Íñigo Salvador (foto), procurador General del Estado, a través de un comunicado difundido este lunes 29 de abril, deslindó las acusaciones sobre presunto tráfico de influencias para favorecer a Juan Pablo Morales Viteri para ser designado como Defensor Público.

El pasado viernes, el denunciante Jorge Torres, acudió a la Fiscalía General y presentó su queja por presunto delito de tráfico de influencias contra el procurador. Torres aseguró que el funcionario recomendó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio designar a Morales en el cargo.

Torres aseguró que presentó como prueba una carta que habría sido emitida por la Procuraduría y firmada por su titular, en la que habría recomendado a Morales.

Ante esa versión, Salvador indicó que la recomendación que extendió en relación a la postulación para Defensor Público "no configura de ninguna manera el delito de tráfico de influencias tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal".

El procurador señaló que entre los requisitos exigidos a los postulantes para Defensor Público estaba el de presentar “referencias otorgadas por quienes hayan sido nominados en la hoja de vida del postulante”.

"Fue así como todos los postulantes al cargo de Defensor Público presentaron referencias, certificaciones y recomendaciones, varias de altos funcionarios públicos".

Salvador añadió que dicho certificado tenía por objeto recomendar dentro del correspondiente concurso el nombre del abogado Morales Viteri para que “sea considerado y evaluado por la Comisión de Selección.

"De ninguna manera el doctor Salvador Crespo ha “dispuesto” a la Comisión Ciudadana de Selección que designe al abogado Morales Viteri, como lo han dado a entender los denunciantes, pues tal facultad no se encuentra entre las de la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado", añadió el escrito.

Por último, el procurador señaló que será la justicia la que siga el debido proceso en torno a este caso. “Ya no estamos en los tiempos en que los funcionarios públicos perseguían a cada ciudadano que denunciaba infundadamente. Ya la Justicia ecuatoriana determinará que la denuncia no tiene ningún fundamento”. (I)