El informe remitido por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCST) es determinante. Hubo abuso de decretos ejecutivos para la reconstrucción de Manabí y esto dio vía libre al cometimiento de presuntas irregularidades.

Y el informe no se quedó allí. El titular del organismo, Julio César Trujillo entregó el documento a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, para que inicie las acciones en contra de exfuncionarios del gobierno anterior.

Es que el informe concluye que se cometieron una serie de ilícitos, tales como peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, obras con incremento de costos por millones de dólares, multas sin cobrar, subcontrataciones indebidas; contratos modificatorios irregulares; cambios en diseños y estudios de carreteras sin justificación técnica y hasta pagos por rubros no ejecutados.

Por eso incluso se pide la vinculación del expresidente de la República, Rafael Correa, por cuanto firmó seis decretos de emergencia, con cinco renovaciones.

El informe también señala al exsecretario técnico de Reconstrucción, Carlos Bernal, supuestamente por favorecer con contratos a empresas con vínculos familiares.

La directora Anticorrupción del Consejo de Participación Transitorio, Marcela Estrella, indicó que la investigación, iniciada el año pasado “se basa en elementos que nos permiten presumir tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, adjudicaciones, irregularidades que se han saltado el debido proceso, en donde se ha abusado descaradamente de los decretos Ejecutivos.

Pero también señaló la lentitud de las instituciones, para la entrega de los informes. “No todas han entregado con celeridad la información”, sostuvo.

La consejera Myriam Félix López recordó que cuando iniciaron sus actividades se trazó una hoja de ruta y se eligieron nueve casos emblemáticos de corrupción; en Manabí se investigó el proyecto de refinería del Pacífico y la reconstrucción de la provincia, tras el terremoto de abril de 2016.

Enumeró los problemas para la investigación, entre ellos, que las instituciones que manejaron los recursos no se ponían de acuerdo en los montos, “sin embargo, lo que recabamos determinó que había $ 2.900 millones, pero también aparte hubo un préstamo con lo cual se completaron $ 3.500 millones”.

Para la elaboración del documento se conformó un equipo de investigadores que analizó el tema, pero su tarea fue complicada, pues instituciones (MIES, Miduvi, Secretaría de Gestión de Riesgos, etc) no daban información y hasta tuvimos que conminarlos a que faciliten la tarea.

Incumplimientos

La consejera enumeró, a grandes trazos, las irregularidades detectadas: en salud se destinaron $ 280 millones que se utilizaron solo para arreglar los centros de salud.

Pero lo más importante, como los hospitales de Bahía de Caráquez, de Pedernales y de Chone que se destruyeron, nunca intervinieron.

En educación, por ejemplo se entregaron $ 33 millones para las universidades, pero en sectores como Calceta “nunca pusieron una piedra”. Por ejemplo, a la universidad de esa localidad solo se entregaron $ 200.000.

Otro problema es el proyecto Carrizal-Chone, que aún no se lo repara; recién en estos días se entregarán los recursos. También dijo que los contratistas hacían firmar un formulario a los afectados denunciando el arreglo de las casas, les hicieron creer que ya estaban construidas y en realidad eso no se dio. (I)