que ser un pacto ético porque la corrupción que vivimos nos ha puesto casi en una situación de guerra en la que por donde caminamos explota un escándalo de ilegalidades y de mal uso de la gestión pública.

¿Qué piden a los actores políticos y candidatos?

Ya no son suficientes los debates electorales o la declaración de principios. Necesitamos un pronunciamiento frontal de los actores políticos, que se comprometan a recuperar la transparencia y la ética en el país. Necesitamos de ejes transversales que sobrepasen las ideologías, compromisos a corto, mediano y largo plazo. Y para que esto sea posible es preciso el contingente de varias voces. Iniciamos con 300 firmas y llevamos 700 en un fin de semana. Confiamos en que reuniremos más voluntades, que articulados en colectivo presionemos desde la ciudadanía para que se tomen acciones concretas: la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio; la Ley de Transparencia Fiscal que reposa en la Comisión de lo Económico. La no postulación de candidatos involucrados en casos de corrupción es otra exigencia.

A propósito de esto, tres asambleístas tenían autos importados sin aranceles gracias a su carné de discapacidad. Uno de ellos propuso el proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Hay dos cosas que se debe decir: Primero, cuando la corrupción inunda una nación y no hay mecanismos para combatirla, extiende sus brazos hacia todas partes y llega a contaminar sitios que nos podrían parecer impensables. Ese el caso de la obtención de los carnés de discapacidad, que es una herramienta diseñada para conseguir equidad, erradicar la exclusión y mejorar la forma de vida de las personas en situación de vulnerabilidad, pero fue utilizada para beneficiarse de forma repudiable.

Segundo, si se quiere limpiar y atacar ese foco de corrupción hay que actuar en justicia. Es decir, hacer un estudio responsable de quiénes son los que gestionaron esos carnés de forma ilegal y antiética porque me parece que han metido en el mismo saco a gente que tenía su carné desde hace más de veinte años, por ejemplo, y que tienen comprobadas incapacidades.

Los que obtuvieron de forma fraudulenta y sin merecer ese documento deben ser sancionados con todo el peso de la ley.

¿La Legislatura debe depurar a sus parlamentarios?

Hemos visto casos de Ripley en este tiempo: asambleístas que teniendo glosas de Contraloría siguen acudiendo a las sesiones y participando del diseño de leyes, discutiendo el presupuesto del Estado. Hemos visto a un asambleísta seguir asistiendo como si nada a las sesiones mientras en todos los medios a nivel nacional se presentaban mochilas con dinero encontradas en casa de su asesor. Me parece que ha habido demasiada laxitud y tolerancia en el Legislativo respecto a esas conductas, y eso ha producido que pierdan legitimidad ante la ciudadanía. Es lamentable porque también hay elementos muy valiosos.

Se debe otorgar licencia inmediatamente, mientras se ventilan las investigaciones, y posteriormente, dependiendo de la gravedad de los hechos y si amerita el caso, pasar a la destitución.

¿Cómo lograr la democracia interna en los partidos en un país con políticos populistas que se suben a las tarimas a cantar desafinadamente y a hacer promesas que nunca cumplen?

Debemos exigir mecanismos internos serios de tamizaje y veto para que esto sea una realidad. La lucha contra el populismo es bien difícil de librar con éxito en corto tiempo. Eso se logra atacando los problemas estructurales del país, como por ejemplo, teniendo como punto focal de los gobiernos el alivio de la pobreza; dotando de educación, salud y oportunidades a los que más lo necesitan. Un pueblo sumido en la postergación es carnada fácil para cualquier populista.

Ecuador ya no puede ser un país en el cual uno de cada 4 ciudadanos admite haber pagado un soborno. Los ciudadanos también tienen que desterrar esas prácticas.

Vivimos una década en la que las malas prácticas fueron institucionalizadas, donde se nos inocularon conceptos errados, reñidos con la ética, como aquel de ver al tráfico de influencias como “acuerdos entre privados”, por ejemplo. Los liderazgos corruptos producen ciudadanos confundidos en sus valores, y eso fue lo que nos pasó. Por eso sostenemos que salir de esa realidad nos tomará mucho tiempo, años quizás, pero hay que empezar a reescribir la historia con buena letra. Todavía hay esperanza, el país se merece que peleemos por él.

¿Cuánto mina la corrupción a la democracia?

La corrupción es un cáncer para la democracia porque destruye las instituciones al volverlas botín político de los gobiernos de turno. La corrupción destruye la sociedad en general porque trastoca los valores de los ciudadanos y los convence de que es más importante tener bienes a cualquier costo que tener buen nombre para dejar a sus generaciones venideras. (I)