El presidente de la República, Rafael Correa, remitió ayer a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Amazónica.  Según escribió en su cuenta de Twitter, se trata de “la última ley que nos faltaba hacer por mandato Constitución 2008”.

El 17 de diciembre, durante el enlace ciudadano, el Jefe de Estado se pronunció sobre esta norma y anticipó que antes de fin de año la enviaría para su respectivo análisis en el Legislativo.

El Mandatario explicó en esa ocasión que uno de los objetivos de la ley es normar la asignación de los recursos que generen proyectos públicos y mineros, para la región amazónica; por ejemplo en la Ley de Minería se establece que el 60% de las regalías se queden para el desarrollo local, pero con el nuevo proyecto irán a un fondo común.

La idea básica es que los más beneficiados sean los habitantes de las áreas aledañas a las zonas de explotación, sostuvo. Se garantiza, sin embargo, que una parte vaya a otras localidades de la Amazonía, como ocurre con el crudo.

Además cambia la asignación de los recursos derivados de la explotación petrolera; se plantea la asignación del 2% del valor del barril o $ 1, si el precio baja demasiado, en la actualidad está definido que en 1% esa asignación.

Otra de las propuestas de la ley es la relacionada al destino proveniente de los recursos petroleros, en este caso a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) provinciales, cantonales y parroquiales; en este caso se mantienen los porcentajes de 28% y 58% para las prefecturas y municipios, respectivamente, pero para las juntas parroquiales se incrementa de 5% a 6% los recursos.

Asimismo establece que el Fondo de Desarrollo Amazónico se sustentará del 8% de la ley 010 (del Ecorae), de las regalías mineras en la Amazonía y de los excedentes hidroeléctricos que se generen en la misma región. En el marco institucional, establece la creación de una Secretaría Técnica, con sede en la misma región y se encargará de elaborar y evaluar el Plan Integral de la Amazonía. (I)