Las noticias acerca de los actos de corrupción e impunidad han rebasado en importancia las consecuencias que va dejando por su paso el coronavirus en las distintas dimensiones: sanitaria, económica, política y social. Eso se evidencia en el protagonismo que tienen las malas noticias, tanto en los medios como en las redes sociales.

Hay una suma explosiva de desencanto más desafección por la política. La información evidencia que la crisis es un acumulado de varias frustraciones sociales con la política.

Según el Barómetro de las Américas 2018/2019, apenas el 38,7% expresa satisfacción con el funcionamiento de la democracia, el 49,6% tiene confianza en las elecciones y el 32,4% confía en los partidos políticos.

Los datos nos advierten que el sistema político está en la unidad de cuidados intensivos. Respira de manera mecánica y artificial.

En temas de corrupción, la situación es tan o más compleja aún. El 25,4% de la población dice que es tolerante con esta práctica, es decir, uno de cada cuatro ecuatorianos ha naturalizado el mal uso de los recursos del Estado por parte de funcionarios descalificados, así como también se han institucionalizado las negociaciones por fuera de la ley entre actores privados y públicos.  

De este mismo informe, el 26,6% respondió que ha sido víctima de la corrupción. Y eso, apenas de quienes se atreven a expresarlo, pues las leyes en Ecuador no incentivan a quienes denuncian.

No se puede perder de vista que un problema que abona esta situación es la desconfianza entre ecuatorianos, pues solo el 14,1% de las personas que fue entrevistada para el Latinobarómetro, al 2018, dijo que confía en las personas.    

Las dos actuales guerras

Esta realidad podría ahondar la crisis anímica de la población, sin embargo, también se podría transformar en un conjunto de motivaciones que conduzcan a un nuevo país.

A lo largo de los siglos, la historia nos ha demostrado que las personas se juntan para enfrentar un riesgo común, llámese fenómeno natural, crisis humanitaria, guerra civil y entre Estados, dictadura o pandemia.

Como dice el historiador israelí, Yuval Noah Harari, en su libro Homo Deus, las tres grandes aristas de la historia han sido: el hambre, la guerra y la peste.

En este contexto, Ecuador atraviesa, metafóricamente, dos de ellas: la peste o covid-19 y la guerra contra la corrupción y la impunidad, esta última es más grave porque la falta de sanción provoca que la gente se deja de interesar en el uso que se hace con sus recursos, adónde van y a quiénes benefician.

No hay un registro histórico que nos advierta del éxito de un pacto social sin el cumplimiento de algunas condiciones y orientaciones.

Entre las primeras, se encuentra: anteponer el bienestar común frente a intereses personales y grupales, grandes dosis de generosidad y renunciamiento, y voluntad política.

En cuanto a las orientaciones están la manera de lograr los acuerdos y llevarlos a cabo, es decir, la búsqueda metódica de objetivos y propósitos comunes, y la forma de ejecutarlos, sin embargo, una de las cosas más importantes es el compromiso de sostenerlos.

Si esto no se hubiese hecho en Chile y España, los dos países seguirían en dictaduras, por lo cual, la Concertación y el Pacto de la Moncloa serían unas anécdotas.

El denominador común de estos procesos es la actuación de los protagonistas en el marco de los valores de la democracia. Los pactos sociales son instrumentos de intermediación entre el poder ciudadano y el poder político.

Por la vida y por Ecuador

El pasado 18 de mayo, 40 organizaciones de la sociedad civil, cobijadas por la Mesa de Convergencia y Esquel, presentaron a la opinión pública, la propuesta nacional de sentarse a la mesa para trabajar en el Pacto Social por la vida y por Ecuador.

Esto con la finalidad de proponer acciones para resolver la crisis de la coyuntura, sin perder de vista los problemas estructurales y la configuración de un nuevo país que refuerce los atributos de resiliencia y pujanza de la población, pero también enfrentar los vicios que nos han acompañado desde la república: regionalismo, racismo, centralismo, sectarismo, la mala calidad de la democracia y la desigualdad.

Los proponentes del Pacto invitaron a la ciudadanía para que hagan sus propuestas en ocho ámbitos: economía, lucha contra la corrupción y la impunidad, descentralización, educación, ambiente, violencias, economía agrícola campesina, salud y seguridad social.

Las mesas están conformadas por personas que provienen de la academia, sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil, gremios y sectores económicos desde una convocatoria intergeneracional, intrarregional, intercultural y de género.

Las mesas entregarán sus resultados a fines de junio después de haber validado sus propuestas en las tres regiones del país.
De manera posterior, la propuesta será entregada a la sociedad, funciones del Estado y organizaciones políticas. (O)