Realidades invisibles y derechos mutilados. La instrumentalización de lo psicosocial

Hace algún tiempo tuve la oportunidad de revisar críticamente un ‘Informe’ del denominado Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial. Ante su falta de rigor académico, de apego metodológico, y de una posición epistemológica y política clara, mis comentarios fueron duros, pero debidamente sustentados y escritos con la mayor rigurosidad y claridad posibles. A los pocos días de publicado mi punto de vista en EL TELÉGRAFO en enero 2015, la autora de aquel informe me contactó a través de una lista de profesionales psicosociales. Entre otras cosas, afirmó que tanto la noticia periodística de este medio de comunicación como mi artículo de opinión “confirman muchas de las cuestiones que abordamos en nuestro informe respecto a la represión y cómo esta se ejerce”, y me enviaba un abrazo “a pesar de los daños colaterales que con seguridad nos causarán tu opinión”. Debo decir que me alegra profundamente que dicha represión de la que yo he sido supuestamente parte no se haya realmente producido, pues noto que el colectivo continua disfrutando (como debe de ser) de plena libertad para desarrollar su actividad política.

Esta vez el colectivo ha elaborado otro “Informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión en el marco del Paro Nacional en Ecuador”. Nuevamente, el informe, aunque utiliza un lenguaje formal y pretendidamente académico, no es otra cosa que un escrito encubiertamente político, sesgado, parcializado y poco riguroso. Por ejemplo, no recoge y ni siquiera menciona las alegaciones de violencia producidas por parte de los manifestantes en contra de la Policía y otros ciudadanos durante las jornadas de protesta. Según cifras oficiales, 116 policías y militares fueron agredidos y muchos de ellos hospitalizados. Los ataques ocurrieron con palos, tubos, piedras, lanzas, bombas molotov, armas de perdigones, intento de toma de pozos petroleros, e incluso se reportó un caso de secuestro y tortura por parte de una comunidad indígena a un policía. De estas formas de violencia no se menciona una palabra. Desde una perspectiva de derechos humanos, el proceder del colectivo es escandalizante, pues no hay justificación alguna para ignorar las agresiones contra policías y militares que fueron ampliamente documentadas por los diversos medios de comunicación. Hasta la Relatora de la ONU para Pueblos Indígenas ha manifestado su preocupación por “todos los hechos violentos denunciados por las diferentes partes…”. Estas omisiones que no parecen casuales, no solo demuestran una profunda falta de objetividad, rigor y ligereza, sino una posición ética comprometida.

El informe presenta varios casos de agresiones y violencia, pero sin realizar ningún contraste. Varias de las citas utilizadas corresponden claramente a conocidos personajes políticos que aparecieron en diversos medios alegando haber sido víctimas de malos tratos, pero que finalmente no presentaron denuncias ni pruebas y sus testimonios han sido severamente cuestionados por sus contradicciones y falta de veracidad. Y es que estamos hablando de actos extremadamente bajos como una posible falsa alegación de tortura. Todo ello ha sido omitido por el colectivo, lo cual es inadmisible.

La metodología se describe de manera breve, refiriendo generalidades acerca de la muestra utilizada. Se mencionan algunas cifras de las detenciones con datos no oficiales (sino de elaboración propia), pero no se menciona el porqué de dichas detenciones. No se ahonda, por ejemplo, en el tipo de delitos en los que habrían incurrido los manifestantes, cuya sanción está penada conforme a la Constitución y las leyes, banalizando de esta forma dichas detenciones. El colectivo no menciona cómo se eligió la muestra y por qué no se ha incluido dentro de la muestra a las personas heridas por parte de los manifestantes. En todo caso, ya es un avance en cuanto al nivel cualitativo y metodológico respecto de los documentos elaborados anteriormente por dicho colectivo y que critiqué en su momento. Me alegra saber que nuestras críticas hayan contribuido para mejorar en algo el nivel de esos informes.

En síntesis, este informe visibiliza testimonios de violencia muy serios, que merecen un verdadero análisis debido a su gravedad. Los actos denunciados en este texto deberían ser objeto de posteriores indagaciones. Los responsables deberían ser juzgados y sancionados de comprobarse su veracidad. Sin embargo, estos informes tan sesgados carecen de todo tipo de legitimidad y en lugar de volverse herramientas que nos encaminen hacia la verdad y el esclarecimiento de los hechos, más bien los oscurecen y dificultan.

Ya antes había manifestado mi preocupación por la postura presuntamente “apolítica” desde la que este colectivo pretende escribir. Si su objetivo es dar “mayor claridad sobre las estrategias represivas”, lo que debe primar es la objetividad, metodologías claras, sustentos teóricos y empíricos contrastados, todo lo cual no existe en sus informes.  

Como colectivo tienen derecho a tener y afirmar su posición política. Nadie puede reclamar neutralidad cuando investiga dentro de las ciencias sociales. Pero esta posición política debe ser declarada, lo que no riñe en absoluto con la objetividad investigativa. Declarar nuestra posición política (y de dónde vienen los recursos económicos para realizar nuestro trabajo) es un ejercicio ético y epistemológico que no debe faltar ni en la academia ni en el activismo, ya que esto está directamente relacionado con temas de transparencia y libertad académica. En suma, considero que este trabajo está nuevamente instrumentalizando lo psicosocial como un mecanismo de operación política.(O)