Presidente no aceptará disculpas de Cléver Jiménez

"No permitiré que se metan con mi honra, defenderé la verdad", dijo hoy el presidente de la República, Rafael Correa, al indicar que no aceptaría unas eventuales disculpas del asambleísta de Pachakutik, Cléver Jiménez, sentenciado a 18 meses de prisión por el delito de injurias contra el Primer Mandatario.

Correa se refirió así al ser consultado sobre las declaraciones del secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, quien el pasado miércoles -en una entrevista con GamaTV- señaló que si el legislador pide disculpas podría interceder ante el Jefe de Estado para que las aceptara.

Tras recalcar que en este caso la decisión es exclusivamente suya, Correa manifestó que así como hay gente que se puede equivocar, también hay "gente dañada, que solo busca hacer el mal, mentirosos", por lo que "no aceptaré disculpas de un tipo así".

"Tiene que pagar su mentira, su falsedad, su mala fe, junto a (Fernando) Villavicencio y (Carlos) Figueroa, como establece la ley ecuatoriana", acotó.

El gobernante reiteró que "la función de asambleísta no es la de demandar con falsedades" al recordar que lo que hizo Jiménez fue acusarlo de "criminal  de lesa humanidad", presentando una denuncia penal ante la Fiscalía. "Esto es lo que ha hecho este angelito", subrayó.

"Luego de demostrar que todo esto era mentira, fruto del odio de un enfermo, o de tres enfermos, entonces se declaró como tenía que ser, de acuerdo con la ley, maliciosa y temeraria (...) imagínense si se deja impune este precedente (...) En todas partes del mundo esto es sancionado, el día de mañana en el enlace se los voy a demostrar", apuntó Correa en una entrevista esta mañana en Manabí, donde se desarrolla el Gabinete Itinerante.

También se refirió a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en este caso. "Como Jefe de Estado, yo no reconozco la capacidad de dictar medidas cautelares a la CIDH", apuntó el Mandatario al reiterar que esa no es competencia de este organismo.

"Su función otorgada por los Estados es promover los derechos humanos reconocidos en la Convención, por ejemplo el derecho a la honra y reputación de las personas, y por ningún lado se hace excepción al Presidente y funcionarios públicos", manifestó.

Explicó que la resolución de la CIDH dice que "acusar de genocida a un funcionario público, en este caso el Presidente de la República es parte de la libertad de expresión. Que esa burocracia piense lo que le dé la gana, pero aquí en Ecuador van a encontrar soberanía y dignidad", finalizó.

En tanto que los abogados de Jiménez, Villavicencio y Figueroa dijeron que sus defendidos no van a pedir disculpas públicas.