La presencia de asentamientos poblacionales dentro de áreas protegidas es, quizá, uno de los puntos que más despiertan la discusión y análisis dentro del proyecto de Código Orgánico del Ambiente, que se encuentra en la etapa de consulta prelegislativa.

Se trata de un documento que busca otorgar el derecho a los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por este motivo, la Comisión de Biodiversidad inició la socialización de los contenidos, bajo 4 temas: Tierras comunitarias en áreas protegidas; conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad; protección de los conocimientos colectivos y saberes y tradiciones ancestrales.

El presidente de la comisión, Carlos Viteri Gualinga, anunció que en los próximos días empezarán las audiencias provinciales, para recoger los criterios de los sectores involucrados, especialmente en lo relacionado con las comunidades que se encuentran dentro de bosques protectores, reservas, parques nacionales.

Según el legislador, en Ecuador existen zonas ocupadas por comunidades, pero siguen siendo consideradas zonas de reserva o bosque protector. “Esa categoría impide a la gente realizar actividades productivas o dejar en herencia esas tierras a sus hijos”. Como ejemplo, citó a la provincia de Cotopaxi, que tiene un parque nacional, pero cuenta con una alta tasa de pobreza. “Queremos tener una lectura real de las condiciones en que se encuentran las áreas protegidas, en términos de conservación y presencia humana”.

En la región amazónica la situación es parecida. Existen parques nacionales, bosques protectores, reservas faunísticas, pero con una densa presencia humana. En algunos casos, determinados sitios han sido declarados como tales, después de que se han formado asentamientos poblacionales, como el caso de Sangay (entre Morona Santiago, Chimborazo y Tungurahua), que es un parque nacional con una creciente población humana.

Para Viteri, actualmente es posible conciliar la presencia humana y sus actividades y el objetivo de proteger un área, pero las normas jurídicas no son claras y por lo tanto no existe mucho compromiso de las personas en ser actores de la conservación.

Con el código se pretende que la autoridad ambiental evalúe con urgencia cada área protegida y, dependiendo de la situación, se podrían modificar ciertas condiciones para que la gente pueda desarrollar actividades productivas sin que se desentienda del cuidado. Otro ejemplo es la reserva ecológica Mache-Chindul, entre Esmeraldas y Manabí. “Estamos trabajando de tal manera que el Código del Ambiente esté a la altura de un país privilegiado en biodiversidad, riqueza de recursos y que su patrimonio natural, que es de todos nosotros, sea cuidado; para ello también se requiere de un cambio cultural”, manifestó.

Manejo sostenible

Los otros temas que se discuten dentro del proyecto tienen relación con la conservación, el uso y manejo sostenible de la biodiversidad y de los recursos naturales dentro de los derechos colectivos, lo que implica el compromiso de pequeñas comunidades que tienen derecho a participar en la protección.

También se enfatiza en la protección, mantenimiento y desarrollo de los conocimientos colectivos, es decir, la relación que tienen las comunidades afroecuatorianas e indígenas, con la biodiversidad.

Por último, se discute el alcance de los saberes y tradiciones ancestrales y culturales, que tiene que ver con el uso de animales en rituales o su empleo de actividades recreativas, lo que es motivo de discusión.

Una vez que el proyecto pasó el primer debate, el año pasado, el pleno resolvió que sea sometido a consulta prelegislativa y dentro de eso está la etapa de socialización que incluye a personas que no están inmersas en la consulta.

A las organizaciones se les entregó los formularios con los temas que son de su preocupación. Cerca de 112 organizaciones remitieron sus primeros comentarios.

Sin embargo, existen temas que requieren una profundización, como el manejo de páramos, donde hay recursos hídricos, así como el régimen de sanciones; “nos hicieron observaciones importantes en el último tema y se está definiendo una clasificación”, explicó Viteri.

Incluso en tradiciones, como las peleas de gallos; “unos creen que vamos a prohibir, mientras sectores animalistas consideran que debería eliminarse o ponerse condiciones estrictas de cuidado, no podemos atender solo a un sector de opinión y obviar al otro, por eso es importante la socialización”. (I)

DATOS

El proyecto de Código Orgánico del Ambiente fue aprobado, en primer debate, el 7 de octubre del año pasado. El pleno del legislativo aprobó por unanimidad la realización de la consulta prelegislativa.

Para esta etapa se inscribieron un total de 235 organizaciones sociales en todo el país, de las cuales se validaron 196. Todas pertenecientes a comunas, comunidades y nacionalidades.

Paralelo a la consulta se comenzó a desarrollar la socialización del proyecto con diversos sectores ciudadanos, para incluir las observaciones al documento.

La consulta prelegislativa terminará a fines de este mes, luego de lo cual se sistematizarán las observaciones y se alistará el informe para segundo y definitivo debate.

La Asamblea prevé aprobar el código orgánico de ambiente a mediados de mayo, según los miembros de la Comisión de Biodiversidad.