Organizaciones sociales, empresarios y funcionarios del Gobierno debatieron durante esta semana en este DIARIO los pro y los contra de la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE).

Una nutrida delegación del régimen se reunió desde el lunes 13 hasta el viernes 17 de enero con representantes de la UE. Uno de los delegados del Gobierno fue René Ramírez, secretario nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, quien en entrevista con EL TELÉGRAFO dio detalles de la primera ronda de negociaciones que se dio en Bruselas.

¿Cómo se han desarrollado las negociaciones con la Unión Europea?

Del 13 al 17 de enero último se abrieron diferentes mesas en las cuales se analizaron textos para llegar a un eventual acuerdo entre la Unión Europea y Ecuador en diferentes áreas, tales como: compras públicas, servicios, propiedad intelectual, indicaciones geográficas, aranceles, agricultura, entre otras.

¿Cómo se desarrolló la mesa de propiedad intelectual e indicaciones geográficas?

No hubo en sí una mesa específica de propiedad intelectual. Dada la importancia que le da la UE a este tema, este capítulo se trató como eje transversal en la mesa de jefes de negociación. Paralelamente, se discutía la mesa de indicaciones geográficas.

Haciendo una evaluación global de lo sucedido en la mesa de jefes de negociación en este ámbito (propiedad intelectual), podría decir que aún no existe la apertura que esperábamos para negociar algunos de los temas de gran interés para el país. El jefe de negociación de Ecuador hizo un llamado de atención a los negociadores de la UE en este sentido el día martes 14 de enero. Lamentablemente el texto base sobre el que nos sentamos a negociar es el mismo que firmaron Perú y Colombia con la Unión Europea, el cual contiene limitaciones importantes para los intereses de la agenda sobre propiedad intelectual de Ecuador.

Sabemos que es la primera ronda de negociación y tenemos la expectativa de que en las restantes exista la necesaria flexibilidad para lograr un acuerdo justo y beneficioso para ambas partes. Creería que la temática de propiedad intelectual es merecidamente uno de los puntos neurálgicos del proyecto de sociedad del conocimiento por el que está apostando Ecuador y que resulta vital para el cambio de la matriz productiva, promovido por el presidente Rafael Correa. Al menos hasta ahora es uno de los aspectos en los que aún queda mucho por discutir con la UE.

Antes de la Revolución Ciudadana, la propiedad intelectual no tenía tanta importancia. ¿Por qué ha adquirido ahora esta dimensión en Ecuador?

Como señalé, la propiedad intelectual es clave en la construcción de la sociedad del conocimiento. La economía no está ajena a esta monumental empresa. Bajo la noción de “economía social del conocimiento” se constituye en su herramienta reguladora y promotora ineludible. Una negociación deficiente en este ámbito implicaría debilitar el proyecto nacional de transformación de la matriz productiva. A diferencia de otros gobiernos, el proyecto político de la Revolución Ciudadana ha hecho sustantivos esfuerzos en el campo del conocimiento: invertir por año casi el 2% del PIB en educación superior; $ 1.100 millones es la inversión que se hará en las 4 nuevas universidades; $ 300 millones se invertirán en los institutos técnicos y tecnológicos; $ 500 millones es la inversión plurianual en los becarios que están formándose en las mejores universidades del mundo, entre otras relevantes acciones.

En el campo universitario Ecuador ha dado señales claras y contundentes de trabajar a favor de su transformación. El país no solo necesita que las universidades sean de calidad; sino que sean transformadoras y protagonistas del cambio socio-productivo que requiere el país.

Estas acciones no estaban presentes cuando negociábamos conjuntamente con Colombia y Perú en el año 2008. Nuestra inversión en educación no solo tiene por objetivo mejorar la calidad de la democracia y la vida de cada ciudadana y ciudadano, también está enfocada en aumentar la rentabilidad económica ligada al cambio en la estructura productiva de Ecuador. Una mala negociación sería un limitante fuerte para que esta inversión en becas, en Yachay, en IKIAM, en educación superior… sirva como base estructural para un cambio en el patrón de acumulación productiva. Se trata de reconocer las condiciones necesarias y no solo suficientes para este despegue y sin duda educación superior, ciencia, tecnología e innovación están entre las primeras. Debemos entender que lo que se negocia en el mundo capitalista moderno hoy en día es sobre todo propiedad intelectual. Europa tiene claridad que lo que vende hoy es el intangible que proviene de la investigación e innovación (propiedad intelectual) que generan sus Estados miembros. En este marco, la propiedad intelectual no puede ser vista como moneda de cambio como algunos empresarios han señalado. Si el acuerdo con la Unión Europea se trata de una discusión fundamentalmente entre Estados (más allá de que diversos actores intervienen y se benefician o perjudican de los acuerdos alcanzados) que debería ayudar a ambas partes a realizar los “saltos cualitativos y cuantitativos” que cada uno requiere para mejorar, en última instancia, la calidad de vida de sus poblaciones es indispensable para que el tema de propiedad intelectual tenga un tratamiento riguroso y profundo.

En términos económicos, la estrategia de los países de “desarrollo temprano” como los europeos busca conseguir mayores flexibilidades e incentivos en compras públicas, inversiones y servicios…

En efecto, en los acuerdos comerciales se suelen conseguir tales facilidades que devienen en incentivos económicos para las empresas transnacionales. Llegan a nuestros países y patentan su producto. En esa situación las empresas se garantizan 20 años de monopolio del bien o servicio. El problema para nuestros países, con otra dinámica de desarrollo, es que al patentar el nuevo producto, es decir al patentar la innovación de origen europeo, se imposibilita que empresas nacionales puedan desarrollarse y generar empleo y economía productiva y real dentro del país. En ciertos acuerdos comerciales se restringe la posibilidad de que al comprar un producto de una transnacional, el país pueda aprender cuál es la tecnología que se está importando (con el producto) con el fin de que se desarrolle nacionalmente. Liberarse de la dependencia tecnológica que importamos es parte de la estrategia del cambio en la matriz productiva.

Volviendo al tema de las negociaciones con la Unión Europea, ¿qué puntos fueron los más relevantes planteados por Ecuador?

Varios, naturalmente... En el tema llamado “datos de prueba” usted sabe que se otorga a las empresas farmacéuticas un plazo adicional de uso exclusivo de un determinado medicamento, para garantizar su rentabilidad. Nosotros propusimos una compensación económica para que no exista tal privilegio sin ir en detrimento de lo que representan las ganancias para las empresas. Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirma que la exclusividad en “datos de prueba” (similar a la cláusula que existe en el acuerdo comercial de Colombia y Perú) implicaría un gasto adicional en el mercado de medicamentos de $ 500 millones, que equivale al costo en salud de cerca de 1 millón 180 mil personas, resultando en un incremento del 18% en el precio de los medicamentos. En el sector público, esta normativa implicaría un incremento del gasto en casi 60 millones de dólares o, visto de otro modo, una reducción del 16% de sus adquisiciones. Estos datos son al 2010… podemos imaginar que han aumentado a estas fechas, ¿verdad?

A la vez, recuerde que en este momento una empresa estratégica para el Ecuador es justamente ENFARMA (empresa pública de fármacos), que producirá medicamentos genéricos. Los derechos de exclusividad en “datos de prueba” complicaría la producción de genéricos no solo en ENFARMA sino en la industria farmacéutica en general a nivel nacional. Existen otras exclusividades que también repercuten en el incremento de los costos en el sector agrícola o florícola. Lo cual es, como entenderá, grave. En este marco, propusimos mantenernos con el Acta de 1978 de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV78), toda vez que permite un tratamiento más flexible y equilibrado en la protección de nuevas variedades vegetales, que coincida con los objetivos de desarrollo del sector agrícola en nuestro país. Si, por el contrario, pasamos al régimen de UPOV91, que es lo que firmaron Perú y Colombia, entraríamos en un sistema obligatorio de estándares más estrictos de protección. Esto supondría -como señalé- la elevación de los costos de producción en el sector agrícola o florícola ecuatoriano.

En los acuerdos establecidos por Perú y Colombia, la Unión Europea propone 70 años de usufructo de derecho de autor. ¿Qué plantea Ecuador en este tema?
Propusimos tiempos de derechos de autor acordes a la legislación de cada país y en el marco de los mínimos establecidos en los tratados internacionales. Sin eso, el acceso a la cultura, al conocimiento, al patrimonio simbólico contemporáneo seguirá siendo una utopía para nuestros pueblos.

¿Y en el ámbito de la tecnología, el tema de propiedad intelectual es clave también?
Buscamos en la mesa de compras públicas que el acuerdo no imposibilite que Ecuador pueda tener una política soberana de transferencia y desagregación tecnológica. Esto es fundamental para el proceso de industrialización que propone la Revolución Ciudadana y que requiere de manera urgente el país. Por ejemplo, no es posible avalar la importación de maquinaria sin siquiera incluir un manual de reparación para estar supeditados a comprar servicios de reparación al exterior por siempre; o impedir que al comprar un producto de una transnacional, el país pueda aprender cuál es la tecnología que se está importando con el fin de que se desarrolle nacionalmente. Estas son cuestiones vitales para Ecuador teniendo en cuenta la fase de desarrollo en la que se encuentra y las metas que debe alcanzar a fin de producir las transformaciones estructurales que necesita.

El texto base sobre el cual se iniciaron las negociaciones prohíbe potencialmente que la transferencia tecnológica se establezca como medida vinculante u obligatoria. En este punto pedimos como país, aclaraciones del alcance de tales artículos.