El político y exasambleísta por Pachakutik sufrió la persecución del expresidente Rafael Correa. Cléver Jiménez denunció, junto con Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, que en el 30-S el exmandatario no estuvo secuestrado. Por eso fue sentenciado a 18 meses de prisión y destituido de su cargo por la Asamblea Nacional.

El Prefecto de Zamora conversó con EL TELÉGRAFO sobre el paro de octubre, apoyado por sus exaliados los indígenas y sobre la persecución que sufrió durante la década correísta.

Usted escribió en un comunicado que se distanció de las manifestaciones de 11 días que hubo en Ecuador el año pasado. ¿Por qué?

Porque estaba completamente claro sobre las intenciones de todos los que paralizaron el país en esos 11 días. Atrás de ese paro estaba el grupo de los correístas que pretendían tomarse el poder. Los ecuatorianos deben recordar que la crisis económica es enorme y que es la herencia de los 10 años de Rafael Correa al frente del poder.

Usted fue muy crítico con los dirigentes indígenas y de organizaciones políticas que llamaron a ese paro. ¿Por qué?

Se rasgaron las vestiduras llamando al paro y generando el caos. Muchos intentaban, por intereses particulares e incluso electorales, salir a la luz pública e irse en contra de una medida. Una medida que era una de las mejores decisiones que pudo haber tomado el gobierno de Moreno para eliminar los subsidios a los combustibles. Esos subsidios no generan riqueza, veamos a lo largo de América Latina, por ejemplo, a Venezuela, que vive sumergido en la pobreza, a pesar de los subsidios a los combustibles.

Usted les recordó que cuando Correa los persiguió y destruyó el país, ellos estuvieron callados y escondidos. ¿Quiénes fueron ellos?

Así es, muchos de aquellos que salieron a las calles en octubre del año pasado para protestar contra el Decreto 833 estuvieron aterrorizados y jamás salieron a defender al país, cuando se estaban atracando los recursos públicos. Tampoco salieron cuando se entregó la mayor riqueza del Estado ecuatoriano en materia minera. Ellos estuvieron completamente callados y temerosos siempre que pasaba algo.

¿Pero quiénes son ellos?

Se han convertido en combatientes de la corrupción pero, en el momento preciso, cuando se cometieron los actos más graves, nunca aparecieron.

¿Usted dice que “el derroche, el despilfarro, la irresponsabilidad y el robo institucionalizado en la década correísta” dejaron como herencia esta crisis económica en la que vive actualmente el país?

Por supuesto, las malas acciones y las pésimas decisiones del gobierno correísta. Recordemos que el petróleo superaba los $ 100 por barril, un valor muy alto, que nos dio muchos recursos. También esa coyuntura económica era la gran oportunidad de salir de subdesarrollo. Sin embargo, el derroche, los malos manejos, los atracos a los fondos públicos en ese régimen hicieron que caigamos y nos encontremos en una de las más grandes crisis económicas. El Gobierno actual tomó una de las mejores alternativas que era eliminar los subsidios porque no han servido para nada. Sin embargo, la irresponsabilidad de muchos politiqueros y dirigentes no permitió que salgamos de la manera correcta de esa crisis.

Usted habla de intereses electorales detrás de la marcha, ¿a qué se refiere?

Estamos a un año y poco más de las elecciones nacionales, incluso eso motivó a que algunos asambleístas salgan a las calles. Esto tiene un trasfondo electoral, si no ¿cómo se puede entender tanta destrucción en la capital de los ecuatorianos?

¿Cómo se explica que en el paro se unieron indígenas y correístas que los persiguieron y los criminalizaron?

Muchos dirigentes indígenas tenían cálculos electorales, pensaron en convertirse en ponchos dorados particulares y terminaron dañando al Estado. No su imagen en sí mismo, sino la que tiene Ecuador en el ámbito internacional: el riesgo país subió y la producción bajó en esos 11 días de manifestaciones.

Usted fue uno de los primeros en denunciar la corrupción en el gobierno de Correa. Por ello fue perseguido, condenado y atado a un grillete. ¿Cree que su lucha sirvió de algo?

Todo sirvió para luchar contra la corrupción, así como las acciones en beneficio del pueblo ecuatoriano. Más allá de ver los resultados inmediatos, siempre es necesario combatir la corrupción, aunque nos quedemos solos. La corrupción es uno de los males más grandes que tienen las sociedades en el mundo. No solo los organismos de control deben luchar contra ella, no solamente depende de la Justicia y de las autoridades locales, sino de todos. Se requieren leyes más rígidas y educación desde las escuelas porque en las aulas se tienen que formar a personas con valores.

Por su denuncia sobre el 30-S fue sentenciado a 18 meses de prisión.

Fue una denuncia basada en una gran cantidad de documentos e informes realizados por las propias Fuerzas Armadas y la Policía. Nosotros hicimos la denuncia de manera responsable y documentada. El problema es que había muchos casos de corrupción en diferentes áreas del gobierno correísta. El expresidente Correa utilizó el caso 30-S para sacar de la Asamblea a un legislador que estaba cumpliendo con su trabajo y el mandato del pueblo ecuatoriano: combatir la corrupción y hacer leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano.

¿Cómo vivió esos
meses de persecución?

Estuvimos en varias partes del país, siempre protegidos por amigos que eran completamente solidarios con las causas. Pero lo más triste y más duro fue la persecución que sufrieron nuestros familiares y amigos, si estaban trabajando fueron destituidos o despedidos. Miraban cualquier cosa, o sea había una persecución total de todas las funciones del Estado.

Usted perdió su curul en 2014. ¿Ha pedido una indemnización por el caso 30-S?

No he reclamado absolutamente nada. Pido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es parte del Sistema Interamericano Derechos Humanos, que no se vuelvan a cometer esos atropellos en contra de nadie en el país. La lección más grande es que todo lo vivido en esa década no se repita en la historia de Ecuador. No esperamos ninguna indemnización, pero sí que se siente un precedente en este país y a nivel internacional para evitar que esos atropellos se vuelvan a cometer.

Usted criticó a la CIDH porque otorgó medidas cautelares a la prefecta Paola Pabón, al exasambleísta Virgilio Hernández, y al exvicepresidente Jorge Glas, integrantes de la Revolución Ciudadana.

No puede haber discriminación. En el caso nuestro solicitamos medidas cautelares a la CIDH, pero ese organismo dijo que no podían otorgarnos esas medidas mientras no existiera una sentencia ejecutoriada. En cambio, a los dos correístas que participaron en la intentona golpista de octubre, la Comisión Interamericana les otorgó las medidas cautelares cuando estaban en un proceso previo al juicio. La Comisión no puede tratar a los ciudadanos de Latinoamérica de manera diferente. Debe ser imparcial y siempre apegarse al derecho.

Para terminar, ¿qué ha hecho durante estos meses en la Prefectura de Zamora Chinchipe?

Incentivar al sector productivo porque no hay otra opción. Si queremos salir del subdesarrollo, necesitamos tener mejores ingresos y generar fuentes de trabajo. Hay que volver nuestra mirada al campo y mejorar la vialidad de nuestras provincias. (I)