Provincias amazónicas obtuvieron créditos del BdE por $ 624,8 millones en 8 años (Infografía)

El Banco del Estado (BdE) financiará los proyectos de saneamiento de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) de la Amazonía, con una subvención estatal del 35%.

El  anuncio se produjo la semana anterior durante el evento ‘Somos Amazonía’, donde 137 presidentes de juntas parroquiales, 38 alcaldes y 2 prefectos de la región ratificaron su respaldo al Gobierno.

De esta manera el presidente Rafael Correa beneficiará a los gobiernos locales que apoyen la explotación responsable de los recursos naturales de la región amazónica.

Los créditos con un 35% de subsidio serán para obras de agua potable, alcantarillado y, en el caso de prefecturas, el BdE entregará recursos para los caminos vecinales.

Los gobiernos locales de la Amazonía querían reformar la Ley 010 que les otorga 1 dólar por cada barril de petróleo extraído. Ellos deseaban  que la cifra se elevara a $ 5. El Gobierno aceptó siempre y cuando todos apoyaran la explotación de recursos naturales de manera responsable. Como no hubo unanimidad, se optó por los préstamos.

De acuerdo con Saúl Cárdenas, presidente del Consorcio de Municipios Amazónicos y de Galápagos (Comaga), el apoyo a las políticas gubernamentales fue expresado por  entre el 75% y 80% de las autoridades locales.

La aspiración de los gobiernos locales era discutida desde el año pasado. Es un asunto importante si se toma en cuenta que el 90% de los recursos de estas entidades proviene del Estado central.    

El BdE aprobó créditos por $ 624,8 millones para infraestructura y dotación de servicios básicos en las provincias amazónicas en los últimos 8 años.

Verónica Gallardo, gerenta general de la entidad financiera, dijo que los nuevos créditos forman parte del compromiso gubernamental para potenciar la competitividad regional, la equidad social y el desarrollo sostenible.

El 56% de los recursos se concedió bajo un esquema de subvención para consolidar el trabajo de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). “La región amazónica es una de las zonas prioritarias para la revolución ciudadana y el objetivo es convertirla en una región libre de pobreza extrema”, insistió Gallardo.

Este mecanismo de asistencia financiera superaría los ingresos que los GAD recibirían a través de la reforma a la denominada Ley 010.

Gallardo explicó que los subsidios se entregarán por hasta 35% del valor de los proyectos de agua potable y alcantarillado, siendo prioritarios los sectores que son vitales para la disminución de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI).

El presidente del Comaga explicó que los proyectos de saneamiento tomarán cierto tiempo más, ya que deberán tener viabilidad técnica y la aprobación de entidades como la Secretaría delAgua (Senagua).

Esto tendrá que ir de la mano con estudios de impacto ambiental que determinen si son factibles licencias u otros permisos, teniendo en cuenta el delicado ecosistema de la Amazonía.

El Comaga realizará en unas 3 semanas un estudio que defina los gobiernos locales que tengan listos los estudios técnicos para acceder a un crédito en el BdE.

Cárdenas dijo que es criticable el  ‘doble discurso’ sobre la explotación de los recursos naturales y la reforma a la Ley 010. Dijo que si se está exigiendo mayores recursos, habría que revisar las posiciones de las autoridades.

Carlos Lara, vicepresidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare), insistió en que con la explotación petrolera esta zona tiene vías de calidad y la troncal amazónica asfaltada. Las unidades educativas son de primera, el sistema de salud ‘envidiable’ y se desarrollan hidroeléctricas, destacó el dirigente.

En tanto, Blanca Grefa, presidenta de la Federación Interprovincial de Comunas y Comunidades de la Amazonía, dijo que Orellana es la primera provincia en liderar la industria petrolera y por ello apoyan que el ITT sea explotado con el mínimo impacto ambiental. Ese yacimiento está en esa provincia.  

La gerenta del Banco del Estado afirmó que los créditos sientan las bases para un desarrollo integral y la erradicación de la pobreza.

Para Orellana y Sucumbíos, que albergan los principales campos petroleros del país, los créditos ascendieron del BdE a $ 132,8 millones y $ 104,4 millones en estos 8 años, respectivamente. En tanto que Napo receptó $ 113,4 millones, Morona Santiago $ 102,9 millones, Zamora Chinchipe $ 84,4 millones y Pastaza $ 69,5 millones.   

Entre las iniciativas emblemáticas financiadas por el BdE está el proyecto eléctrico Taisha.

El Alcalde de ese cantón y miembro de la nacionalidad Shuar, Sergio Ayuy, se niega a firmar el acuerdo de respaldo.