Los últimos escándalos de corrupción registrados en el país: el caso Odebrecht y Petroecuador, llevaron a las autoridades a tomar otras medidas para poner fin a esta lacra.

Y es que entre los involucrados están un exvicepresidente de la República, un excontralor del Estado y al menos seis exministros que se vieron obligados a abandonar sus cargos.

Reformas de todo tipo para luchar contra la corrupción y remozar un marco jurídico, se implementaron en el país, una de las más importantes en marzo de 1997, cuando mediante Decreto fue creada la Comisión Anticorrupción.

Posteriormente, una reforma constitucional institucionalizó la Comisión de Control Cívico de la Corrupción. En la Carta Política de 1998 y en la nueva Constitución de 2008 también se implementaron normas y procedimientos para fortalecer la lucha contra este mal social.

El Gobierno actual decidió sumar otra acción legal en este tema, en el que incluye el pronunciamiento de la ciudadanía, al que consulta.

¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes?, reza la pregunta 1 de la consulta que se cumplirá el domingo 4 de febrero.

Y en su anexo detalla la manera de introducir 10 figuras legales para que los responsables de corrupción, que tengan sentencia en firme, no participen en la política, lo cual se ha llamado la ‘muerte política’.

Actualmente la Constitución señala que no podrán ser candidatos los servidores públicos que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por los siguientes delitos: cohecho, enriquecimiento ilícito y peculado.

La propuesta dice que no podrán ser candidatos, no podrán contratar con el Estado y perderán sus derechos de participación quienes hayan sido condenados por los delitos anotados.

Pero aumentan otros delitos: concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada sobre actos de corrupción.

Además establece que la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de los acusados.

En cuanto a la sanción el texto del anexo señala que “los jueces de forma obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de entre 10 y 25 años” y que “responderán con sus bienes hasta el monto de la reparación integral del Estado y la sociedad”.

“En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica, esta será sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de 500 a 1.000 salarios básicos unificados del trabajador en general”.

Reformas a cuatro normas legales
De aprobarse esta iniciativa, cuatro cuerpos legales tendrán cambios: La Constitución, el Código de la Democracia o Ley Electoral, la Ley Orgánica de Servicio Público y el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El penalista Stalin López opina que jurídicamente es necesario que la pregunta 1 sea aprobada porque otorga una gran herramienta legal para combatir con más fuerza a la corrupción.

El defensor público general, Ernesto Pazmiño, sostiene que con la pregunta uno de la consulta, lo que se trata es de enviar un mensaje a los “tramposos y corruptos”,  de que si roban se los va a sancionar con la muerte civil o política.

“Pero deberíamos ser más radicales”, puntualizó y propuso que a este tipo de personas “se les declare insolventes de por vida, esto significa que hay muerte civil completa para que cuando salgan de la cárcel no puedan utilizar el dinero mal habido”.

Para el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, a más de los corruptos se les debería extender la sanción a los funcionarios públicos sentenciados por violencia intrafamiliar o de género.

“Creo que debemos asignar la legislación que permita que alguien que haya sido sentenciado por violencia contra la mujer, intrafamiliar, o sexual, tenga inhabilidad para ejercer un cargo público”, dijo. Esta podría ser otra reforma, acotó.

Los temas están en otras leyes
El vicepresidente de la comisión de Justicia de la Asamblea, Franklin Samaniego, sostuvo que los temas que contiene la primera pregunta, ya se los están incluyendo en la Ley Contra la Corrupción que se tramita en el legislativo.

Por tanto, la pregunta es “inoficiosa”. “Por ejemplo, la muerte civil está tomada en cuenta en el informe que será aprobado y sobre el tema de la extinción de dominio el Fiscal ya presentó un proyecto de ley.

Criterio que no comparte el legislador, Henry Cucalón, quien también es integrante de la Comisión de Justicia.

Piensa que es oportuno que a través de la consulta popular, el ciudadano tome una decisión que quede plasmada en lo más alto del marco jurídico como es la Constitución.

Al margen de la pregunta de la consulta popular, el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, insistió en su propuesta presentada a la Asamblea, para que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio.

Según dice, esta ley permitirá al Estado terminar con las fortunas mal habidas y  los recursos generados en actividades ilícitas sean devueltos al Estado y al pueblo ecuatoriano.

Para el penalista Alfonso Zambrano Pasquel, enmendar la Constitución para sancionar a los corruptos, “es una medida extrema, pero se trata de sentar un precedente para que otras personas sepan lo que puede pasar en las aspiraciones de una vida política futura”.

“Es razonable que se determine qué personas condenadas por actos de corrupción comprobada queden inhabilitados de manera perpetua para el ejercicio de cargos en la función pública”, consideró.

En cuanto a la muerte política, explicó que “hasta hoy, se traduce en una inhabilitación para el ejercicio de un cargo en la función pública, por un  tiempo igual al de la condena. Esto se hace efectivo respetando el principio de la proporcionalidad. (I)

Cronología
En 1979, Ecuador volvió a la vida democrática y con ello los casos de corrupción, en los que funcionarios del gobierno son protagonistas.

3 /marzo 1983
En la administración del expresidente Osvaldo Hurtado se adoptó la decisión de sucretizar la deuda externa, lo que favoreció a empresarios y banqueros.

19 /marzo 1986
En el gobierno de León Febres-Cordero, el ministro de Defensa, Luis Piñeiros, es investigado por la compra de un avión Fokker.

Enero 1991
Durante la administración de Rodrigo Borja se abrió un proceso por peculado contra el ministro Alfredo Vera, por la compra de 342 toneladas de acero laminado.

11 /octubre 1995
Sixto Durán Ballén pierde a su vicepresidente Alberto Dahik, por una orden de prisión en su contra por el caso de Gastos Reservados. Renunció y abandonó el país.

28 /febrero 1997
La Fiscalía ordena la prisión contra el contralor subrogante, Jaime Espinosa, por el tema Fondos Reservados en el ‘Bucaramato’.

8 /marzo 1999
En el gobierno de Jamil Mahuad, se declaró un feriado bancario que duró cinco días y afectó a todos los ecuatorianos. Esta situación lo sacó del poder en enero de 2000.

2 /octubre
El vicepresidente de la República, Jorge Glas, fue involucrado en el caso Odebrecht y detenido por el delito de asociación ilícita, que se presume cometió en el gobierno del presidente Rafael Correa.