Los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) presentaron sus observaciones al proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Ellos fueron recibidos en la Comisión de Desarrollo Económico.

En la cita estuvieron emisarios de Quito, Guayaquil y Tungurahua. Además, se enlazaron con otras autoridades de Guayas y Manabí, cuyos delegados acudieron a las casas legislativas de estas jurisdicciones.

Rómulo García, procurador síndico del Municipio de Quito, señaló que no es adecuado el artículo 60 porque no se ajusta a la realidad que se vive en su ciudad. En ese numeral se dispone la eliminación de los dos rubros orientados a la recolección de desechos sólidos y la tasa para los bomberos. Eso obligaría a la capital a emitir una ordenanza para crear nuevas tasas.

El funcionario aclaró que el cobro a los usuarios de energía eléctrica es proporcional porque el que más consume, más paga. Por eso, enfatizó, los sectores más pobres no pagan los servicios de recolección de basura ni bomberos.

En el caso de Guayaquil, Gustavo Zúñiga, director cantonal de Aseo, Mercados y Servicios Especiales del  Cabildo, dijo que el 12,5% de la tasa mensual para desechos sólidos se cobra con base en las condiciones socioeconómicas de la ciudadanía. Hay una sectorización de la urbe, aclaró el funcionario.

La Eléctrica de Guayaquil factura por tasa de recolección de basura un promedio de $ 3 millones mensuales. Pero la Municipalidad paga por el servicio alrededor de $ 4,8 millones, es decir que el monto recaudado no cubre el costo del servicio. Hay un déficit de $ 1,8 millones. En Guayaquil la recolección de basura está tercerizada en manos de Puerto Limpio.

En el caso de Tungurahua, el prefecto Fernando Naranjo precisó que esta provincia tiene un modelo de gestión reconocido en el país. Según el ejecutivo provincial, ellos toman en cuenta la participación de la ciudadanía y generan opinión pública en temas importantes, lo que permite facilitar la toma de decisiones consensuadas.

Para Naranjo, la propuesta de ley está orientada a la modernización y al dinamismo que exige un eje estratégico como el de la energía eléctrica para el desarrollo del país. La Comisión de Desarrollo Económico actualmente elabora el informe para primer debate de esta ley.