Carolina tenía 25 años y dos hijos. Ella perdió la vida a manos de su exesposo pese a conocer cómo actuar al ser víctima de violencia, denunciar las agresiones con amenazas de muerte y tener una boleta de auxilio.

Desde 2014, cuando el femicidio fue tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, se han reportado 330 casos; 22 de las víctimas son menores de 18 años.

Pero eso no es todo, las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) evidencian que seis de cada diez mujeres sufren algún tipo de maltrato.

El Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias representa un compromiso del Estado ecuatoriano para prevenir y erradicar esta problemática que afecta a mujeres, niños y adolescentes.

Diferentes actores sociales y estatales formarán 15 mesas de diálogo en las nueve zonas administrativas del país.

Desde el 16 de mayo hasta el 7 de junio se realizaron cuatro mesas de trabajo, según información otorgada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), entidad que lidera el Acuerdo junto a la Secretaría de Derechos Humanos.

Berenice Cordero, titular del MIES, explicó que se abordarán tres ejes: Acceso efectivo a la justicia, la protección integral de derechos y prevención de violencias.

“A través de los encuentros se establecerán acuerdos para transformar prácticas sociales e institucionales que han naturalizado la violencia hacia las mujeres, niños y adolescentes, personas con discapacidad, adultas mayores, LGBTI y en condición de movilidad humana”. La funcionaria destacó que los criterios e ideas de todos permitirán impulsar una política pública más justa.

Marlon Brito, secretario de Derechos Humanos, expresó que uno de los principales problemas es la naturalización de la violencia. “Como sociedad fracasamos cuando una mujer, una niña o un niño es violentado sexualmente, eso debe indignarnos y debemos actuar juntos para prevenir y erradicar la violencia”

Agregó que la tarea fundamental está en consolidar las Juntas Cantonales de Protección de Derechos para que el proceso de atención a las víctimas se realice de manera especializada y ágil.

Brito informó que la Secretaría cuenta con 46 servicios de protección distribuidos en 40 ciudades de las 24 provincias de Ecuador. En estos se atiende con orientación psicológica, legal y de promoción social.  

En 2018, en los Servicios Especiales de Atención Especializada (SEPE) se atendieron a 85.298 víctimas de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, trata de personas y abandono.

En enero de ese año se firmaron 21 convenios con Centros de Atención y Casas de Acogida. Estos servicios también son de acogimiento. Anualmente reciben a aproximadamente 153.000 mujeres y sus hijos.

“Los municipios tienen el deber de fomentar los Consejos de Protección de Derechos porque son indispensables para la ciudadanía”, expresó Nalda Bustamante, representante del Grupo Promotor Ciudadano.

Ella precisó que en Santo Domingo de Los Tsáchilas las Unidades de Violencia reciben entre 20 y 30 denuncias al día por agresiones a mujeres.

María Elizabeth Bodero, madre de Carolina (víctima de femicidio), espera que realmente la situación a favor de las mujeres maltratadas cambie. Pues, pese a que su hija cumplió con no quedarse callada y denunciar a su agresor, no fue protegida. (I)