El presidente de la República, Lenín Moreno, derogó el Decreto 16 emitido por el exmandatario Rafael Correa que cambió los requisitos para la inscripción de las organizaciones sociales no gubernamentales.

Entre los aspectos principales constaba también la simplificación de trámites para que las personas  pudieran legalizar las diferentes entidades existentes en el país o crear nuevas.

Moreno sostuvo que la idea es simplificar los requisitos burocráticos, por este motivo los decretos 16  y 739 ya no van  a existir, “lo cual hará que las ONG tengan facilidades para desarrollar su trabajo en el país”.  

En junio de 2013 se emitió el decreto 16 y  en agosto de 2015  se expidieron las reformas al reglamento, las cuales quedaron sin efecto.

El expresidente Correa a su tiempo justificó los decretos señalando que se emitieron con el fin de homologar los requerimientos para el otorgamiento de personalidad jurídica a las organizaciones sociales y ciudadanas.

Entre los aspectos principales constaba también la simplificación de trámites para que las personas puedan legalizar las diferentes entidades existentes en el país o crear nuevas.  

El documento tenía 47 artículos y 6 disposiciones generales.

El secretario de la política, Miguel Carvajal, señaló que con la derogatoria se termina con los resquicios de un Estado burocrático y controlador y que esta decisión del Ejecutivo no es para devolver personería jurídica a ningún grupo, pero en el caso de la Unión Nacional de Educadores, UNE, puede volver a inscribirse sin problema.

El 4 de junio de 2013, el entonces presidente de la República, Rafael Correa, expidió el Decreto 16 que contemplaba la racionalización y eficiencia de las organizaciones sociales, e inclusive de las actividades que realizaban las ONG en el país.

En agosto de 2015 expidió  un decreto en el que además de eliminar el numeral 5 entre sus prioridades decía que era necesario  “reducir al máximo cualquier carga innecesaria que recaiga sobre estas”, con el fin de lograr eficiencia.

En ese sentido se instó a las instituciones del Estado a que homologaran los requisitos exigidos para los trámites de otorgamiento de personalidad jurídica, aprobación, reforma y codificación de estatutos, elección de directiva, etc. con los requisitos determinados en este reglamento y se daba 90 días de plazo para que lo hicieran.

Luego, emitió una reforma al decreto 16 en la que daba el plazo de 365 días a las organizaciones sociales para el registro en el Sistema  Único de Organizaciones Sociales (Suios).  

El 5 de agosto de 2015, organizaciones como la Conaie y Ecuarunari rechazaron la modificación del decreto 16 y anunciaron movilizaciones.

El 11 de julio de 2017, mediante el llamado al diálogo, representantes de las organizaciones sociales, el Colegio de Abogados y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) pidieron al presidente Lenín Moreno, la derogatoria del decreto 16, lo que en efecto ocurrió en la tarde de ayer.

Previo a esto, en la mañana, el Jefe de Estado presidió la ceremonia de cambio de guardia a la cual asistieron, entre otros, el prefecto de Los Ríos, Marco Troya.

Al mediodía el Presidente acudió al convento de San Francisco, donde fue la sede del acto conmemorativo por los 72 años de creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). (I)

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Gobierno detecta 640 obras con “problemas”

Más de 640 obras con problemas identificó el Gobierno, entre contratadas y las que fueron ejecutadas desde 2011 hasta marzo de 2017. Así lo anunció el Jefe de Estado en el espacio habitual de los lunes ‘El Gobierno Informa’.

“Lamento comunicarles que hemos identificado más de 640 obras con problemas, que van desde fallas constructivas hasta inconsistencias legales”, manifestó el Mandatario.

Explicó que en varias obras se han registrado incrementos por más del 85% de su valor inicial. En tal virtud sostuvo que “se necesitan cerca de $ 1.000 millones adicionales para su finalización física y contractual” y que  es un problema que se debe resolver, para lo cual pidió el apoyo de todos.

De momento, explicó, ha pedido al equipo de Gobierno que realice todas las gestiones de manera urgente y que se envíe una ley que permita enfrentar estos inconvenientes. “Mejoraremos los sistemas de gestión y pido, una vez más, celeridad y apoyo a los organismos de control”.

A la ciudadanía instó a estar atenta a las obras y denunciar cualquier irregularidad que exista. “Las obras son suyas, hechas con su aporte y deben ser controladas también por ustedes. Nos hemos comprometido con la eficiencia, con la calidad, con la transparencia en la gestión pública. Vamos a resolver estos problemas”.

Respecto de la consulta popular expresó que  espera que la Corte Constitucional se pronuncie a la brevedad posible para informar debidamente a los ciudadanos sobre los contenidos y argumentaciones que sustenten cada una de las preguntas formuladas. (I)